En un encuentro federal, organizado por la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, expusieron Gabriel Leconte y Alejandra Ramírez ante autoridades de los Consejos y Secretarías de Niñez y Adolescencia de las 24 jurisdicciones del país.
El encuentro virtual donde disertaron el presidente y la vicepresidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente, y la Familia (Copnaf), Gabriel Leconte y Alejandra Ramírez respectivamente, contó con la presencia de la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Grahan; el defensor adjunto, Juan Facundo Hernández, y la directora de Fortalecimiento del Sistema de Promoción y Protección, Alicia Guerrero Zarza.
“Nos pareció interesante compartir esta experiencia que tiene la Provincia de Entre Ríos, con la interacción del Copnaf, el Ministerio Público de la Defensa y el Poder Judicial. Tardaron dos años en lograr una mesa donde se fueron poniendo de acuerdo, se fue viendo cada uno de los obstáculos, se fueron definiendo las incumbencias, y esto generó un protocolo de actuación que a nosotros nos parece absolutamente relevante y que puede allanar el camino, porque nuestra función es garantizar los derechos de chicas y chicos y sobre todo aquellos que están separados de su familia”, resaltó Grahan.
Por su parte el presidente del Copnaf destacó “la participación que logramos, en un plano de igualdad y respeto, tanto con la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia (STJ), como con la Defensoría General de la Provincia, encabezada por Maximiliano Benítez. Esta guía se formuló sobre las dificultades detectadas en la práctica y en relación a problemas o aspectos no resueltos uniformemente sobre el Código Civil, la Ley de Protección Integral, tanto nacional como provincial, la Ley de Salud Mental, y la Ley Procesal de Familias que tenemos en la provincia”.
“Se intentó llegar a acuerdos para brindar estándares de trabajo y una definición uniforme, siempre priorizando el interés superior del niño. Antes nos encontrábamos con renovaciones indefinidas de Medidas de Protección Excepcional (MPE) de chicas y chicos que vivían en residencias y no se llegaba en tiempo y forma a una solución alternativa o una declaración de adoptabilidad, pero con esta guía estamos logrando un avance en ese sentido”, reflexionó Leconte.
En tanto la vicepresidenta del Copnaf remarcó la importancia de llegar a un acuerdo con la Sala Civil del STJ, ya que “tiene otro tipo de validez, otro tipo de legitimidad y sobre todo que puedan ser impulsados por quien es el superior jerárquico de todos los jueces de la provincia”.
Acuerdos
“Los primeros puntos de acuerdo fueron donde veíamos mayores tensiones, mayores dificultades. En primer lugar, las Medidas de Protección Excepcional y resolver la situación jurídica cuando no se puede llegar a buen puerto en el reintegro de las niñas, niños y adolescentes con sus familias de origen. Pensar qué alternativas podíamos diseñar, planificar, desarrollar, teniendo en cuenta que gran parte de los niños que ingresan a partir de los ocho años, y especialmente los adolescentes, permanecen institucionalizados hasta que cumplen la mayoría de edad. Además, lo referente a salud mental, que es una problemática muy compleja. Y quedó pendiente avanzar sobre el tema de violencias”, expresó Ramírez.
“Muchas veces, quienes estamos en el día a día, perdemos un poco algunas prioridades y no dimensionamos lo importante que pueden ser estas herramientas. La verdad que el dictamen que se hizo de la Defensoría y el acompañamiento de la Senaf, para nosotros fue un espaldarazo muy fuerte para seguir trabajando en un plano de horizontalidad, interinstitucionalidad e intersectorialidad, y que se pueda suscribir este convenio”, destacó la vicepresidenta del Copnaf.
Guía Judicial
El propósito de esta guía, vale señalar, es aportar lineamientos técnicos y jurídicos para orientar y homogeneizar los criterios de interpretación de las dificultades detectadas en la práctica en relación a la aplicación del CCyC; las leyes de protección integral de la niñez y adolescencia (Ley Nacional Nº 26.061 y Ley Provincial Nº 9.861); la Ley de Salud Mental Nº 26.657; las leyes contra la violencia familiar y la mujer (Ley Nacional Nº 26.485 y leyes provinciales Nos. 9.198 y 10.058); y la Ley Provincial Nº 10.668, de Procesos de Familia.
El documento tiene por finalidad mejorar a partir del común y mutuo entendimiento las relaciones interinstitucionales y garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y con ello los derechos y garantías convencionales involucrados en el ámbito común de incumbencia.
Las situaciones allí regladas implican una necesaria articulación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Defensa y el Copnaf sobre los elementos de corresponsabilidad, cooperación, confianza y solidaridad. Asimismo, en todos los procesos judiciales comprendidos, rigen reforzados, los principios procesales de oficiosidad, celeridad, oralidad con inmediación y flexibilidad de las formas.
