La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) busca estandarizar las políticas públicas de sus miembros, para adaptarlos a las normas de la economía occidental
El presidente Javier Milei solicitó a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) retomar el proceso de adhesión a la organización que Mauricio Macri había iniciado en 2016 y Alberto Fernández interrumpió en 2019. Este acto presidencial reactualizó la pregunta por el sentido y las ventajas que podría tener la adhesión a este club liderado por las potencias rectoras de Occidente. La discusión contrapone visiones básicas sobre el lugar del país en el mundo, la importancia o no de su soberanía, el papel regulador del Estado y el lugar de Argentina en el mundo: ¿tiene sentido buscar un desarrollo independiente o el país estará mejor servido aplicando un manual tecnocrático de “buenas prácticas”?
En su carta el presidente Milei solicitó formalmente iniciar conversaciones de adhesión “lo más rápido posible”. La carta presidencial se envió como respuesta a otra que la OCDE había mandado a fines de noviembre al entonces gobierno electo en la que invitaba formalmente a Argentina a iniciar el proceso de adhesión. La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, llevará las discusiones al foro internacional.
CÓMO FUNCIONA LA OCDE. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un organismo de cooperación internacional compuesto por 38 estados cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales para optimizar su desarrollo económico y la cooperación internacional. No se trata de un organismo internacional sino de un foro de pensamiento y debates, para acordar principios y metas de gobierno. La OCDE fue fundada en 1961 y su sede central se encuentra en el Château de la Muette en París (Francia). Los idiomas oficiales de la entidad son el francés y el inglés.
En la OCDE los representantes de los países miembros se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas, con el objetivo de crear un espacio homogéneo para la aplicación de políticas de libre mercado en las estrategias de desarrollo económico y la cooperación internacional.
La OCDE es la sucesora de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), resultante del Plan Marshall, y de la Conferencia de los Dieciséis (Conferencia de Cooperación Económica Europea) que se reunió entre 1948 y 1960. El objetivo de ésta última era establecer una organización permanente que armonizara la ejecución del Plan Marshall y supervisara la distribución de la ayuda.
La OCDE se ha constituido en uno de los foros mundiales más influyentes, en el que se analizan y se establecen orientaciones sobre temas de economía, educación y medio ambiente, entre otros. Los países miembros se comprometen a aplicar los principios de liberalización, no discriminación, trato nacional y trato equivalente. El principal requisito para ser país miembro de la OCDE es liberalizar progresivamente los movimientos de capitales y de servicios. Especialmente desde la década de 1970 este llamado “club de países ricos” se ha dedicado a la difusión de las ideas neoliberales en todas las áreas de las políticas públicas.
Según sus propios documentos, los principales objetivos económicos de la organización son contribuir a una sana expansión económica en los países miembros, así como no miembros, en vías de desarrollo económico; favorecer la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales y realizar la mayor expansión posible de la economía y el empleo y un progreso en el nivel de vida dentro de los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial”.
EL PROCESO DE ADHESIÓN. Suele ser muy largo: entre cinco y siete años. La tardanza se debe a que los candidatos deben ir adaptando toda su legislación y normativa a los principios y reglas acordados por la organización, particularmente a lo que se conoce como las “buenas prácticas regulatorias”. En los últimos veinte años la OCDE ha establecido una cantidad de prácticas regulatorias de los Estados que considera buenas y estigmatizado otras que tiene por malas. Las “buenas” prácticas regulatorias incorporan lineamientos de transparencia, estabilidad macroeconómica, “buenas prácticas” monetarias y equilibrio de las cuentas nacionales. Estos lineamientos de políticas neoliberales son herederos directos de lo que hace treinta años fue el Consenso de Washington.
El órgano supremo de gobierno de la OCDE es el Consejo, que se encarga de la supervisión y dirección estratégica y está integrado por representantes de los países miembros y de la Comisión Europea. La toma de decisiones se hace allí por consenso. Por su parte, la Secretaría General lleva a cabo el análisis y hace propuestas al Consejo. Dependiendo de ella hay cuatro secretarías generales adjuntas que la asisten en sus funciones. Desde 2021 el Secretario General es el australiano Mathias Cormann.
Representantes de los 38 países miembros se reúnen e intercambian información en comités especializados, para discutir y revisar los progresos alcanzados en áreas de políticas específicas, como ciencia, comercio, economía, educación, empleo o mercados financieros. Existen alrededor de 200 comités, grupos de expertos y grupos de trabajos.
El 25 de enero de 2022 el consejo de la OCDE anunció el inicio del proceso de admisión en la organización de Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú y Rumanía, pero Argentina envió recién esta semana su solicitud de adhesión. De todos modos, nuestro país ya es adherente desde 1997 y participa en varias comisiones.
“TRANSPARENCIA”. Uno de los “caballitos de batalla” de la OCDE es la transparencia. La transparencia de los actos de gobierno sería deseable, pero en este caso tiene que ver con la transparencia hacia lo que llaman “las partes interesadas”: los sectores empresarios y los inversores extranjeros. Obliga a brindar información privilegiada, todo tipo de información para el movimiento de las empresas y de las corporaciones. Para inducir este proceso, la OCDE califica a todos los países según su grado de “transparencia”, aun si no son miembros del club.
El hecho de que un país cualquiera ingrese a la OCDE, por otra parte, no garantiza que las potencias que forman parte del foro inviertan en él. Simplemente implica su alineamiento ideológico con las ideas del club. Por el contrario, la adhesión a la organización conlleva el estrechamiento voluntario del margen de acción del Estado en momentos de crisis como una nueva pandemia, una crisis sanitaria, educativa, etc.
Eduardo Vior
Télam
(*) Analista internacional
