El parlamento se ha convertido en el eje de las miradas de Casa Rosada por el tratamiento de la “Ley ómnibus”, que tuvo en la semana las primeras enmiendas, cuyo debate arrancará esta semana, y por el que tendrá el decreto de desregulación de la economía -que recibió dos rechazos judiciales- que ingresó el viernes al Senado.
Lucas González Monte (Télam)
La Casa Rosada pone en marcha una estrategia de apelaciones que, de ser necesario, podrían escalar hasta la Corte Suprema y, al mismo tiempo, los funcionarios del Ejecutivo se muestran expectantes ante el debate parlamentario del proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que antes de empezar a ser tratado en el Congreso, tuvo esta semana las primeras enmiendas.
En un contexto signado por los primeros reveses judiciales contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 para desregular la economía, el Gobierno nacional se apresta a encarar esta semana.
El jefe de Estado había terminado el año reiterando la magnitud de la crisis en curso y asegurando que podría alcanzar dimensiones “bíblicas”, si las reformas propuestas naufragaban en terreno judicial y, especialmente, en el Congreso Nacional, algo que sería, desde la óptica oficial, un claro síntoma de una “casta” que defiende sus propios intereses.
Sin embargo, el Gobierno mantiene las esperanzas de alcanzar los votos que le permitan avanzar legislativamente y, para ello, tiende puentes con dirigentes y legisladores que puedan sumar voluntades para la aprobación de las iniciativas que impulsa el Ejecutivo, aunque eso signifique tener que “abrir” el paquete de la denominada “Ley Ómnibus”.
Aunque los voceros gubernamentales aclaran que el proyecto enviado “es correcto; que ha sido trabajado y que encarna las reformas necesarias para el proyecto de país soñado por el liberal-libertarianismo”, en los últimos días han aclarado que el oficialismo mantiene “el diálogo abierto”, según indicó esta semana el vocero presidencial Manuel Adorni, en las habituales conferencias de prensa que ofrece en la Casa Rosada.
En esa disyuntiva entre lo deseado e inamovible y lo negociable se moverán los armadores políticos oficialistas y puede darse el diálogo para introducir cambios, como sucedió días atrás en los artículos de la “Ley Ómnibus” referidos a la industria pesquera.
El jueves pasado fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, quién debió reunirse con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para moderar las inquietudes que ese mandatario y sus colegas patagónicos habían hecho públicas el 2 de enero sobre el futuro de la actividad pesquera.
Luego del encuentro, del que también participó el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, Francos, aseguró que se realizarán “clarificaciones” a los artículos del proyecto, pero aclaró que no serán modificaciones.
EN EL CONGRESO. En medio de este panorama, el Congreso comenzó su trabajo designando, no sin polémica, a las autoridades de las comisiones legislativas que deberán dictaminar sobre este megaproyecto que el oficialismo ambiciona tratar sin extender las sesiones extraordinarias más allá del 31 de enero.
Milei mantuvo una reunión con buena parte de los diputados de La Libertad Avanza (LLA), el miércoles pasado, y siguió activamente la designación de autoridades en las Comisiones de la Cámara baja que analizarán la “Ley ómnibus”.
Según trascendió, el Presidente se mostró satisfecho con el trabajo realizado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el armado de estas instancias parlamentarias.
En ese sentido, el mandatario había expresado públicamente sus felicitaciones al diputado nacional José Luis Espert, designado titular de la comisión de Presupuesto y, según pudo saberse, tuvo palabras de elogio para la intervención de la exgobernadora bonaerense y actual legisladora, María Eugenia Vidal, quién reprendió a los diputados de Unión por la Patria (UxP) por quejarse de la composición de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.
El jefe de Estado le envió un mensaje a Vidal a través de un colaborador y la ex mandataria provincial le respondió que “acompañará con convicción en todo lo que crea que está bien”.
LA JUSTICIA. Sobre las impugnaciones judiciales al DNU, en Casa Rosada afirman que “eran esperables” y este viernes el propio Adorni afirmó que las “decisiones judiciales van a ser apeladas”.
“No hay nada que haya ocurrido que no hubiese sido esperado por nosotros. El Gobierno seguirá analizando paso a paso no solo el trámite judicial y el legislativo”, señaló el vocero en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
Mientras tanto, durante este fin de semana y el comienzo de la próxima traerá novedades económico financieras: el Banco Central fue autorizado a emitir letras por US$ 3.200 millones a diez años ante “la proximidad de los vencimientos de los compromisos de deuda”, mientras que el Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según pudo saberse, entre el viernes y ayer se realizaron “reuniones de equipos técnicos” y el lunes será el turno de los funcionarios: “Ahí estarán (el jefe de Gabinete) Nicolás Posse y (el ministro de Economía) Luis Caputo, ese será el broche de oro”, señaló un funcionario.
Diputados debate el martes
El proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” impulsado por el Poder Ejecutivo comenzará a ser debatido el martes por un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Se analizará inicialmente en formato de reuniones informativas durante la semana entrante.
Las comisiones de Legislación General (cabecera); Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, se reunirán el martes de 14 a 20 y el miércoles de 9 a 20, según se informó oficialmente. A las reuniones asistirán funcionarios nacionales, aunque en la citación también se aclaró que los mismos pueden conectarse por vía remota.
En las notas por las cuales fueron convocados los diputados se les solicitó que hagan llegar las preguntas que consideren necesarias antes del lunes a las 20. Por tratarse de reuniones ‘informativas’ no se contempla la posibilidad de que en las mismas se pueda avanzar con la firma de dictámenes.
El proyecto pide declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
Reformas impositivas, suspensión de la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes previsionales y habilitación a imponer sanciones a la protesta son, entre otras, propuestas en el texto del Ejecutivo.
