Tras el anuncio del vocero presidencial, referentes y exfuncionarios destacaron que la decisión sólo podrá concretarse por la vía por la cual fue creado en 1995. Aseguraron que es un “bastión fundamental” en la protección y promoción de los derechos humanos.
El Gobierno nacional anunció ayer que impulsará el cierre del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) como parte de la reducción de la estructura estatal que decidió el presidente Javier Milei, aunque referentes de la oposición advirtieron que la medida solo puede llevarse a cabo por medio de una Ley, la vía por la cual el organismo fue creado en 1995.
“Dijimos que lo íbamos a cerrar, incluso antes de ser diputados”, señaló, en un posteo hecho en la red social X, la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien recordó un mensaje que había publicado el 4 de enero de 2021 en la misma plataforma: “Hay que cerrar el Inadi. Creado por Ley durante el Gobierno de Menem, es una verdadera cueva de impresentables. Zaffaroni, Lubertino, Morgado, Donda fueron algunos de sus presidentes. Nunca representó al pueblo sino que sirve de herramienta de castigo de los progres. #CierrenElInadi”, concluyó en aquella ocasión.
También el subsecretario de Prensa nacional, Javier Lanari, se refirió a la decisión de cerrar el Inadi, una institución que, comentó “tenía más empleados que el Fuero Ordinario” de la Justicia porteña, donde “se investigan crímenes, violaciones y robos”.
“Cuenta con más de 40 oficinas en plena era digital. Ya no hay lugar para pagar favores políticos con cargos jerárquicos…”, escribió en su cuenta personal de la red X.
La intervención del organismo
El anuncio oficial se conoció un día después de que el Gobierno prorrogara por 180 días la intervención del Inadi y nombrara a María Quiroga al frente del organismo.
La medida fue oficializada este miércoles por medio del decreto 167/2024, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La intervención del Instituto había sido dispuesta en junio de 2011 y prorrogada a través del Decreto 15/2023.
El Inadi fue creado en 1995, durante el gobierno de Carlos Menem, por medio de la Ley 24.515 y su primer director fue el periodista Víctor Ramos.
Al comienzo funcionó en el ámbito del Ministerio del Interior, pero luego fue traspasado a la órbita del de Justicia y Derechos Humanos.
Los trabajadores del Inadi habían impulsado una petición en la plataforma Change -que reunió unas 15.000 firmas- para que no se cerrara el organismo.
“El funcionamiento del Inadi tiene su basamento en el cumplimiento de compromisos internacionales que la República Argentina asumió; el respeto y la promoción de los derechos humanos es un compromiso de todas las personas y es responsabilidad del Estado Nacional”, dijeron en la petición y destacaron que desde el año 1997 el organismo “ha trabajado incansablemente para promover la creación e implementación de políticas así como planes destinados a eliminar todas las formas de discriminación”.
Reacciones
Greta Pena, quien estuvo a cargo de la intervención del Instituto entre enero y diciembre de 2023, recordó que el Instituto fue creado “luego de los dos grandes atentados terroristas” sufridos en el país y que tuvieron como blanco la Embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cometido el 18 de julio de 1994. ataques que dejaron un saldo de más de un centenar de muertos.
Pena, en declaraciones al canal C5N, mencionó que el cierre del Inadi estaba incluido entre las reformas que el Gobierno presentó como parte de la llamada Ley Bases, cuyo tratamiento en particular fracasó en la Cámara de Diputados semanas atrás, y afirmó que “para cerrarlo es necesario derogar la ley”.
Por su parte, Victoria Donda, ex interventora del organismo, destacó en declaraciones al diario Perfil que, si pretende cerrar el Instituto, el Gobierno “debería recurrir a otra Ley si es que cree un poquito en la democracia”.
En el mismo sentido, el diputado nacional Esteban Paulon, del Partido Socialista de Santa Fe, indicó que “el Gobierno no puede tomar unilateralmente” la decisión de cerrarlo si no es por medio de una Ley, e instó a que las “organizaciones defensoras de derechos humanos deben alzar la voz para evitar este atropello inadmisible”.
El presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, opinó que con la decisión de cerrar el Instituto “el gobierno de Milei va camino a ser el más discriminador, xenófobo y racista de la historia democrática” y expresó su “repudio absoluto a esta decisión”.
En tanto, ATE de la ciudad de Buenos Aires calificó la decisión de “inaudita” y ponderó el rol del instituto al considerarlo “un organismo de carácter federal que cuenta con delegaciones en todo el país”.
El rechazo de la DAIA y otras ONGs
Por su parte, organizaciones sociales, intelectuales y ex funcionarios del Inadi manifestaron su preocupación por el “cierre definitivo” del organismo anunciado por el Gobierno nacional y aseguraron que es un “bastión fundamental” en la protección y promoción de los derechos humanos en el país.
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) publicó en su cuenta de la red social X que “la discriminacón en la Argentina es un problema que sufren diversos colectivos. Por eso la DAIA, junto a otras organizaciones, impulsó hace casi tres décadas la creación del INADI, un verdadero ejemplo en el mundo”. “La decisión de cerrarlo, atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad que es ejemplo a nivel mundial”, afirmó.
Ante el anuncio, Andrea Rivas, presidenta de la Asociación Familias Diversas De Argentina (AFDA) e integrante del Frente Orgullo y Lucha, que reúne a decenas de organizaciones LGBTINB+, resaltó que “el Inadi tiene un rol fundamental en la valoración del pluralismo social en el país y en la protección de los derechos de toda la población” y dijo que “hay personas que son discriminadas todos los días por su color de piel, si son migrantes, su religión o su clase social”.
Manu Mireles, cofundadora y secretaria del bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, opinó que “el cierre implica atentar contra la democracia y la garantía de los derechos humanos”.
Ornella Infante, dirigente del movimiento Evita y ex directora de Políticas contra la Discriminación del Inadi, sostuvo que el organismo “supo ser el oído fundamental para aquellos y aquellas que no éramos escuchados por nadie, incluso para quienes éramos detenidas y torturadas por leyes que venían de la época de Onganía”. “Es muy preocupante porque el Inadi es el segundo en América Latina y el Caribe, solo México tiene un organismo que lucha contra la discriminación y nuestro país es de avanzada en materia de derechos humanos justamente porque el instituto fue un bastión fundamental para ello”, afirmó.
