La iniciativa presentada por Frigerio tiene como objetivo modificar la Ley 4506 de pensión vitalicia, para ponerle fin al beneficio especial que cobran los exgobernadores y ex vicegobernadores entrerrianos.
El Gobierno provincial presentó en Diputados un proyecto de ley para eliminar las jubilaciones que establecen un beneficio especial para los exgobernadores y ex vicegobernadores de nuestra provincia, denominadas en dicha presentación como “jubilaciones de privilegio” a través de la Ley 4.506 de Pensión Vitalicia para funcionarios provinciales.
Al respecto, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso sostuvo: “Lo hacemos porque entendemos que los políticos somos servidores públicos, no estamos por encima de nadie, ni un escalón arriba de la gente”.
Argumentos
En la justificación de la iniciativa se esbozaron dos razones: “La primera es que los motivos y la finalidad que inspirara la sanción de la Ley 4.506 han desaparecido en la actualidad, tornándola anacrónica”.
La segunda, en tanto, “es que la existencia de este régimen especial se encuentra hoy en tensión con criterios igualitarios de los que es tributario la ética pública contemporánea, que demanda políticas activas que efectivicen el principio de igualdad ante la ley, entre los ciudadanos y sus gobernantes”.
En el proyecto se menciona que el artículo 41º de la Constitución Provincial, en su último párrafo, y que reproduce el artículo 20º de la Constitución de 1933, prohíbe expresamente acordar pensiones o jubilaciones por leyes especiales.
Proporcionalidad
La norma constitucional obligó –además- al Estado a establecer un sistema de jubilaciones, pensiones y seguros para funcionarios públicos que respete los principios de proporcionalidad entre los aportes y los beneficios, el tiempo de los servicios prestados y la edad de los beneficiarios.
Por ello, la percepción de las pensiones otorgadas durante la vigencia de la ley 4.506 y sus modificatorias, resultan incompatibles con la percepción actual o futura de beneficios previsionales o asistenciales, de cualquiera de los regímenes vigentes y la percepción de retribuciones, honorarios, sueldos o dietas provenientes de todo tipo de relación laboral, contractual o las que sean consecuencia del ejercicio de cargos electivos; en el orden nacional, provincial, municipal o comunal; excepto las que correspondan al ejercicio de la docencia.
De esta manera, el proyecto de ley exige que el beneficiario deba solicitar la suspensión del beneficio hasta la finalización de su gestión, contratación o bien optar por el cobro y renunciar a todo tipo de remuneración o asignación dineraria por el cargo desempeñado.
Detalles
“Si el beneficiario no ejercitare la opción, el beneficio se suspenderá de oficio, debiendo restituirse a la Caja de Jubilaciones y Pensiones la suma percibida desde que la incompatibilidad se haya producido, con más sus intereses legales. A tal efecto, el acto administrativo que disponga la suspensión, será título ejecutivo suficiente para el cobro de la deuda liquidada”, indica el escrito, según consigna un informe de la agencia APF.
Por otra parte, el artículo 5 denominado “Caducidad del Beneficio” indica que los beneficiarios de las pensiones otorgadas durante la vigencia de la ley 4.506 y sus modificatorias que reciban condena penal por los delitos descriptos en el artículo, perderán definitivamente el beneficio otorgado.
Nombramientos en el último año de gestión
En medio de la polémica por la revisión de nombramientos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado entrerriano, el gobernador Rogelio Frigerio envió un proyecto de ley para ponerle fin a los nombramientos en planta permanente en el Estado en el último año de cada gestión
Fue el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, quien en base a lo que viene sosteniendo Frigerio anticipó que esta iniciativa ingresada a la Cámara de Diputados busca ponerle fin “a los privilegios de la política en Entre Ríos”. ¿Pero qué propone el proyecto de Ley de Transición de Gobierno Provincial?
Según el texto, lo que se busca es establecer las bases para que el traspaso de mando entre las autoridades provinciales en funciones y las de un gobierno electo se concrete de un modo eficiente, transparente y ordenado.
Para ello, y en primer término, establece que el “período de transición” será el lapso temporal que se inicia el día de las Elecciones Generales para los cargos de Gobernador/a y Vicegobernador/a de la provincia y el día de asunción de las autoridades electas.
Durante este tiempo se pretende asegurar “una política de transición ordenada”, en la que -a través de criterios previamente fijados- las gestiones salientes y entrantes puedan intercambiar información relevada y sistematizada. El objetivo es “evitar la generación de obstáculos técnicos, administrativos y económicos que impidan un inicio eficaz de la nueva gestión”.
Prohibiciones
La parte más relevante del proyecto son las prohibiciones que establece el Artículo 5º y según el cual durante el último año calendario de gestión no se podrá designar personal en planta permanente, no se podrá realizar trasferencias de cargos en el ámbito de la propia Administración centralizada o descentralizada o entre los Poderes del Estado, ni realizar modificaciones en la situación de revista de los agentes.
Este punto viene generando polémica en el ámbito legislativo entrerriano, ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, revocó varios nombramientos que se hicieron en el último año de la administración de Gustavo Bordet. Fue la vicegobernadora, Alicia Aluani, quien esta semana confirmó que en el Senado también se están revisando los expedientes de nombramientos.
