Compró una camioneta de alta gama en Pilar, Buenos Aires. Ante la sospecha de haber sido víctima de una estafa, la entregó a la Policía. Efectivamente, el vehículo tenía un pedido de secuestro por haber sido robado
La jueza del Tribunal Oral Federal de Paraná, Lilia Carnero, resolvió “hacer lugar a la reparación integral propuesta por CHG, la que fue cumplida íntegramente, declarando la extinción de la acción penal” y en consecuencia, dispuso el sobreseimiento del imputado de 57 años, oriundo de Paraná, de profesión médico. Fue investigado por el delito de Encubrimiento. En la sentencia se dejó “expresa constancia que este proceso no afecta su buen nombre y honor”.
El imputado pudo acceder al instituto a partir del pedido que formularon sus defensores, Miguel Ángel Cullen y Daniel Rosatelli, solicitando el otorgamiento de la reparación integral.
La jueza valoró que aquel pedido contó con el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal, y resaltó que, luego de analizar las evidencias recolectadas en el expediente el fiscal, Ignacio Candiotti, “alentó” la salida alternativa.
Solución
Carnero, tras analizar las posturas de las partes, consideró que correspondía el otorgamiento del instituto “tal como acordaron las partes”, señalando que “se trata de una solución disyuntiva que no solo genera beneficios a la comunidad, sino que también descomprime el sistema judicial y disminuye la carga negativa que pesa sobre la persona sometida a proceso penal”.
Ponderó que la reparación es “uno de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos” reconocidos en el Código Penal, entre otros. Añadió que “es cierto que la aplicación de cualquier instituto establecido en las leyes de fondo, requiere de un marco normativo de forma que permita su correcta aplicación, y el instituto de reparación integral de momento, no cuenta con leyes procesales propias”.
Colega
En el requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio se consignó que la causa comenzó “a partir de la denuncia que hiciera el propio CHG, el 14 de marzo de 2012, en la Dirección de Investigaciones -División Delitos Económicos, de la Policía de Entre Ríos- luego con intervención del Juzgado de Instrucción Local N°8”.
Entonces, según la acusación, el médico sostuvo que tomó “conocimiento a través de la publicación de noticias que daban cuenta de la incautación de automóviles de alta gama, e inclusive ante un caso experimentado por una colega en esta ciudad, compareció a dicha prevención a exponer sobre tal situación, puesto que sospechó que él mismo habría sido víctima de una maniobra de estafa al adquirir su vehículo”.
En la imputación se manifestó que el sospechoso “… efectuó averiguaciones previas que le llevaron a concluir que, efectivamente, se hallaría involucrado en una situación delictiva, puesto que los números de motor y chasis no pertenecen al dominio que poseía su camioneta, Dodge Journey R/T 2.7, rural 5 puertas…; razón por la cual hizo entrega voluntaria del rodado a dicha autoridad policial, junto con la llave de encendido y la documentación relacionada con el mismo -entre ella una tarjeta azul, a su nombre, cuyo control denotaba que había sido previamente sustraída-“.
La maniobra delictiva
El médico, según se consignó en el requerimiento de elevación a juicio, aportó “mayores datos sobre el caso, agregó que adquirió tal rodado aproximadamente en septiembre de 2011, en la localidad de Pilar (Buenos Aires), en cercanías del shopping de esa ciudad; habiendo abonado la suma de 100.000 pesos, de contado efectivo -incluidos comisión, impuesto, arancel, multas adeudadas, entre otras-; operación concertada vía mensaje de textos, con quienes ofrecían vehículos -todos- de alta gama, bajo la modalidad de venta judicial, siéndole garantizada su autenticidad y la de la documentación respectiva…”.
También se consignó que el médico recibió “en primer término una tarjeta azul, y luego con transferencia a su nombre; asegurando el vehículo de inmediato en la empresa aseguradora San Cristóbal, y que nunca tuvo inconveniente alguno con ella”.
Asimismo se consignó que finalizó “aseverando haber sido estafado y víctima de una maniobra delictiva”. En el requerimiento se señaló que en “la pesquisa policial instruida fue quedando evidenciado que la numeración del motor y chasis que portaba la unidad entregada por CHG resultaban ser distintos a los consignados en la documentación que el mismo aportara, siendo coincidentes con el dominio…”; que tenía relación con un pedido de secuestro vigente desde el 12 de julio de 2011, por haber sido sustraído…”.
Pago
La magistrada resolvió hacer lugar a la reparación integral que ofreció el imputado. Dicha reparación consistió en la suma de 250.000 pesos que se efectivizó en la audiencia y se destinó a la ONG Suma de Voluntades, “con el fin de que sean destinadas a satisfacer necesidades sociales diarias”.
