El operativo de prensa que la dictadura chilena puso en marcha para ocultar la desaparición de 199 personas y cómo usaron de pantalla a la Argentina para encubrir los crímenes.
María Sucarrat (*)
Télam
Hay hechos que quedan atrapados en los archivos judiciales. De alguna manera, la escena de justicia se ocupa de tragarse a la historia. Y ése habría sido el caso de Operación Colombo si hace algunos años, el fiscal Federico Delgado, con cientos de hojas entre sus brazos, no hubiera dicho “Esto se muere y es necesario que se dé a conocer”. Operación Colombo es el nombre de pila de una causa judicial que tiene más de 40 años y que continúa sin ser resuelta. ¿Cuáles son las telarañas en las que quedan extraviados aquellos sucesos que pertenecen al patrimonio colectivo de la historia?
La Operación Colombo refiere a un montaje de prensa destinado a ocultar el crimen de 119 personas desaparecidas en Chile por la DINA (servicio de inteligencia chileno) durante 1974 y 1975. A través de unas cuantas publicaciones se intentó hacer creer a los lectores que militantes de grupos de izquierda, que estaban desaparecidos, en realidad habían sido asesinados por sus propios compañeros en “ajustes de cuentas” durante la gestación de un “ejército revolucionario” en la Argentina que luego cruzaría a Chile. La operación fue un montaje para ocultar el objetivo: el exterminio de militantes políticos chilenos por parte de integrantes de servicios de inteligencia, fuerzas armadas y policiales y también medios de prensa de la Argentina, de Chile y de Brasil. El encubrimiento incluyó la instalación de noticias acerca de supuestas peleas internas y enfrentamientos letales dentro de los grupos de militancia de izquierda de Chile. Entre esas noticias se aportaron los nombres de 119 militantes de izquierda muertos en territorio argentino, y también colombiano, venezolano, mexicano, francés. Las notas publicadas mencionaban que en el seno de los grupos de resistencia chilenos se había producido una purga interna por diferencias ideológicas originadas tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
El caso que puso el pie en la justicia argentina fue el de Jaime Eugenio Robotham Bravo, un ciudadano chileno de 23 años, secuestrado por la DINA y trasladado al Centro de Detención “Villa Grimaldi” en Chile, el 31 de diciembre de 1974. Unos meses más tarde, el 11 de julio de 1975, aparecieron en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, dos cadáveres totalmente carbonizados en el interior de un automóvil. Los cuerpos llevaban consigo cédulas de identificación a nombre de “Jaime Eugenio Robotham Bravo” y de “Luis Alberto Guendelman Wisniak”. Llevaban, además, una nota: “Dados de baja por el MIR” (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). Mucho tiempo después se supo por peritajes y testimonios de familiares que los cuerpos no pertenecían ni a Robotham Bravo ni a Guendelman Wisniak y que los documentos eran falsos.
Esos hechos fueron recogidos por la prensa. Entre el 15 y 17 de julio de 1975 se publicaron en el diario “O´Día”, de Curitiba, Brasil, y en la revista “Lea”, de Buenos Aires, una lista con 119 nombres de personas, la mayoría militantes del MIR, detenidas en Chile. A todos, hombres y mujeres, se les dio por muertos en la Argentina ya sea ejecutados por sus propios compañeros o fallecidos en enfrentamientos con la policía. Pero lo más siniestro del caso es que ambas publicaciones tuvieron una única edición. Y ese es, quizás, el dato medular de Operación Colombo: valerse de los medios de comunicación para garantizar su éxito.
Tanto la publicación argentina “Lea” como su par brasileña “O’Dia” nunca tuvieron una existencia real. Ambos salieron un solo día. El supuesto semanario argentino editó sólo el N9 1. Consignó como director a José López Rega, ex ministro del gobierno bonaerense y jefe de la Triple A. De igual manera, la Asociación de Prensa Brasileña declaró no conocer publicación alguna en Curitiba, ni en todo el Estado de Paraná, con el nombre de “O’Dia”.
HOY. Pocos días antes del 50 aniversario de la conmemoración del golpe de Estado de 1973, la justicia chilena condenó a 31 responsables, agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia por el secuestro calificado de Pedro Enrique Poblete Córdova, dirigente sindical metalúrgico y militante del MIR, quien desde septiembre de 1974 está desaparecido. El fallo de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema y revoca y corrige la sentencia previa de la Corte de Apelaciones de Santiago, que absolvió a parte importante de los acusados y sancionó a otros con castigos más bajos.
La dictadura de Augusto Pinochet dejó un saldo de más de 40.000 víctimas, unos 3.000 opositores asesinados de los que más de 1.400 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsquedas se encontraron e identificaron restos óseos de 307 personas. El gobierno del presidente Gabriel Boric anunció un plan nacional para que el Estado asuma la búsqueda de los desaparecidos que hasta hoy está en las manos de familiares y agrupaciones de víctimas de la dictadura.
(*) Periodista, autora de “El Inocente. Vida, pasión y muerte de Carlos Mugica”.
