Criticaron que Fiscalía quiso usar una conversación entre abogado y cliente como evidencia
Ocurrió en la audiencia de la causa se investiga la responsabilidad de un padre y su hijo en el homicidio de un hombre de 30 años, que era sobrino y primo, respectivamente, de los acusados. Ayer, miércoles, las partes volvieron a cruzar posiciones por la evidencia a presentar ante un jurado popular.
La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Paola Firpo, le solicitó al fiscal, Cristian Giunta, que cesara de hacer gestos cuando le hablaba. El fiscal, que habitualmente se muestra controlado, le respondió con un énfasis desproporcionado respecto del modo en que se le solicitó que dejara de gesticular y resoplar y de la figura a la que le respondió de manera inapropiada.
A modo de contexto de la desmedida respuesta se puede presumir que en el espíritu del fiscal influyó que la reanudación de la audiencia no le fue favorable. A los señalamientos que la defensa, a cargo de Alberto Salvatelli y Natalia Salvatelli Cardoso, realizó en la audiencia del martes, cuando manifestaron que Fiscalía le ocultó evidencia, ayer añadieron que se pretendió incorporar a la evidencia a valorar en la audiencia, un audio privado entre Salvatelli y la esposa del imputado donde aquel le daba cuenta de las instancias del proceso y se deslizó los honorarios del letrado.
Giunta comenzó su intervención -a modo de respuesta a los dichos de los defensores en la audiencia del martes- tratando de despejar cualquier duda respecto de la actuación de Fiscalía durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP), presentó registros de la intervención de la defensa durante el proceso, entendió que no hubo sorpresa en la evidencia ofrecida y sostuvo que no se vulneraron derechos y garantías de los acusados. Incluso, antes de su respuesta fuera de lugar, destacó los aportes y señalamientos que realizaba Firpo para llevar adelante una audiencia que comenzó con serios cuestionamientos y cuyo objetivo era llevarle a los futuros jurados un legajo de pruebas ordenado y de fácil entendimiento para jueces legos.
Salvatelli respondió, perplejo, “no sé si me están cargando o qué está pasando” y sostuvo que durante la IPP se realizaron 17 audiencias, de las que señaló que sólo fue notificado en cinco y a las que acudió, que hubo 11 entrevistas con testigos de las que no fueron notificados y que de las extracciones realizadas con orden judicial a un celular se enteraron un año después. Así, el letrado le preguntó a la jueza “¿le parece que se tuvo en cuenta a la defensa?”. El fiscal realizó gestos de desaprobación en muchos pasajes de los dichos del defensor.
El caso
Roberto Carlos Goro, de 46 años, y su hijo, Víctor Ezequiel Goro, de 24 años, están imputados del delito de Homicidio simple agravado, en calidad de coautores, en relación a la muerte de Omar Antonio Mayer, que tenía 30 años cuando perdió la vida el miércoles 9 de septiembre de 2022, tras recibir cuatro heridas de arma blanca en el tórax y caer gravemente herido en calle Claudio Fink y Martín de Moussy. Falleció el mismo día alrededor de las 23 en el hospital San Martín. Las teorías del caso en disputa son: homicidio simple o legítima defensa. La víctima era sobrino y primo, respectivamente, de ambos imputados.
