El Gobierno Nacional envió al Congreso el Proyecto de Ley Ómnibus que, entre otras propuestas de su articulado, deroga la Ley del Libro, que es modelo en la región y que establece el precio único de venta al público (PVP) para las publicaciones, una medida que impactará directamente en la industria editorial, perjudicando especialmente a pequeñas librerías y editoriales independientes.
Josefina Marcuzzi
Con un enorme impacto en redes sociales y especialmente dentro del ecosistema literario, se conoció el artículo 60 del capítulo I, dentro del título III “Reorganización económica”, que deroga la Ley Nacional 25.542 que establece que los editores deben fijar el precio de venta de los libros que publican y que eso debe respetarse en todos los puntos de venta.
“En el marco de esta ley no solamente han surgido infinidad de editoriales que aportan a la bibliodiversidad y convierten a la Argentina en un modelo de habla hispana, sino que además se profesionalizó la logística y se gestó la FED, entre tantas otras cosas. En el marco de esta ley la industria del libro pudo crecer no solamente a nivel interno sino también a nivel externo”, explicó a Télam Cecilia Fanti, librera y escritora.
Las fuentes consultadas afirman que la ley protege la competencia entre librerías en la medida que garantiza calidad en la atención al público y evita que las cadenas, según el poder económico y de compra que tengan, puedan ofrecer distintos descuentos arbitrarios.
“Esta ley garantiza el profesionalismo con el que se trabaja en la industria, que es pujante y de calidad, desde la atención al público hasta la conformación de catálogos. La ley cuida y ampara todo eso que posiciona a la Argentina como referente dentro del ecosistema editorial”, agrega Fanti.
Oferta empobrecida
Víctor Malumian, editor en Godot y co-fundador de la Feria de Editores (FED), explica que “uno de los malentendidos más comunes es que si se elimina la ley de precio único el pvp promedio cae, lo cual ha resultado falso en varios países. Lo que sucede es que en un principio vemos ofertas de los grandes jugadores que pueden acceder a comprar mayor cantidad de unidades, por ende con mayores descuentos, y trasladan ese descuento al público. Ganan cuota de mercado, reducen drásticamente a los pequeños jugadores hasta hacerlos desaparecer y luego vuelven a subir los precios. Es decir, a mediano plazo, no funciona”.
Esto sucede con Amazon a nivel mundial, empresa que en un primer momento compró libros en cantidad y bajó los precios de venta, para luego de tener monopolizada la cuota de mercado mayoritaria, retirar los descuentos y fijar nuevos precios, ciclo que se observó en varios países.
Lo que propone la derogación de esta ley es, en consecuencia, que cualquier librería, cadena de librerías o incluso grandes supermercados puedan poner el precio que consideran al libro, más allá de lo que sugiere el editor.
“Lo que va a pasar, más allá del impacto concreto sobre las librerías, es que esta disposición va a matar al consumidor. No solamente porque los precios van a subir, sino porque esto viene acompañado de la liberación de comisiones y punitorios por incumplimientos sobre las tarjetas de crédito”, explicó a Télam Mónica Dinerstein, presidenta de la Cámara Argentina de Librerías Independientes, una entidad que tiene pocos días de vida y que, a partir de esta iniciativa, cobra nueva relevancia.
En caso de prosperar la derogación de la ley, los pequeños negocios y librerías chicas deberán salir a negociar un descuento frente a las grandes cadenas de libros, que al poder comprar en mayor cantidad, pueden conseguir mejores descuentos y así vender los libros más baratos.
Un dato relevante es que hay una relación estrecha entre los países que tienen ley de precio único y un entramado fuerte de librerías y sellos independientes. “Dentro de los países de habla hispana, Argentina, España y México tienen una ley como esta, y a su vez son las principales potencias a nivel editorial. No es casualidad que son los países que tienen un consenso de protección a las pequeñas librerías”, agrega Malumian.
Alemania, Corea del Sur, Italia, Japón y Noruega son otros de los países que promueven al libro como bien cultural fundamental y tienen mercados editoriales desarrollados y diversos bajo un consenso en común, que es la protección de pequeñas y medianas librerías.
Concentrar
En una declaración en la red social X (ex Twitter), el sello Blatt y Ríos sostuvo que “Milei manda proyecto en el que deroga la Ley de PVP de libros. La Ley 25.542. Con estos las grandes superficies, supermercados, cadenas, van a atentar contra las librerías independientes y contra todo el sector. Y el primero que diga lo contrario es un ignorante”.
“Bajo una lógica liberal se podría decir que esta medida es buena porque se traslada a precios más baratos en los libros, pero no es así porque, una vez que el más poderoso elimina a la competencia, vuelve a subir los precios y los fija como considera”, agrega Malumian.
El derrame sobre las pequeñas editoriales consiste en que, al incrementarse la venta de las grandes superficies, se tiende a exhibir y a vender los libros que tienen mayor rotación. En este proceso, las pequeñas librerías que pueden exhibir otro tipo de oferta desaparecen y comienza a disminuir la oferta y variedad bibliográfica.
En este contexto, las librerías y libreros manifestaron su descontento. Carola Martínez Arroyo, mediadora de lectura, sostuvo que “la ley del libro preserva la industria del libro. Permite que las pequeñas librerías y las editoriales independientes existan. Somos modelo en Latinoamérica por la forma en que la industria del libro se sostiene. Y si quieren saber quién gana, son las grandes superficies”.
Valentina Zelaya, dueña y librera de Mandolina libros, dijo a Télam que “la derogación de la ley atenta contra todo el circuito independiente. Hoy la ley permite que existan y prosperen librerías independientes, con el fomento de la bibliodiversidad que implica la circulación de textos con curaduría, la promoción de editoriales independientes y que las librerías sean mucho más que un punto de comercialización, que sean vectores culturales en sus barrios”.
Por su parte, la Fundación El Libro, institución integrada por la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, la Sociedad Argentina de Escritores; la Cámara de Librerías, Papeleras y Afines, la Federación Argentina de la Industria Gráfica y el Sector español de Libros y Revistas, difundió un comunicado en donde “manifiesta su total y absoluto rechazo a los proyectos de derogaciones de leyes fundamentales para el funcionamiento del valioso y admirado sistema cultural argentino”.
