El resultado de las PASO generó alerta en la “casta” política provincial y tuvo su correlato en la Justicia provincial. Entre Ríos no se tiñó del violeta que reconfiguró el mapa político nacional con el ¿inesperado? tsunami que significó la elección de Javier Milei y su promesa de pasar una motosierra por todo lo que, desde su ética y moral, entiende hay que hacer desaparecer para “achicar” el gasto del funcionamiento del Estado, el gran enemigo de los libertarios.
Juntos por Entre Ríos obtuvo 321.003 votos entre Rogelio Frigerio, vencedor en la interna provincial de Juntos por el Cambio, y Pedro Galimberti-, y superó a Más para Entre Ríos, el nombre con el que Unión por la Patria se presenta en la provincia con Adán Bahl. Los guarismos propiciaron lecturas. Sobresalieron las que ven una profundización de la grieta que lesiona el servicio de Justicia y alimenta el renacer del lawfare. Algo similar ocurrió con el resultado de las elecciones en 2019, cuando el triunfo de Alberto Fernández supuso que habría un freno a causas en trámite que nunca se dio. Hubo condenas para todos y todas.
En Tribunales, las repercusiones que generaron los resultados del concurso 232 para cubrir 13 cargos de fiscal auxiliar tuvieron lecturas concomitantes. En la amplia zona de Plaza Mansilla, ubicada entre Casa de Gobierno y el Palacio de Justicia, se sostiene que la calificación lograda por un concursante de la matrícula local que sacó el más alto puntaje en la historia de los concursos del Consejo de la Magistratura (CM) de la provincia para acceder a cargos en el Poder Judicial, significó un tsunami de las características de la elección del libertario en las PASO 2023.
El CM, cuestionado por otras situaciones de gravedad institucional que se trataron de saldar con la modificación de la Ley que lo regula, quedó en el ojo de la tormenta por uno de los procedimientos más transparentes que tiene: el de concursos, que se caracteriza por el anonimato. Los jurados técnicos, responsables de evaluar a cada concursante, desconocen al autor puesto que a cada uno se le asigna una clave alfanumérica que garantiza el anonimato, evitando cualquier favoritismo.
A medida que cobraba exposición pública y tomaba volumen el desempeño del concursante de la matrícula local –que obtuvo 50 puntos sobre 50 posibles- crecía entre algunos concursantes que no lograron alcanzar un puntaje que los colocara entre los 13 cargos en disputa, un ensañamiento que logró su clímax cuando el CM rechazó 26 impugnaciones, de alrededor de 280 concursantes, que pretendieron menoscabar el desempeño del abogado 50/50. En la crítica involucraron a dos fiscales que también obtuvieron muy buenos desempeños.
La impugnación
Fuentes judiciales deslizaron a EL DIARIO que algunos de los impugnantes, entre los que hay fiscales en ejercicio que concursaron por un cargo de menor jerarquía del que ejercen como interinos, impugnaron con el objetivo de que se recalificara a la baja el examen del letrado 50/50, cuando lo que la ética sugiere y la normativa determina es que se propugne una suba del propio desempeño.
La hostilidad contra el desempeño del letrado 50/50 alcanzó un punto de ¿no retorno? con una nota periodística que planteó críticas a su examen y a dos más. Fuentes judiciales precisaron que se trató de los de dos fiscales que tuvieron excelentes desempeños y lograron muy buenas calificaciones que, incluso, las ubicaron en el puntaje final por encima del abogado “de la calle”.
La nota reproduce partes de los exámenes que, según él o la informante, contienen “errores” que no fueron considerados por el jurado, integrado por un reconocido abogado de Entre Ríos, otro de Santa Fe, y un juez entrerriano. Lo más preocupante surgió cuando en la nota se deslizó que aquellos tres exámenes contenían “señales” para que el jurado estuviese al tanto de quién lo elaboró, sorteando el anonimato. Quedó flotando la comisión de un delito del que habrían participado nada menos que seis abogados, de los cuales tres son funcionarios.
El procurador general Ricardo García pidió que se remitan las impugnaciones nuevamente al Consejo de la Magistratura.
Recurso de revisión judicial
El último acto de una obra que no da indicios de cesar lo constituyó la presentación de un Recurso de revisión judicial directo sobre Contencioso Administrativo que presentó el procurador general, Jorge García, propiciando que se rechace la competencia del Superior Tribunal de Justicia en la revisión de las impugnaciones, tal como lo dispone la nueva Ley del CM. García pidió que se remitan las impugnaciones nuevamente al CM para que se “examine debidamente los argumentos de la impugnación, incluso con posibilidad de requerir al jurado del Concurso explicaciones de las situaciones irregulares e inequitativas, -arbitrarias-, que hemos considerado”.
Consideraciones
Conocedores de las dinámicas político judiciales entienden que los agravios no van a progresar. Señalaron que el extenso recurso del procurador se despegó de la teoría conspiratoria que se sostuvo en la nota periodística y generó agrios debates en grupos de WhatsApp de abogados. No pocos vieron la mano de la destituida fiscal, Cecilia Goyeneche, en el embate contra el CM y el desempeño del letrado 50/50.
También añadieron que las impugnaciones contra el examen del letrado 50/50 constituyen una “mera disconformidad” con la evaluación, en la que el jurado vio una fundada manera de entender el ejercicio de la profesión, más ajustada a cuestiones de hecho y prueba y basada en un elevado criterio humanista y objetivo, y menos propensa a citas dogmáticas y jurisprudenciales, que los magistrados conocen largamente. En aquella manera estaría el quid de la cuestión puesto que colisiona con otra reconocible por sus formas engoladas y amuralladas por citas dogmáticas.
A la hora de imaginar increíbles conspiraciones para acceder un cargo menor en el organigrama del MPF, se podría incluir las que tendrían relación con que uno de los jurados técnicos del concurso 232 fue denunciante de Goyeneche, lo que derivó en un jury que terminó con su destitución por mal desempeño en una causa emblema de la corrupción en Entre Ríos. El abogado-jurado también denunció a funcionarios políticos y el resultado de las denuncias terminó en condena. La más resonante fue la del ex gobernador Sergio Urribarri.
Es vox populi en Palacio que el MPF, o una parte, no se repone de la baja que significó la salida de Goyeneche por la puerta trasera y no estarían dispuestos a “olvidar” fácilmente y seguir cumpliendo con sus funciones. Si de imaginar se trata, también se podría suponer que hay importantes funcionarios judiciales que dirimen sus diferencias jurídicas y personales montados sobre las espaldas de los “justiciables”. Se podría pensar si las enervadas críticas al desempeño del abogado 50/50, al jurado técnico y al CM no tienen como sustrato un “pase de factura” al jurado denunciante y que la manera de cobrarla, es manchando su honor.
