La importancia de mantener las políticas de recuperación de las islas por vías pacíficas, en medio de algunas propuestas que plantean una consulta a la población local, en coincidencia con la mirada de Estados Unidos, Gran Bretaña y la OTAN. El recuerdo de la guerra y la ocupación colonial de un territorio que es argentino.
Jorge Luis Bernetti (*)
Télam
Los inminentes comicios presidenciales colocaron otra vez en el debate público el grave problema pendiente de la ocupación por parte del Reino Unido de Gran Bretaña de las islas Malvinas, Orcadas, Sandwichs y las aguas circundantes. El debate también se vinculó con los temas de la Defensa, como no podía ser de otra manera, pero volvió a poner sobre la mesa los métodos con los que se piensa convencer al gobierno de Londres de cumplir con las significativamente mayoritarias expresiones de la comunidad internacional, que apoya tanto la iniciación de negociaciones entre el ocupante y el ocupado como la soberanía argentina sobre los territorios en cuestión.
El conflicto que opone a la nación argentina, apoyada por América Latina, contra los aliados de la OTAN, Gran Bretaña y Estados Unidos ha sido considerado de manera sorprendente por la oposición al gobierno vigente. Desde La Libertad Avanza se ha llegado a defender la opción de consultar a la población local para darles la llave para definir la soberanía para constituir una “nación” independiente.
Esa es la opción que solapadamente respaldan los Estados Unidos y las fuerzas dominantes de Taiwán para levantar otro estado que rechace la soberanía de la República Popular China sobre ese territorio.
En ese caso y, por cierto, en Malvinas se quiere legitimar bajo la supuesta convocatoria democrática a los residentes que están establecidos en este territorio como consecuencia del acto de ocupación colonial.
Pero esta caracterización no implica, en manera alguna, negar los derechos humanos básicos para la población residente, los antiguamente denominados “kelpers”. Los actuales residentes malvineros tienen el derecho a permanecer en unas islas reintegradas a la soberanía nacional, tienen todos los derechos políticos y civiles de los demás argentinos, de sostener su propiedad, de practicar el culto religioso o las opiniones filosóficas que les parezcan más adecuados. La intención de la Nación argentina no debe ser, y seguramente no lo es, para la inmensa mayoría de la población, presionar abierta o más o menos escondidamente la expulsión de los actuales habitantes. Ello fue, sin duda, la intención de un feroz nacionalismo fundamentalista que – al mismo tiempo – se desentendió del conjunto de los aspectos que se articulan como el territorial conforman la soberanía nacional.
En un país de la concurrencia de tantas etnias y culturas, desde las diversas originarias hasta las provenientes de la inmigración europea y, en el presente, a la llegada de contingentes latinoamericanos, no cabe sino recibir a un grupo social que, como los galeses en la Patagonia y los irlandeses en todo el país, tienen perfiles tan concurrentes a la identidad argentina.
El esfuerzo realizado en los últimos cuatro años en la política de Defensa por el gobierno de Alberto Fernández, a través de los ministros Agustín Rossi y Jorge Taiana, en la política de reequipamiento a través del FONDEF, de los trabajos para igualar los salarios de las FFAA con las de Seguridad, en el aumento de las maniobras, campañas y horas de vuelos y de navegación, constituye un respaldo para la política de recuperación de las Malvinas por vías pacíficas y de acuerdo con el derecho internacional al que nos convoca la Constitución Nacional.
(*) Licenciado en Ciencias Políticas (UNAM, México), doctor en Comunicación (UNLP) y periodista. Profesor titular de Historia del Periodismo y las Comunicaciones en Argentina (UNLP), de Diseño de la Información Periodística (UBA) y director de la Maestría en Periodismo (UNLP).
