María Alejandra Viola, Subsecretaria de Asuntos jurídicos de la Cámara de Diputados entrerriana aportó argumentos que sostienen la legalidad de las revocaciones de los pases a planta y recategorizaciones de personas que constan como agentes de la Cámara Baja.
En una entrevista mantenida con “Diputados Medios”, Subsecretaria de Asuntos jurídicos de la Cámara de Diputados entrerriana, María Alejandra Viola, respondió cuál fue la instrucción recibida por el Presidente de la Cámara de Diputados, en lo relativo al personal, al iniciar la gestión; qué situaciones se encontraron durante el proceso de análisis; qué criterios se aplicaron para las revocaciones y cómo afectan a los entrerrianos las irregularidades halladas.
“En línea con los procesos de transparencia -que propicia el señor gobernador, Rogelio Frigerio-, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, instruyó al equipo jurídico y contable para relevar todo el proceso de designaciones (nombramientos) y recategorizaciones, ocurrido en el último año de la gestión anterior en la Cámara de Diputados, con el fin de corregir situaciones irregulares que se pudieran haber dado”, explicó y agregó que “nos encontramos con escenarios diferentes unos de otros, que ameritaron un estudio caso por caso. Lo que nos llamó la atención, en primer lugar, fue que ninguna de las personas analizadas ingresó por concurso y, además, nos sorprendió la avanzada de nombramientos de funcionarios con cargos electivos o con cargos políticos que fueron pasados a planta permanente mientras se encontraban en cumplimiento de sus respectivas responsabilidades públicas en otras áreas, y recién el 10 de diciembre, arribaron a los cargos de los que jamás habían tomado posesión efectiva. Otras situaciones con las que nos encontramos fueron las recategorizaciones que se produjeron, sin tener en cuenta a las personas que venían haciendo carrera en el Estado”.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
“Desde el principio de la revisión de designaciones y recategorizaciones de la Cámara de Diputados, se tuvieron en cuenta criterios objetivos de valoración. Ese fue nuestro primer paso. De hecho, muchos de los agentes designados quedaron en sus cargos de planta, producto de esa evaluación objetiva que se hizo de cada caso”, destacó Viola.
El primer criterio fue si existían vacantes en la Institución, como son jubilaciones y/o fallecimientos para poder hacer nuevas designaciones. Otro, el desempeño de cada agente en revisión, es decir, si estaba trabajando efectivamente en la Cámara. Además, si contaban o no con contratos de servicios previos, si contaban con la asistencia y fichado correspondiente, y el uso de licencias. En este sentido Viola aclaró: “tengamos en cuenta que muchas de las personas incluidas en las revocaciones tenían licenciados sus puestos, por cargos políticos o electivos; por tanto, no ejercían el trabajo en la Cámara desde que se lo otorgaron”. Otro criterio que tomó el equipo de evaluación fue el lugar de trabajo al que estaban asignados los agentes.
IMPACTO
“Los primeros perjudicados son el resto de los empleados de la Cámara, que no ven justo que su trabajo de años de servicio no sea reconocido y que los ascensos no ocurran en base a la evaluación de la calidad laboral, la responsabilidad, el mérito y al esfuerzo cotidiano. Luego, como en toda la Administración, es central mejorar la calidad del gasto público, sin olvidar que se trata de la gestión del dinero de los entrerrianos que pagan sus impuestos”, manifestó la Subsecretaria de Asuntos jurídicos.
Más datos
En el período 2019 / 2023, se aumentó la planta permanente de cargos sin ninguna razón de servicio que lo justifique: de 116 a 171 agentes.
El primero de los decretos que fue revisado nombró 11 personas nuevas, cuando había en planta transitoria 16 que hubiesen tenido prioridad para una eventual designación.
El segundo decreto que se analizó dio cuentas de una diversificación en la modalidad y se designó a 5 personas más que eran planta permanente del Poder Ejecutivo, a quienes se los transfirió a la Cámara Baja.
El tercer decreto revisado nombraba a nueve agentes, seis por encima de las vacantes (por jubilaciones y fallecimiento).
