La decisión de Ushuaia de prohibir las redes de comunicaciones 5G hasta que estudios científicos demuestren su inocuidad tanto para los seres humanos como para el ambiente, al tiempo que Gualeguaychú dio marcha atrás con la misma postura y habilitó la expansión de la infraestructura para esta tecnología, abre la discusión sobre la utilización de este tipo de tecnologías.
Martín Gendler (*)
Télam
Recientemente, el 5G ha sido foco de reflectores debido a la decisión del Consejo Deliberante de Ushuaia de prohibir la instalación de sus antenas “hasta que estudios científicos demuestren su inocuidad tanto para los seres humanos como para el ambiente”.
Así, Ushuaia se unió a otras cuatro ciudades argentinas que previamente habían decretado acciones similares como Capilla del Monte (Córdoba), Lechmann (Santa Fe), Azul (Buenos Aires) y Gualeguaychú (Entre Ríos), la cual recientemente ha revertido esta decisión.
Esta medida, tomada por una capital provincial que, a su vez, es centro turístico internacional, toma aún más importancia tras la subasta de espectro radioeléctrico llevada a cabo en octubre de 2023 que operó como puntapié inicial para el despliegue masivo del 5G.
De igual forma, la reciente anulación de la medida en Gualeguaychú también toma relevancia, especialmente por los argumentos esgrimidos, centrándose en la necesidad de las inversiones económicas que su instalación conlleva.
El 5G no es solo “otra generación de tecnología móvil”. Debido a su ínfima latencia y su posibilidad de interconexión de miles de máquinas y sensores, está proyectada para que sea la columna vertebral del paradigma 4.0, permitiendo un salto de escala en la implementación de la Inteligencia Artificial, cirugías en tiempo real, Internet de las cosas, realidad aumentada, sistemas ciberfísicos, robótica avanzada, entre otros.
LAS PROHIBICIONES Y SU HISTORIA. Es por ello que la prohibición de la instalación de antenas de tecnología 5G es un asunto complejo y que debe tratarse con cuidado, no solo por sus implicancias en torno a inversiones y puestos laborales, sino también por cierto riesgo de “desconexión” de aplicación de nuevas tecnologías, demoras a futuro y pérdida de oportunidades para sus habitantes.
Ahora bien, las prohibiciones en todas las ciudades principalmente apuntan a dos motivos: impactos negativos en la salud y en el ambiente. Desde las organizaciones que impulsan la medida se esgrime que es necesario que se demuestre la “total inocuidad” de las radiaciones de las antenas 5G para permitir su instalación. Esto refiere a posibles efectos negativos en el cuerpo humano como también en la flora, fauna e insectos.
Cabe destacar que las prohibiciones al 5G tienen un cierto historial: en 2019, cuando estas redes se encontraban en sus primeros pasos de pruebas y cuando aún no había estudios oficiales sobre sus impactos, varias secciones y ciudades de Europa y otras partes del mundo tomaron medidas similares. Desde entonces, y principalmente luego de 2020, se han desarrollado varios documentos al respecto por parte de la Organización Mundial de la Salud, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Comisión Internacional sobre Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), entre otros, logrando revertir muchas de las decisiones iniciales. Asimismo, otras ciudades y países accionaron no contra el 5G sino contra la tecnología de Huawei en función del boicot geopolítico encabezado por los Estados Unidos hacia los desarrollos provenientes de China.
De todos modos, cabe hacer una aclaración: hasta el momento ninguno de los estudios respecto del tema asegura que las ondas del 5G sean “totalmente inocuas”, sino que refieren a que no existe suficiente evidencia empírica acerca de que sus efectos sobre la salud humana sean perjudiciales. Asimismo, si bien se menciona que estas redes tendrían un mínimo impacto en el ambiente, tampoco se ha logrado determinar la “completa inocuidad” de las mismas.
En este sentido, quizás sea útil preguntarse por la “vara de inocuidad”. Cotidianamente convivimos con múltiples tecnologías, elementos y sustancias que no son totalmente inocuas y que, debido a eso, tienen advertencias/instrucciones de uso y/o instalación para que utilizarlas no sea perjudicial para sus usuarios o terceros. Eso refiere a que, pese a su “no total inocuidad”, se entiende que prohibirlas puede generar mayores problemas que permitirlas con ciertos reparos. Asimismo, todas ellas han sido acompañadas de estudios que han determinado estas características. Diferente es dejar una “libre aplicación” sin hacer estudios, sin tener en cuenta sus potenciales riesgos y sin crear un marco de advertencias, instrucciones y controles para mitigar estos efectos no deseados.
EJEMPLOS. El caso de Ushuaia, junto a las demás ciudades, puede ser una excelente ventana para que la cuestión de la salud y el impacto ambiental puedan ponerse en foco en los asuntos respecto del 5G, hasta ahora mayormente ausentes en nuestro país, especialmente en la reciente subasta de espectro radioeléctrico.
Como se mencionó previamente, existen estudios internacionales al respecto, dando la oportunidad de generar estos “marcos de precaución” para su instalación y ejecución, como también para organizar mecanismos de múltiples partes interesadas en su control. A su vez, por qué no, la oportunidad de realizar estudios interdisciplinares que puedan abordar estas cuestiones en nuestro país. Diferente a prohibir, diferente a instalar sin ningún tipo de reparos.
(*) Becario postdoctoral del Conicet y especialista en el desarrollo de redes 5G en el Cono Sur.
