Los tres sospechosos fueron indagados por los presuntos delitos de Falsificación de documentos públicos, Incumplimiento de normas sanitarias, Cohecho, Falsificación de sellos, Maltrato animal, Evasión tributaria, Lavado de activos y Asociación ilícita. Se presume un daño millonario al fisco
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por Cintia Gómez, Beatriz Aranguren y Mateo Busaniche, resolvió “rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados Jorge Fabián Sap, Antonella Ayelén Sap y Angélica Gómez y, en consecuencia, confirmar la resolución obrante en cuanto no hace lugar al pedido de nulidad efectuado por la defensa de los encausados…”. La defensa había solicitado la nulidad de las indagatorias de sus representados, sosteniendo que no comprendieron, por deficiente redacción, el hecho imputado. Fue en el contexto del incidente de nulidad derivado del Juzgado Federal Nº1 de Concepción del Uruguay.
La causa investiga a una presunta organización que, desde 2011, habría incurrido en los delitos de Falsificación de documentos públicos, Incumplimiento de normas sanitarias, Cohecho, Falsificación de sellos, Maltrato animal, Evasión tributaria, Lavado de activos y Asociación ilícita, en carácter de coautores, por “la posible ejecución de maniobras tendientes al ‘blanqueo de animales’ de origen ilegal, mediante la creación de Renspa (N de la R: se trata del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios) ficticios, valiéndose de la utilización de la firma y datos personales verídicos de una persona posiblemente ajena a la maniobra, a efectos de ocultar la verdadera identidad de quien crea esas unidades productivas”. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), expresó que “el total evadido es de 56.479.572,93 pesos.
El 26 de noviembre de 2018, Agustín Medrano, Director General de Asuntos Jurídicos del Senasa, denunció los supuestos hechos “a partir de la detección de diferencias de stock animal entre los registros de la autoridad sanitaria y los resultados de verificaciones a los establecimientos, en los cuales se habrían llevado a cabo importantes movimientos de equinos destinados a la Unión Europea, Rusia y Japón”.
COMPRENSIÓN. La defensa sostuvo que “… sus defendidos no comprendieron al momento de la indagatoria, ni lo comprenden ahora, el contenido de las imputaciones y con ese fundamento las declaraciones indagatorias deben ser nulificadas por su deficiente redacción”. También expresó que las imputaciones adolecen de “una total orfandad de merituación de acontecimientos históricos en orden a que se califican conductas induciendo el tipo penal al cual se refieren, pero sin brindar una conducta humana en un período temporal determinado”.
ORGANIZACIÓN. A los sospechosos se les atribuye “haber conformado una organización de personas vinculadas o allegadas entre sí, que producto de las actividades ilícitas mencionadas, instituyeron, con habitualidad, a partir del año 2011, un patrimonio originado en esas actividades criminales, poniéndolo en circulación en el mercado local mediante diversos negocios jurídicos procurando que adquirieran así la apariencia de un origen lícito”.
CONDUCTAS. Se les reprochó “una serie de conductas vinculadas a la conversión, transferencia, administración, venta, gravamen, disimulación y puesta en circulación en el mercado de bienes adquiridos de modo ilegal, como producto de las ganancias que dejarían actividades tales como el blanqueo de equinos, la falsificación de documentos, la falsificación de sellos, cohecho activo, evasión tributaria y maltrato animal”.
Se añadió que “en particular, la conducta destinada al lavado de dinero fue materializada mediante maniobras de compra en negro de equinos, compra de inmuebles y compra, venta y transferencia de rodados, muchos de ellos de alta gama, dándoles una apariencia lícita cuando su origen es espurio, llevadas a cabo por personas vinculadas a actividades criminales y sin recursos registrados ni ingresos declarados que se condigan con el patrimonio ostentado. Nos hallamos entonces ante la hipótesis de varios actos de lavado de dinero proveniente de ilícitos…”.
La denuncia consignó que “gran parte de los movimientos irregulares realizados por estos establecimientos tenían por destino las firmas La Surera SRL y Los Redomones del Sur SRL de los cuales su apoderado y socio mayoritario, según sus estatutos societarios, es Jorge Fabián Sap, así como también se remitían equinos a un establecimiento cuyo titular era el nombrado”.
MÁS CONDUCTAS. A la denuncia por la presunta “confección de documentación falsa”, puesto que “la organización también contaba con la tenencia y uso de sellos oficiales falsificados, tales como el del funcionario de Senasa DS y el de la División Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos”, se le añadió que también pudo “haber incumplido normas sanitarias y de bienestar animal, teniendo animales equinos en estado de abandono y lastimados, con ausencia de los debidos cuidados y haber ejercido maltrato animal sobre los mismos, dado que los acopios no cumplían con los requisitos de infraestructura necesarios y los traslados de los equinos eran efectuados de manera irregular, cargando en camiones jaula entre 40 y 50 animales por carga, cuando el máximo permitido es 30, resultando como producto de ello una alta tasa de mortandad”.
DEPOSITARIOS. Asimismo, a los Sap, se le atribuyó que en su carácter de “depositarios judiciales y responsables del cuidado de los equinos secuestrados, de forma posterior a los allanamientos realizados en la causa, habrían incumplido nuevamente las normas sanitarias y de sanidad animal, habiéndose constatado la presencia de 90 equinos con estado corporal regular a malo, debido a la falta de alimento natural sin suplementación, y caballos con lesiones a causa de las marcas a fuego y con debilidad evidente”.
