Privatizaciones, cambios en el sistema electoral, reformas tributarias, un nuevo mecanismo para actualizar las jubilaciones y restricciones a las manifestaciones de protesta, todo en 664 artículos que preanuncia ásperos debates en el Congreso.
El presidente Javier Milei envió a la Cámara de Diputados el proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, en la que pide al Congreso declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
En el texto, que contiene una serie de iniciativas contempladas en el DNU que firmó la semana pasada, fija que el plazo para la emergencia podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años.
La iniciativa está firmada por Milei, el jefe de Gabinete Nicolas Posse, y los ministros del Poder Ejecutivo consta de 183 páginas y 664 artículos.
A lo largo del proyecto se establecen reformas impositivas, se suspende la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes, y se habilita a imponer sanciones a la protesta, entre otras medidas.
Modificaciones al Código Penal
El proyecto modifica el Código Penal de la Nación para aplicar penas a las personas que sin “crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno (1) a tres (3) años y seis (6) meses”.
“Si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.
“Quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe”, dice el articulado.
Cambios electorales
Además la iniciativa contiene un capitulo electoral donde se deroga las elecciones primarias, abiertas simultáneas y obligatorias Paso, se modifica la Oficina Anticorrupción, cambia el régimen de partidos políticos, y la composición de la Cámara de Diputados.
Jubilaciones
Sobre el tema jubilatorio suspende el artículo 32 de la ley 24.241 que fijaba el sistema para aumentar el haber jubilatorio cada tres meses, y dice que el Poder Ejecutivo va a “establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley N° 24.241, teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”.
“Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, agrega el texto del proyecto.
Privatizaciones
Uno de los puntos que plantea la ley es que declara sujeta a privatización las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado, entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Aysa, Banco Nación, YPF, y los medios públicos Canal 7, Radio Nacional y Télam.
En ese sentido señala que se “faculta al Poder Ejecutivo nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades, para lo cual se aplicarán en lo pertinente los procedimientos previstos en el Capítulo II de la Ley N° 23.696”.
Temas impositivos
En cuanto al capítulo impositivo, el proyecto contempla un blanqueo de capitales y una moratoria de las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas al 30 de noviembre.
También propone cambios en el régimen tributario de Bienes Personales, fija las retenciones para el sector agropecuario, autoriza las importaciones de gas natural sin necesidad de pedir autorización, unifica los entes de Gas y Electricidad y cambia la ley de biocombustibles.
El anuncio por redes
En forma previa y por la red social X, el Gobierno afirmó que la intención del proyecto es “restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación”.
Además afirma que se promueven las reformas “en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”.
Por la mañana, el portavoz presidencial Manuel Adorni había anticipado que el proyecto comprende temas tributarios, laborales, penales, energéticos y electorales.
“El texto se va a dar a conocer en las próximas horas e incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral”, dijo en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.
Sobre los proyectos, dijo que “quedarán en manos de senadores y diputados” elegir si se va “hacia la libertad” y “a terminar con esta decadencia” que llevó al país a la situación actual.
YPF, Aerolíneas y Banco Nación, entre 41 empresas sujetas a privatización
La petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Banco de la Nación Argentina, Ferrocarriles Argentinos y la agencia de noticias Télam figuran entre las 41 empresas públicas que fueron declaradas “sujetas a privatización” en el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.
De acuerdo con el texto de la iniciativa denominada ´Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos´, la venta al sector privado de las empresas públicas se funda en “la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales”.
La propuesta también apunta a “generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”, según los fundamentos de la iniciativa.
Puntualmente, en el Artículo 8 del Capítulo II del Título II, se declara “sujeta a privatización en los términos y con los efectos de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, a las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal”.
De esta manera, se faculta “al Poder Ejecutivo Nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades, para lo cual se aplicarán en lo pertinente los procedimientos previstos en el Capítulo II de la Ley N° 23.696”.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 dado a conocer la semana pasada fue el puntapié inicial para avanzar en esta línea.
En el DNU, que comenzará a regir en los próximos días y que es objeto de varios amparos judiciales en su contra, se establece la modificación del “status jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades”, según consigna en sus considerandos.
La venta de las empresas del Estado es una idea que Javier Milei tiene desde antes de asumir la presidencia de la Nación.
En reiteradas ocasiones, durante la campaña electoral, deslizó la posibilidad de desprenderse de patrimonio público y calificó a las empresas estatales como “generadoras de déficit”.
Qué empresas podrían ser privatizadas
Las empresas públicas sujetas a privatización son la Administración General de Puertos; Aerolíneas Argentinas; Empresa Argentina de Soluciones Satelitales; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Banco de la Nación Argentina; Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); Casa de Moneda; y Contenidos Públicos.
También figuran Corredores Viales; Correo Oficial de la República Argentina; Construcción de Viviendas para la Armada Argentina; Dioxitek; Empresa Argentina de Navegación Aérea; Educ.AR; Energía Argentina (Enarsa); Fabricaciones Militares; Ferrocarriles Argentinos; Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias.
A las que se suman la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín”; Intercargo; Playas Ferroviarias de Buenos Aires; Polo Tecnológico Constituyentes; Radio de la Universidad Nacional del Litoral; Radio y Televisión Argentina; Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba; Talleres Navales Dársena Norte; Télam; Belgrano Cargas y Logística; Yacimientos Carboníferos Fiscales; Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) e YPF.
Incluye también a Nucleoeléctrica Argentina; Vehículo Espacial Nueva Generación; Operadora Ferroviaria; Administración de Infraestructuras Ferroviarias; Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM; Pellegrini; y las 4 empresas descentralizadas del Grupo Banco Nación.
