El Poder Ejecutivo provincial oficializó este miércoles a través de la publicación en el Boletín Oficial la puesta en vigencia de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy aprobada y jurada el martes en medio de una violenta represión a manifestantes.
La Carta Magna parcialmente reformada y publicada en las primeras horas de esta tarde entra en vigencia luego de ser sancionada por los convencionales constituyentes del Frente Cambia Jujuy y sus pares del Frente Justicialista, cuando minutos después se desató una violenta represión policial.
El documento incorpora en su artículo 67 el “Derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”, uno de los apartados más rechazados por diversos sectores de la sociedad jujeña.
Este capítulo en uno de sus apartados ratifica “la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia”, en relación a las protestas, según indica el documento normativo.
Asimismo, expresa en su inicio que “todas las personas tienen derecho a vivir en una sociedad basada en la paz social, la tolerancia mutua y la convivencia democrática pacífica, libre de violencia e intimidación”.
Más adelante indica que la ley “establecerá los mecanismos para proteger el derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica”, la cual deberá “contemplar como mínimo los siguientes aspectos”.
“El ejercicio regular de los derechos no podrá hacerse de manera violenta, o que impida u obstaculice el de otros derechos”; “La prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia”.
“La ley deberá ser clara, precisa, proporcional y respetar estándares internacionales de derechos humanos, evitando toda forma de criminalización o estigmatización de quienes ejerzan el derecho a la manifestación, la que se considera vital para la construcción de una sociedad más democrática, justa y equitativa”, agrega.
En relación al artículo 36 sobre la Propiedad Privada en Jujuy, una de las más cuestionadas por las comunidades indígenas, la normativa quedó redactada de la siguiente manera: “Esta Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada. Toda persona puede usar, gozar y disponer de sus bienes”.
“El ejercicio de este derecho debe ser regular – continúa- y no podrá ser efectuado en oposición a la función social o en detrimento de la salud, seguridad, libertad o dignidad humanas. Con esos fines la ley lo limitará con medidas adecuadas conforme a las atribuciones que le competen al Gobierno Provincial”, agrega.
También indica que la propiedad, “es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia firme fundada en ley”.
“La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. En caso de juicio, las costas se impondrán siempre al expropiante”, sostiene para luego culminar con el mandato de que “queda abolida la confiscación de bienes”.
La reforma parcial de la Constitución de Jujuy que avanzó en solo dos sesiones ordinarias de discusión, provocó el rechazo unánime de jujeños y jujeñas que se sumaron a multitudinarias manifestaciones durante las últimas dos semanas de la que participaron múltiples sectores.
Sobre texto en su artículo 50 vuelve a la redacción de la Constitución aprobada en el año 1986 denominado “Protección a los aborígenes”, el cual precisa que la provincia, “deberá proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social”.
“Los pueblos originarios solicitamos la derogación de toda la reforma, como cualquier ciudadano de Jujuy porque nos atraviesa en todos sus puntos”, expresaron a Télam los comuneros apostados en el corte de ruta en Purmamarca.
Los colectivos nativos reiteraron su desacuerdo con lo tratado en la Carta Magna los tópicos “vinculados al medio ambiente, los recursos naturales, la propiedad privada, el tema electoral”, entre otros.
Más adelante, específicamente sobre el artículo 50, calificaron de “indignante, volver a una redacción vieja”, por lo que ello “evidencia la voluntad que tiene el gobierno de Gerardo Morales para las comunidades y todos los jujeños”.
“Arriba los derechos y los salarios, abajo la reforma”, es la premisa que se remarca en los reclamos que se mantienen en la provincia de Jujuy.
