Organizaciones campesinas y técnicos del sector rechazaron la medida anunciada por el Gobierno nacional con el fin de reducir la inflación. Consideraron, en cambio, que la solución a ese problema consiste en aumentar la producción local y ayudar a los pequeños y medianos productores a acceder a la tierra propia. También fijaron posición sobre un tema tabú.
Danilo Lima
La decisión del Gobierno nacional de importar alimentos con el objetivo de bajar los precios no fue bien recibida por las organizaciones que agrupan a los agricultores familiares, quienes, por el contrario, consideran que la medida los afectará.
Proponen, en cambio, la instrumentación de políticas que alienten el aumento de la producción local, y, también, ayudar a los pequeños y medianos productores a acceder a la tierra.
La Federación Nacional Campesina (FNC) dio a conocer un documento en donde señala que “lo que consume el pueblo queremos producirlo quienes vivimos y trabajamos en Argentina”, y, asimismo, enumera una serie de medidas para combatir la inflación.
La FNC reclama, en el corto plazo, ayuda económica, subsidios y créditos blandos para mantener y aumentar la producción –especialmente dañada por la reciente sequía–, compra directa y redes de comercialización instrumentadas por el Estado que elimine la cadena de intermediarios. A mediano plazo, distribución de tierras y la reglamentación de la Ley 27.118, de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar.
Miradas
Roberto Solano, coordinador de la FNC en la provincia de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Medieros y Afines (Asoma), en diálogo con EL DIARIO, dijo que “estamos en total desacuerdo” con la apertura de la importación de alimentos sin aranceles, al tiempo que consideró “equivocadas” las políticas que está implementando el Gobierno. “No estamos de acuerdo con la medida porque a nosotros, como pequeños productores, nos va a afectar”, remarcó, y consideró que el acceso a la tierra por parte de los pequeños productores permitirá alcanzar una producción de mejor calidad y abaratar los costos. “Que en un país a la deriva, sin rumbo económico, salgan con estas medidas es preocupante”, enfatizó Solano.
Pablo Benetti, técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Safci) en La Paz, en la misma línea, sostuvo que para bajar el precio de los alimentos “hay cuestiones centrales: aumentar la producción local –para lo cual es fundamental el acceso a la tierra porque el costo de los arrendamientos es altísimo–, el control de precios –no puede ser que el mismo producto tenga valores distintos– y poder garantizar canales de comercialización directa”.
Se trata, abundó Benetti, de medidas “totalmente factibles”, pero “el tema es cómo se acompañan esos procesos desde el Estado”.
Las devaluaciones
Por otro lado, el aumento de las cotizaciones del dólar, o, para decirlo mejor, las constantes devaluaciones del peso, inevitables en procesos de altísima inflación como los que atraviesa el país, también impactan en la agricultura familiar.
“Es un problema que nos afecta mucho, muchísimo, porque todos los insumos que se usan para la agricultura familiar están dolarizados, pero cuando nosotros sacamos la producción de los invernáculos, de los campos, la terminamos vendiendo en pesos”, explicó Solano.
La ley que espera
En 2014, durante el segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.118, de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, y, a pesar de que han pasado 9 años y tres Presidentes, aún no fue reglamentada.
Solano, en este sentido, se lamentó de que haya pasado tanto tiempo y todo siga igual. “Pasó Cristina, pasó Mauricio Macri y está pasando Alberto Fernández –con un gobierno que se dice nacional y popular– y la norma, que realmente es necesaria y muy beneficiosa para los pequeños productores, no ha sido reglamentada, y nosotros creemos que eso no se ha dado porque se tocan intereses muy complejos, como el acceso a la tierra”, remarcó.
Una situación crítica
Benetti, en otro orden, comentó que la última sequía, fue devastadora para los agricultores familiares y complicó muchos más el panorama.
En el departamento La Paz, puntualmente, “la situación es crítica, por no decir otra palabra más fuerte. La seca ha golpeado tremendamente: la producción hortícola se perdió toda y recién ahora se está reflotando un poco, se han muerto animales y los productores se han visto obligados a vender las ovejas y también la hacienda bovina flaca por la falta de alimentos. Todo es catastrófico”, enfatizó.
Las avenas, los verdeos, que se sembraron “se están secando en parte, no han crecido lo necesario y no hay volumen de forraje”, mientras las perspectivas de siembra de trigo de los pequeños productores “son nulas”.
En el caso de los tamberos, agregó Benetti, “la posibilidad de sembrar pasturas es muy poca y ahí es donde se les complica porque la base de la alimentación de las vacas lecheras es el forraje, dado que el costo del alimento balanceado es altísimo debido a que los precios del maíz y la soja han subido”.
La consecuencia: sin pasturas ni balanceados los productores no tienen más remedio que vender su hacienda. “Hay casos en donde han vendido todas sus vacas”, comentó Benetti, que, por eso, habla de una situación crítica.
De eso no se habla
La producción agropecuaria en Entre Ríos y gran parte del país, en sus más diversas actividades, se desarrolla en campos alquilados. Las estimaciones indican que un 70% de los productores, más o menos, no es dueño de la tierra que trabaja.
El uso y tenencia de la tierra, ante este escenario, es un debate que debe darse, pero son muy pocos los que hablan de este tema, ciertamente, muy espinoso, muy polémico.
El valor de los arrendamientos es altísimo y los productores sin tierra tienen en el alquiler un componente muy fuerte en su estructura de costos. En el caso de los agricultores familiares, obviamente, se trata de una cuestión crucial.
Pablo Benetti, técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Safci), considera que “deben generarse condiciones para poder avanzar en un proceso de reforma agraria, o en un proceso de entrega de tierras, de compra de tierras estatales y entrega de esas tierras a quienes quieran trabajarla”, y, en este sentido, propone ofrecer a los productores un crédito del tipo Procrear, un “Procrear Chacra”, con tasa subsidiada para poder comprar la tierra.
“Creo que es importante generar políticas que vayan directamente hacia la agricultura familiar y que faciliten el acceso a la tierra propia. Eso ayudaría mucho para aumentar la producción, que es una de las patas por las cuales se podría bajar los precios de los alimentos”, argumentó.
Benetti, asimismo, entiende posible avanzar en una reforma agraria o en un proceso de acceso a la tierra porque hay disponibilidad de terrenos fiscales. “Nosotros venimos peleando hace ya un tiempo la posibilidad de acceder a tres hectáreas en la zona de La Colonia 3 y 14, 20 hectáreas en la zona de Yeso, 115 hectáreas en la zona de Santa Elena, que son tierras fiscales que hoy están sin usar, ociosas”, señaló.
Hay escuelas abandonadas en la provincia que han cerrado por la deserción, por el desarraigo, por el éxodo de familias que se han ido a las ciudades, que “se podrían usar tranquilamente para poder generar polos de producción local. Hasta ahora no lo hemos podido lograr, pero creemos que hay que generar condiciones para que eso avance”, agregó.
Benetti también propone recrear el Consejo Agrario Nacional, que distribuyó tierras en todo el país, “para crear nuevas colonias, eso es factible”.
Desalambrar
Roberto Solano, dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC) en la provincia de Buenos Aires, consultado por EL DIARIO, fue más radical y directamente propuso “desalambrar”.
“Nosotros, como Federación, lo que planteamos es que haya una regularización de los alquileres, una regularización del acceso a la tierra, porque hoy con los altos costos, con todo dolarizado, se hace imposible comprar una hectárea de tierra”, explicó.
El Estado, añadió el dirigente, “tiene muchas tierras (municipales, provinciales y nacionales) que están sin usar, y, en muchos casos, usurpadas por los grandes terratenientes para plantar soja. Entonces lo que planteamos es que también se ponga en mano de las organizaciones, de los pequeños productores, esas tierras que están ociosas”.
Solano, en este sentido, fue más lejos: “Creo que no alcanza solamente con las tierras ociosas que tiene el Estado. Tenemos que ir, como se decía antes, a desalambrar” porque “no puede ser que en la Argentina haya pequeños productores sufriendo cuando hay una gran concentración de la tierra en pocas manos”.
El reino del revés
La decisión de importar alimentos adoptada por la administración del presidente Alberto Fernández no sólo cayó mal entre los agricultores familiares sino también en las entidades que integran la Mesa de Enlace.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), por ejemplo, consideró que “la importación de alimentos libres de aranceles como nueva ‘medida’ contra la inflación no deja de sorprender, dado que el problema inflacionario no se remite a un producto o rama productiva en particular, como los alimentos, sino que es un problema de raíz macroeconómica, responsabilidad únicamente de la política económica”.
“En un país que puede alimentar a muchos otros, y que lo hace en mucha menor medida por las equivocadas políticas agropecuarias, todas anti-exportadoras, aplicadas por este gobierno, plantear importar alimentos es, de alguna manera, vivir en el reino del revés”.
