El Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos y el Ministerio Público de la Defensa trabajarán conjuntamente en materia de salud mental.
La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, se reunió hoy con el defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez, con el objeto de concertar pautas de trabajo conjunto, tendientes a la capacitación de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETIs) del Alto Cuerpo en materia de salud mental.
Del encuentro, realizado en el Salón de Acuerdos del STJ, participaron la vocal Laura Soage; la secretaria de Superintendiencia N° 1, Elena Salomón; la secretaria del Ministerio Público de la Defensa (MPD), Lorena Cali, quien dirige la Unidad de Letrados; la directora de la Oficina de Violencia de Género del STJ, Yanina Yzet; la coordinadora provincial de la Oficina de Gestión Única (OGU), Andrea Cecilia Palavecino; funcionarias del Programa de Gestión del STJ; integrantes del Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM) y de la Unidad de Letrados en procesos de Salud Mental, dependientes del MPD y funcionarias del STJ.
Al comienzo de la reunión, Susana Medina destacó el trabajo mancomunado junto al MPD, “lo que hace al fortalecimiento del Poder Judicial”, dijo.
Además se dialogó sobre la necesidad de discutir propuestas de diseño institucional del Programa de Gestión de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETIs) y aunar criterios de trabajo con el Órgano de Revisión de Salud Mental, considerando los nuevos paradigmas de salud mental relacionados con procesos de restricción a la capacidad.
Al respecto, Maximiliano Benítez resaltó la importancia de la elaboración de protocolos de acción unificadora, promoviendo las perspectivas de los derechos y su inclusión, respetando la Constitución Nacional y Convenios Internacionales.
También se acordó continuar desarrollando capacitaciones, destinadas integrantes de los ETIs, a través del Instituto “Dr. Juan Bautista Alberdi” y se dispuso generar mesas de trabajo interdisciplinarias para abordar las problemáticas desde el paradigma social que rige en materia de discapacidad.