La decisión de la jueza Gabriela Teresita Mestaglia fue anunciada ayer en la audiencia de amparo ambiental colectivo promovido por un grupo de vecinos contra la Municipalidad de Paraná y la Firma Tres E. Los amparistas pretenden el traslado del depósito de chatarra.
La jueza de la Sala I Cámara II en lo Civil y Comercial de Paraná, Gabriela Teresita Mastaglia, dispuso ayer que el viernes 1º de marzo, en horario a definir, se realice una pericia en el predio donde funciona la firma Tres E, más conocida como Depósito Todoni. Fue en el contexto de la audiencia de amparo ambiental colectivo que promueven un numeroso grupo de vecinos que instan el traslado del emprendimiento hacia otro lugar.
Los amparistas pretenden “el resguardo del derecho a un medio ambiente sano por sí y por los habitantes de la zona, estando centrada su pretensión en los efectos comunes de aquella actividad; siendo el medioambiente un bien colectivo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 LPC, 56 Constitución Provincial, 41 de la Constitución Nacional y 4 del Anexo I y 2 y sucesivos del Anexo II del Reglamento del Registro de Procesos Colectivos del Superior Tribunal de Justicia”. La decisión de la jueza se dio en el marco de las actuaciones caratuladas “Barsanti, Liliana Beatriz y otros c/ Municipalidad de Paraná y otro s/ Acción de Amparo (Colectivo)”.
Mastaglia propició una conciliación entre las partes y en ese sentido consultó a los representantes de la Municipalidad de Paraná si tenían instrucciones para formalizar una salida al conflicto. Los funcionarios indicaron que aún no se conformó la integración de la Comisión Municipal de Desarrollo, un organismo público privado, que quedaría conformado el viernes cuando se realice la primera sesión en el Consejo Deliberante. Así, tras dejar en claro que la comuna está en conocimiento de la conflictividad ocasionada por la ubicación de la firma en zona residencial y por el crecimiento de la actividad, manifestaron que por el momento no podían comprometerse a nada.
Mastaglia consultó a los funcionarios sobre la posibilidad de contar con terrenos públicos vacantes para el posible traslado del emprendimiento. La respuesta fue que aún no hay con los requisitos que exigen las normativas ambientales para la radicación de una actividad de aquella naturaleza. En el mismo sentido se puso a consideración de las partes la posible radicación en el Parque Industrial, lo que en principio no procedería porque la actividad de la firma no es productiva.
POSTURAS. La representante de la firma, Romina Elizabeth Todoni, expresó que desde la empresa se hizo todo lo posible por llevarse bien con los vecinos, añadió que son un grupo minoritario e intransigente los que instan el traslado, precisó que la firma tiene entre 30 y 40 años de actividad, y concluyó manifestando que no hay voluntad de encontrar soluciones por parte de aquel grupo de vecinos.
EL PROCEDIMIENTO. Con las posturas sin moverse de su posición inicial, la jueza puso a consideración de las partes los puntos de pericia que deberá responder el perito, licenciado en Gestión Ambiental, Eduardo Chávez, que también tendrá a su cargo indicar a profesionales especializados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o del Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos (Prinarc), de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), qué muestras deben tomar. Con los resultados de los puntos de pericia y de las muestras, la jueza estaría en condiciones de resolver el conflicto ambiental.
