La propuesta busca incorporar a la provincia a las disposiciones de la Ley, cuyo propósito es prevenir y detectar tempranamente situaciones de vulneración de los derechos de niños.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó de manera unánime la adhesión de la provincia a la “Ley Lucio”, una iniciativa nacional destinada a prevenir el maltrato infantil. La mencionada legislación, oficialmente conocida como Ley Nacional 27709, surgió como respuesta al trágico caso de Lucio Dupuy, un niño de 5 años víctima de homicidio a manos de su madre.
Durante la sesión de este miércoles, se dio luz verde al proyecto unificado por la diputada Ayelén Acosta, del PRO, y la diputada Mariana Farfán, del PJ.
La propuesta busca incorporar a Entre Ríos a las disposiciones de la Ley Lucio, cuyo propósito es prevenir y detectar tempranamente situaciones de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto se lograría a través de la capacitación de funcionarios públicos, la coordinación de organismos intervinientes y la difusión de indicadores de violencia, así como medios de denuncia efectivos para la protección de los menores.
El proyecto de ley también tiene como objetivo complementar los mecanismos existentes para proteger los derechos de la infancia, tomando como referencia las Leyes Nacionales 26.061, 27455 y la Ley 9861 a nivel provincial. Se destaca la importancia de la capacitación como un paso hacia la prevención de la violencia infantil, inspirada en la exitosa implementación de la Ley Micaela.
En el marco de la Ley Nacional 27709, se plantea la creación del Plan Federal de Capacitación en derechos de niñas, niños y adolescentes. La obligatoriedad de denunciar y recibir denuncias se establece como un deber ineludible, sujeto a sanciones en caso de incumplimiento, involucrando al personal de los tres poderes del Estado y diversas entidades sociales.
“La adhesión a la Ley Nacional Lucio implica un plan de capacitación obligatoria a nivel federal, abarcando a los distintos organismos del Estado, entidades municipales, deportivas, recreativas, culturales y la sociedad civil”, manifestó la diputada Ayelén Acosta.
Y agregó que “el enfoque principal es la obligatoriedad de denunciar casos de maltrato, abuso sexual y violencia contra niños, niñas y adolescentes, con especial énfasis en la protección de la identidad del denunciante, conforme al artículo 23 de la Ley Provincial 9861”.
Por otro lado, la legisladora expresó que “hay necesidad de desarrollar un protocolo interinstitucional de actuación para casos de maltrato infantil, a pesar de contar con un protocolo vigente para abuso sexual en la niñez y adolescencia”.
