Organizaciones ciudadanas de Perú llegaron a Lima este miércoles para participar de una nueva jornada de protesta en reclamo de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y de los integrantes del Congreso, así como el llamado a nuevas elecciones. Además, exigen condenas a los responsables de las muertes durante las manifestaciones que siguieron a la destitución del expresidente Pedro Castillo.
Medios locales informaron que, a primera hora de este miércoles, la circulación de peatones y el transporte público se desarrollaba con normalidad, si bien había un ambiente de tensión no solo en la capital, sino también en varias ciudades del país.
Por la tarde se reportaron disturbios en Huancavelica, la capital del departamento homónimo que limita al sudeste con el departamento Lima, donde manifestantes incendiaron la puerta de la sede de la Prefectura local y se enfrentaron con policías que usaron gases lacrimógenos para dispersarlos, según el diario La República y la radio RPP.
“Expresamos nuestro rechazo a acciones violentas como las ocurridas en Huancavelica, donde se registraron quema de objetos fuera de la Prefectura Regional; hacemos un llamado a la calma a la ciudadanía, la violencia solo deslegitima el derecho a la protesta”, reaccionó la Defensoría del Pueblo en Twitter.
Las autoridades indicaron que movilizarán al menos 24.000 policías para monitorear las marchas.
Siete rutas en Perú estaban bloqueadas por las protestas, informó la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).
En un mensaje difundido desde el Palacio de Gobierno, Boluarte instó a la población a manifestarse pacíficamente, “sin generar violencia, caos, crisis, ni querer liderar el anarquismo en el país”.
Las manifestaciones de este miércoles también son para exigir condenas para los responsables de las muertes durante las protestas de diciembre a febrero, que siguieron a la destitución de Castillo.
Fueron 49 los ciudadanos muertos directamente en las protestas, casi todos a manos de las fuerzas de seguridad, en operativos represivos por los que el Gobierno fue cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).
Además, también fallecieron otras dos decenas de personas por motivos relacionados con las protestas, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Varias organizaciones sociales interpusieron una demanda constitucional contra Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por la presunta vulneración del derecho a la protesta en el marco de la tercera “toma de Lima”, informó la agencia de noticias Ansa.
Este proceso también se dirige contra los ministros del Interior y Defensa, Vicente Romero y Jorge Luis Chávez, respectivamente; el comandante general de la Policía Nacional, Jorge Ángulo; y el presidente del Congreso, José Williams Zapata.
Los demandantes consideran que ellos son responsables de supuestos hechos lesivos que constituyen acciones que son una amenaza al derecho a la protesta y sostienen que las autoridades criminalizaron las manifestaciones y violaron derechos humanos, además de denunciar que las fuerzas de seguridad presentan un comportamiento arbitrario.
También exigieron el cese de las detenciones en las manifestaciones y una investigación en esta materia contra los agentes militares y policiales.
