La defensa de un empleado de la firma Relevamientos Catastrales SA que fue imputado en la causa, solicitó la Suspensión del juicio a prueba o probation, por 18 meses. También ofreció pagar una multa, una reparación económica y multa. El juez dará a conocer la semana que viene su resolución.
La causa que tiene como imputados a funcionarios de la gestión de Sergio Urribarri y a empleados de la firma Relevamientos Catastrales SA, perteneciente al empresario de origen paraguayo, Diego Armando Cardona Herrero, por la contratación de un software para la administración pública de la provincia, tuvo movimientos ayer. La defensa de Jorge Adrián Sanabone, solicitó la Suspensión del juicio a prueba o Probation por un plazo de 18 meses, en los que cumplirá con normas de conducta.
En la audiencia que se realizó ante el juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, prestaron su consentimiento a la salida que propusieron los defensores, Alberto Joaquín Zampayo y Claudio Berón. Sanabone, de 59 años, nacido en Mendoza, con domicilio en Cañuelas, en Buenos Aires, padre de dos hijos y sin antecedentes penales, era empleado de la firma Relevamientos Catastrales, propiedad de Cardona Herrero.
La defensa informó que su defendido se comprometía a pagar un aporte económico de 31.750 pesos mensuales en concepto de sustitución de las horas de trabajo remunerado que debería cumplir, porque no tendría control puesto que vive en Cañuelas; a pagar una multa por única vez por la suma de 540.000 pesos, en función de que fue imputado como partícipe primario de los delitos de Negociaciones incompatibles con la función pública, y Fraude a la Administración Pública y Cohecho activo, como coautor; y a pagar en concepto de reparación, tal como lo prevé la norma que regula la Probation, la suma de 2.111.678,83 pesos a pagar del 1 al 10 de cada meses en 18 cuotas de 117.315,5 pesos.
Vergara resumió que el instituto, según expuso la defensa con el acompañamiento de los fiscales, procedería porque en caso de ir a un debate, la pena sería de aplicación condicional; que no tiene antecedentes penales ni tuvo otra Probation; que no era funcionario público ni socio de la empresa, sino un empleado; que el instituto les fue concedido a otros imputados en la causa que estaban en similar situación que Sabanobe; y el aporte económico en concepto de reparación en función que el daño lo habría padecido el erario público. La fiscalía informó que el dinero iría a Fiscalía de Estado por aquel motivo.
La causa conocida como Cardona Herrero investiga las responsabilidades del ex gobernador, Urribarri, y ex funcionarios de sus gestiones, por el presunto delito de Negociaciones incompatibles con la función pública. Se acusa que se habría beneficiado al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herrero, quien como accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, se habría visto beneficiado con la contratación para desarrollar e implementar un sistema de software para la Administración Pública Provincial de Entre Ríos, a partir de “una estrecha relación de amistad” con el ex mandatario provincial.
Los hechos
A Urribarri, se le atribuyó que en su calidad de Ministro de Gobierno primero, y luego como gobernador de Entre Ríos, desde enero de 2007 aproximadamente, con el fin de generar un lucro ilícito para sí mismo y para Diego Armando Cardona Herreros, accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, con quien lo unían una estrecha relación de amistad, se interesó en favorecer a esta última propiciando su contratación a fin de desarrollar e implementar software para la Administración Pública Provincial de Entre Ríos”. En este hecho habría participado como vínculos con Cardona Herreros, los funcionarios Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ángel Ulrich, director General de Ajustes y Liquidaciones; José Gervasio Laporte, secretario Legal y Técnico; Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; y Humberto Flores, secretario de Hacienda de la Provincia.
Además, a Urribarri y Haidar se les endilgó una “adenda” consistente en “la falsificación de las fechas en los actos administrativos mencionados permitió que la prórroga de ocho meses, se compute a partir de diciembre de 2009, cuando en realidad la prórroga de la contratación se había comenzado a gestionar en enero 2010; logrando así la empresa y los funcionarios intervinientes, percibir ganancias por meses que no implicaron contraprestación alguna”.
