Su organización está en marcha, a cargo de la Defensoría del Pueblo junto representantes de las universidades Nacional de Entre Ríos (UNER), Católica Argentina (UCA), Tecnológica Nacional (UTN) y Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la fecha tentativa para su realización es el 9 de octubre. La obligación de debatir previamente a las elecciones generales municipales está instituida por ordenanza desde 2019.
La Defensoría del Pueblo de la ciudad es la autoridad a cargo de aplicar la ordenanza y convocó la semana pasada a una primera reunión para empezar a planificar el debate. De allí surgió una Comisión de Trabajo que volverá a encontrarse la semana que viene para confirmar, junto a los equipos de campaña de los cinco candidatos a intendente, el lugar, la fecha y la modalidad de la instancia.
Mientras tanto, algunos de estos detalles vienen avanzando entre los organizadores. Según adelantaron, el lugar que será propuesto en la próxima reunión, y que se confirmará si tiene el visto bueno de los candidatos, es el Teatro 3 de Febrero, informó APF Digital.
El otro dato prioritario a definir en el encuentro que se dará en unos días es la fecha del debate y el día probable s el lunes 9 de octubre. El dato es provisorio y se terminará de acordar con los responsables de campaña de los cinco candidatos, si las respectivas agendas lo permiten.
En el próximo encuentro de la organización se avanzará, finalmente, con la modalidad, el reglamento y las temáticas que ordenarán el evento, que sería moderado por una o dos personas.
ORDENANZA. La normativa vigente desde 2019 en la ciudad establece la obligatoriedad de los debates preelectorales públicos para los candidatos a Presidentes Municipales, “con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”. Deben llevarse a cabo hasta 10 días previos a las generales.
La ordenanza manda que el debate sea transmitido por todos los medios de comunicación públicos y privados que deseen transmitirlo de manera simultánea y en forma gratuita, transmisión que deberá contar con mecanismos de accesibilidad como lenguaje de seña y subtitulado.
Los concejales decidieron en 2019 que el candidato que falte será multado. “El incumplimiento será sancionado con una multa que determinará la Defensoría del Pueblo”, resolvieron.