La gravísima situación institucional en Jujuy, si es analizada bajo los principios que determinan la convivencia democrática y no por la mera e inútil especulación electoral, debe ser aleccionadora respecto de la decisión de apoyar a proyectos político-económicos que hacen de la represión la vía para imponer modelos que generan exclusión y empujan a la marginalidad a millones de argentinos y argentinas.
Es necesario aclarar que la violencia no es solo la que ejercen las fuerzas de seguridad que actúan por órdenes de funcionarios políticos ante manifestaciones que demuestran el malestar con decisiones que no comparten, sino también la que obliga a vivir con salarios por debajo del nivel que determina la canasta básica, que traza la línea que separa a los pobres de los indigentes, y a ambos del acotado grupo que no tiene de qué preocuparse cuando llega fin de mes.
Los argentinos y argentinas deben –es necesario hacerlo- recordar las trágicas y nefastas consecuencias del programa socio-económico que la dictadura cívico-militar que usurpó el gobierno en el período 1976-1983, impuso a sangre y fuego. Aquel programa no hubiese sido posible sin el terrorismo de Estado. Fue indispensable aterrorizar a la clase trabajadora y hacer desaparecer a sus cuadros más importantes y formados en la defensa de condiciones de vida dignas para los trabajadores y trabajadoras. El programa de Cambiemos es un remedo perfeccionado respecto de las consecuencias para las mayorías populares que solo tienen como bienes, su fuerza de trabajo y su dignidad.
Las imágenes y noticias que llegan de Jujuy rememoran aquellas trágicas épocas para la mayoría de los argentinos y argentinas, pero doradas para el minúsculo grupo que usufructuó, y aún lo sigue haciendo, de las enormes ganancias obtenidas a costa de los “negociados” que se realizaron –con aquiescencia judicial- con los bienes sociales acumulados por el trabajo de generaciones de argentinos y argentinas. La situación de Jujuy también es aleccionadora respecto de los “cantos de sirena” del establishment.
También deben recordar los y las compatriotas, que el neoliberalismo se camufló en el menemismo –sector que ganó las internas partidarias del Justicialismo en la segunda mitad de los ’80- para darle el cierre perfecto a aquel disciplinamiento de la sociedad. En un acto de honestidad brutal –o de cinismo descarado- el propio Carlos Menem reconoció que si llevaba adelante el programa que le prometió a la base social que lo votó, no hubiese ganado las elecciones.
Algo de razón tuvo, porque Eduardo Angeloz, el candidato de la UCR que en la campaña presidencial de 1989 también arengaba con el slogan “se puede”, lo hizo con la metáfora del Lápiz Rojo con el que iba a “ajustar” la economía, que es un eufemismo que escamotea que “la economía” no son sólo números y metas a alcanzar, sino que quienes le dan sentido son hombres, mujeres, niños y ancianos. En fin, seres humanos.
Nichos
Ya ubicados en el terreno de la especulación electoral, la violenta represión tiene una irracionalidad que va más allá de la decisión de mostrar un liderazgo fuerte, de mano dura que no titubea, que seduciría a un sector de la sociedad cuando se trata de tomar decisiones antipopulares. El gobernador Gerardo Morales cruzó un límite. Como se aclaró que se está en el ámbito de la especulación electoral no es necesario añadir que no se trata de minimizar la violenta represión y las decenas de detenidos por participar de marchas y manifestaciones, sino de que violentó un ámbito en el que la UCR tiene una importante presencia y del que no solo surgen sus cuadros políticos, sino que también comprende nichos personales que pagan muy buenos salarios.
Al violentar la autonomía universitaria –uno de los orgullos de la rica historia del Radicalismo- se puede pensar que Morales atentó contra un ámbito que nutre a su base social, a su electorado, habida cuenta de su pertenencia a la UCR. La complejidad de los tiempos que corren, ponen en duda aquella sospecha. Nada hace pensar que el gobernador jujeño, que violentó todos los procedimientos constitucionales con la ¿complicidad? de su propio partido, del de la ¿oposición? y de las autoridades nacionales, se haya excedido.
Del mismo modo también se puede pensar la conducta del Partido Justicialista jujeño, que convalidó cada una de aquellas violencias, y la última y más controvertida, la reforma de la Constitución jujeña, diseñada con el objetivo de desplazar de la jurisdicción nacional la gestión del mineral de moda: el litio.
A 40 años de la recuperación de la Democracia, algunas situaciones vuelven solapadas, enmascaradas, y amenazan la trabajosa y sostenida construcción de la prestigiosa institucionalidad nacional. Para que no regresen los espectros del pasado reciente, cada partido mayoritario deberá repensar su relación con su base social. Y ésta, a qué sector interno le dará su voto para que dispute en las elecciones nacionales la conducción de los destinos de la Patria. Ahí empieza a construirse un país sin excluidos.
