La mujer volvió a ser detenida vendiendo drogas. Fue en un allanamiento que se realizó en la casa en la que cumplía una condena de cuatro años bajo el beneficio de la modalidad de prisión domiciliaria con tobillera que le fue concedida atendiendo al interés superior del niño, puesto que tiene tres hijos, uno menor de edad. Se secuestraron 25 bolsitas de cocaína. La enviaron al penal de Concordia.
Redacción EL DIARIO
El juez del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, Jorge Sebastián Gallino, resolvió “revocar la modalidad de detención domiciliaria bajo la que se dispuso el cumplimiento de la pena impuesta a JMG, por haberse modificado las circunstancias que dieron lugar a la medida”.
La mujer fue alojada en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar de Concordia, a disposición del Juzgado de Garantías de Concordia.
El 4 de julio de 2023, el fiscal José Núñez, informó del allanamiento que se realizó el 29 de junio de 2023 en el inmueble de JMG, donde se secuestró 25 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, por un peso de total de 9,5 gramos.
Esta nueva causa se inició el 30 de junio de 2023 por un llamado telefónico de la comisaria séptima de Concordia, que informó que JMG se encontraba detenida por una orden de la Justicia Provincial.
El fiscal precisó que del nuevo legajo de investigación surge que “JMG se encuentra imputada por el delito de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y que el Juez de Garantías, Francisco Ledesma dictó su prisión preventiva por el término de 26 días, que vencen el 28 de julio de 2023 a las 8”.
A partir del nuevo hecho, “se le dio intervención al Ministerio Especializado de Menores a fin de que verifiquen con quien se encuentran y el estado de los hijos de JMG”, puesto que al, momento de la detención, cumplía una condena en la modalidad de prisión domiciliaria que se le otorgó para que cuidara de aquellos.
Presencia
En su resolución, Gallino expresó que “… cuando fue allanado el domicilio que JMG ocupaba con su hijo se encontraron estupefacientes, primera circunstancia que me lleva a la conclusión que JMG no tomaba los resguardos necesarios para preservar a su hijo y cuidar su salud”.
Así, entendió que “los comportamientos asumidos por JMG han puesto a su hijo en peligro y no hay elementos que permitan la presencia en el domicilio de la nombrada pueda mejorar la situación del menor…”.
Según el cómputo de pena, la impuesta a JMG el 22 de septiembre de 2020 cuando fue condenada como autora del delito de Comercio de Estupefacientes a cuatro años y cuatro meses de prisión, multa y accesorias legales -pena que se encontraba cumpliendo cuando volvió a ser detenida vendiendo drogas-, vence el 7 de octubre de 2023.
Situación
Gallino evaluó que el 30 de junio de 2020 la Cámara Federal de Paraná le concedió a JMG la prisión domiciliaria con control de pulsera o tobillera electrónica. Fue acompañada de “un minucioso seguimiento y control del arresto domiciliario”, a cargo de personal del Copnaf.
Aquella decisión se fundamentó en que “JMG era madre de tres hijos, en ese momento dos menores de edad, dos varones de 7 años y 17 años, y una chica de 20 años que “padece una discapacidad en sus rodillas”.
A partir de la detención en el lugar donde cumplía la prisión domiciliaria, Fiscalía pidió la revocación de aquella modalidad que le fue concedida a la condenada, por razones humanitarias.
Agregó que se advirtió que la mujer utilizó el arresto domiciliario “para continuar comercializando estupefacientes en su domicilio, conducta casi idéntica a aquélla por la que ya fue condenada”.
Resaltó que “lejos está de poder resguardarse el mejor interés de sus hijos, en un inmueble en el que se los hace convivir con la comercialización de cocaína, por lo que considera que no están dadas las condiciones para que JMG finalice el cumplimiento de la pena en su domicilio”.
Posiciones
Ricardo Bonato, representante del Ministerio Especializado de Menores, y María Laura Raíces, defensora pública coadyuvante, realizaron una descripción del estado de situación de los hijos de JMG, que comprende a una chica con discapacidad motriz, a un joven con problemas de adicción y a un menor en edad escolar.
También, a un padre que se encuentra detenido en la Unidad Penal N°3 y una familia que no está en condiciones socio económicas para ayudar a los menores.
Raíces pidió que “especialmente” se contemple “la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los hijos de JMG, quienes no cuentan con referentes ni familiares que puedan responder a sus necesidades diarias, que no mantener el beneficio de la prisión domiciliaria, implicaría su condena a la indigencia que trascendería a su persona afectando también a su bebe en contraposición con lo dispuesto por el artículo 5.3 de la CADH: ‘…La pena no puede trascender de la persona del delincuente’”.
