La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó el informe “Una nueva agenda para la salud mental en la Región de las Américas” con 10 recomendaciones “prioritarias” para la recuperación pospandémica de los países de este territorio, el único donde las tasas de suicidio aumentaron.
“Los datos de la primera etapa de la emergencia sanitaria generaron un aumento de las afecciones de salud mental prevalentes en la región. Entre ellas, la depresión y la ansiedad. La pandemia también provocó interrupciones sin precedentes en los servicios de salud, incluyendo los servicios de salud mental cuando más se necesitó de ellos”, introdujo el director de la OPS, Jarbas Barbosa da Silva durante la presentación del informe.
El documento elaborado por la Comisión de Alto Nivel en Salud Mental y Covid-19 de la OPS se presentó esta mañana de forma virtual a través de paneles que abordaron “las prioridades claves para la salud mental” y las 10 recomendaciones planteadas por la organización a nivel nacional que apuntan al trabajo comunitario y a adoptar un “enfoque transformador” frente a cuestiones de género y racismo, entre otros puntos.
Si bien la pandemia por Covid-19 tuvo un alto impacto en la salud mental de las personas, el director de la OPS destacó que “esta crisis de salud mental empezó antes”.
“Mientras a escala mundial la tasa de suicidio ha descendido en las últimas dos décadas, en las Américas en ese mismo período ha aumentado 17%”, graficó en base al informe que ubicó a la Argentina en el noveno lugar del continente según la tasa de suicidios, que es de 8,1 cada 100 mil habitantes.
Ante una consulta de Télam, el director de la OPS explicó que este fenómeno en la región presenta “múltiples dimensiones” vinculadas, por ejemplo, con “un procedimiento de envejecimiento que tiende a tener un incremento en tasas de suicidio en las personas mayores”.
También nombró, entre las variables, a las “inequidades tremendas que hay en la región” que afectan especialmente a las y los jóvenes, y dentro este sector etario a quienes pertenecen a poblaciones indígenas en relación a “la falta de perspectiva de vida”, mientras el “uso y abuso de drogas también empeora el tema”.
En esta línea, el informe manifiesta que el alcohol es responsable de 5,5% de todas las muertes en las Américas, al tiempo que el 8,2% de la población general mayor de 15 años padece un trastorno por consumo de alcohol.
Las 10 recomendaciones que elaboró la OPS para dar respuesta a estas problemáticas son elevar la salud mental a nivel nacional y supranacional, integrarla en todas las políticas, aumentar la cantidad y mejorar la calidad de financiamiento para este sector y garantizar los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental.
Además, promover y proteger esta salud a lo largo de la vida, mejorar y ampliar los servicios y la atención a nivel comunitario, fortalecer la prevención del suicidio, adoptar un “enfoque transformador” frente a las cuestiones de género, abordar el racismo y la discriminación racial como “importantes determinantes” y mejorar los datos y las investigaciones sobre salud mental.
Para Epsy Campbell Barr, presidenta de la Comisión de Alto Nivel de la OPS sobre Salud Mental y Covid-19 y exvicepresidenta de Costa Rica, las recomendaciones 8 y 9, referidas al género y el racismo, son “especialmente pertinentes en nuestro entorno sociopolítico”.
“Abogamos por adoptar un enfoque de salud que transforme la perspectiva de género, reconociendo la desigualdad de género, la violencia de género y las masculinidades hegemónicas como amenazas significativas a la salud mental”, afirmó Campbell Barr durante su intervención.
A su vez, subrayó la necesidad de “trabajar con pueblos afrodescendientes, indígenas y otros grupos étnicos para comprender que combatir el racismo sistémico y fomentar entornos antirracistas es fomentar el bienestar”.
Las y los exponentes de la presentación destacaron la importancia de dar respuesta a los problemas de salud mental de forma comunitaria, con un enfoque holístico que garantice la inclusión y donde se vean involucrados diferentes actores, tales como profesionales de la salud, pero también educadores, servicios sociales, el sector privado, la sociedad civil, los medios de comunicación y los Estados.
En este sentido, el informe menciona “el enfoque multisectorial de Argentina de la atención de salud mental a nivel comunitario”.
En un apartado, el documento resalta la ley de Salud Mental argentina, promulgada en 2010, la cual “asegura el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y ordena una transición a nivel nacional para pasar de los servicios de instituciones psiquiátricas de larga estancia a la atención de salud mental a nivel comunitario”.
Al respecto, el jefe de la Unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias de la OPS, Renato Olivera, resaltó durante el encuentro la importancia de “avanzar en procesos de desinstitucionalización” en la región.
Además, el informe destaca “el enfoque abiertamente intergubernamental en virtud del cual diferentes ministerios se asocian con el Ministerio de Salud para hacer realidad plenamente la visión de la ley”, proceso que comenzó a desarrollarse en el país a partir de abril de 2022, cuando se puso en marcha la estrategia federal de abordaje integral de la salud mental.
El documento también advirtió que “solo un promedio del 2% del presupuesto destinado a la salud se asigna a la salud mental” y recomendó “subirlo a un 5%”.
“Se ha demostrado que invertir en salud mental produce grandes beneficios económicos. Por ejemplo, por cada dólar invertido en ampliar un tratamiento de depresión y ansiedad se obtienen cuatro dólares en salud y capacidad de trabajo”, señaló Campbell Barr.
A modo de conclusión, resaltó que la salud mental no es “la batalla de una sola persona, ni de una familia ni de un país” sino de “un reto mundial que requiere de nuestros esfuerzos colectivos”.
