La coalición opositora, Juntos por el Cambio, tiene dificultades para reunir quórum y que se realice la sesión. En tanto, el Frente de Todos empuja su propio dictamen, que mantiene los trazos gruesos de la actual ley, pero no colaborará con el quórum porque en el mano a mano la oposición tiene más chances de imponer su propia iniciativa.
La coalición opositora padece dolores de cabeza para reunir quórum, y encima todavía no logra cerrar la grieta interna con un sector importante del espacio que no comparte regular la actividad y apuesta a la derogación de la norma.
Por Sebastián Hadida En un mar de dudas sobre lo que puede acontecer mañana en el recinto de la Cámara de Diputados, Juntos por el Cambio intentará aprobar una reforma de la Ley de Alquileres, aunque por estas horas padece dolores de cabeza para reunir un quórum que aún no está asegurado, y encima todavía no logra cerrar la grieta interna con un sector importante del espacio que no comparte regular la actividad y apuesta a la derogación de la norma.
En tanto, el Frente de Todos empuja su propio dictamen, que mantiene los trazos gruesos de la actual ley, pero no colaborará con el quórum porque en el mano a mano la oposición tiene más chances de imponer su propia iniciativa.
A priori, Juntos por el Cambio tiene un acuerdo con un sector importante del Interbloque Federal y con los seis diputados de Provincias Unidas. Pero la cuenta todavía no cierra para garantizarse los 129 diputados para habilitar la sesión, cuyo comienzo está previsto para las 12 del mediodía de este miércoles.
De todos modos, está muy cerca del objetivo: necesita asegurarse la asistencia completa de sus 117 miembros, reconfirmar el acuerdo que tiene con Córdoba Federal e Identidad Bonaerense, así como con Provincias Unidas, y luego afinar el lápiz para convencer al par de diputados que le estaría faltando.
En la mira están, por caso, los dos integrantes del Partido Socialista, Mónica Fein y Enrique Estévez, quienes no firmaron el pedido de convocatoria a diferencia de sus compañeros del Interbloque Federal.
Además, se seguirá de cerca a los diputados Claudio Vidal, quien desplazó al kirchnerismo en Santa Cruz y va por la gobernación, y Rolando Figueroa, quien asumirá como mandatario provincial en Neuquén.
También apelarán a la ayuda de los liberales de La Libertad Avanza, con Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo. Sin embargo, en este caso persisten las dudas sobre lo que hará el bloque de derecha, que no quiere saber nada con ninguna otra opción que no sea la derogación lisa y llana de la ley sancionada a comienzos del 2020.
El 5 de julio pasado, cuando el oficialismo se negó a debatir en el recinto el tema porque no estaba en el orden del día de la convocatoria, Milei había firmado el pedido de sesión impulsado por Juntos por el Cambio, pero en las últimas horas, crecieron los rumores de que La Libertad Avanza no sería proclive a contribuir con el quórum para que el resto de la oposición de rienda libre a una iniciativa con la que esencialmente no está de acuerdo.
Los cuatro diputados del Frente de Izquierda ya adelantaron que no van a contribuir con el quórum porque consideran que la reforma impulsada por Juntos por el Cambio y sus socios tiene como objetivo sacrificar las partes a favor del inquilino que había consagrado la mal llamada “Ley Lipovetzky”.
Si Juntos por el Cambio logra habilitar la sesión con el quórum reglamentario, antes de pasar a tratar el dictamen de la oposición, deberá rechazar primero el dictamen de mayoría del Frente de Todos.
Se descuenta que así será, ya que el oficialismo está muy lejos de tener la mitad más uno de los votos para imponer su propia redacción.
Si el dictamen de la reforma de la Ley de Alquileres fuera rechazado, se pasará a debatir la derogación. El problema es que ninguno de los tres proyectos que fueron presentados (el de Hernán Lombardi, el de Karina Banfi y el de Píparo) tienen dictamen, por lo que necesitarían los dos tercios, una proporción que el oficialismo podría bloquear fácilmente.
El Frente de Todos propone sostener los pilares centrales de la actual ley con los tres años de duración de los contratos y la actualización anual de los precios en base a indicadores fijos como el IPC y el RIPTE.
La única novedad es que incorpora una serie de incentivos fiscales para los propietarios, modo tal de estimular la oferta de inmuebles en alquiler y paliar el fenómeno que se viene dando aceleradamente de retiro de viviendas del mercado.
El dictamen opositor es bastante más laxo en las condiciones, volviendo prácticamente a lo que establece el Código Civil y Comercial de dos años de plazo de los contratos e indexación en base a indicadores que acuerden libremente las partes.
El 21 de diciembre del año pasado, la oposición ya había hecho un intento por tratar la Ley de Alquileres, pero la sesión se cayó por falta de quórum.
Fuente: Sebastián Hadida / NA
