Un especialista en la materia, Alberto Binder, cuestionó la llegada de las FFAA a Rosario para combatir el narcotráfico. “El mayor error es militarizar, es el escenario más cómodo para las organizaciones criminales”, aseguró, al criticar el oportunismo y la falta de políticas integrales para abordar una problemática tan compleja. Binder es el titular del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia y asesor del cambio en el sistema penal en Santa Fe.
El procesalista Alberto Binder, titular del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia y asesor fundamental del cambio en el sistema penal en la provincia de Santa Fe, se pronunció en forma muy crítica sobre la posible presencia de las Fuerzas Armadas en Rosario para controlar la violencia. “Hace años que no nos tomamos en serio la prevención, la disuasión y la persecución penal de los dueños de los mercados de drogas, de sus redes de apoyo (empresariales, profesionales, políticas) y de quienes los encubren permitiendo que se financien campañas electorales o se hacen los distraídos a la hora de controlar el flujo de dinero”, señaló, no sin subrayar que “no sólo es un grave error, sino que, además, en nuestro país se realiza de un modo superficial, electoralista, repleto de bravuconerías patéticas (como las fotos que se están pagando caro) y carente de toda información creíble”.
Binder fue asesor de los gobiernos de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, a través del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales. En las últimas horas, en un comunicado que firmó juntamente con el vicepresidente de esa entidad, Santiago Fernández, fijó posición sobre la situación de la violencia en Rosario.
Binder es asesor de proyectos de reforma judicial en diversas provincias argentinas y países de América Latina. Además, es profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires, abogado y doctor en Derecho por esa misma universidad.
En su página oficial, el Ilsed detalla que la fundación fue creada en 2004 con la misión de contribuir a la consolidación y al fortalecimiento del Estado de Derecho en los países de América Latina y del Caribe a través del trabajo en los campos específicos vinculados a la política de seguridad, de inteligencia y de defensa.
El comunicado del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales, titulado De mal en peor, expresa lo siguiente. “No es un buen momento para sentar posturas cuando las muertes son recientes, pero lo que se encuentra en juego en nuestro país es de una importancia tan grande que no podemos dejar de hacerlo. No se trata únicamente de Rosario, se trata de la deriva improvisada y superficial de toda la política sobre narcotráfico en nuestro país desde hace mucho más de diez años”.
La dirigencia política se hizo cargo de la política de seguridad, pero lo ha hecho mal: ha primado el oportunismo, la demagogia fácil, la falta de ideas y preparación
“Ahora se comete el mayor error de todos, aquél que otros países han pagado y están pagando caro. Se pretende militarizar (no sólo por la presencia ilegal e inconveniente de las Fuerzas Armadas) y declarar la guerra al narcotráfico, olvidando que ese es el escenario donde las organizaciones criminales y sus sicarios sin límites se sienten más cómodas”.
“No sólo es un grave error, sino que, además, en nuestro país se realiza de un modo superficial, electoralista, repleto de bravuconerías patéticas (como las fotos que se están pagando caro) y carente de toda información creíble. A los pocos días de asumir, un funcionario ya comunica que se ha bajado el delito en porcentajes altísimos. La medida elemental de tomar el mínimo control sobre ciertos pabellones de la cárcel se anuncia como si fuera el resultado de un esfuerzo gigantesco. Se pretende que la realidad va a cambiar porque a los narcotraficantes les digamos terroristas. Todas sandeces mayúsculas que ocultan una triste y peligrosa realidad”.
“Hace años que no nos tomamos en serio la prevención, la disuasión y la persecución penal de los dueños de los mercados de drogas, de sus redes de apoyo (empresariales, profesionales, políticas) y de quienes los encubren permitiendo que se financien campañas electorales o se hacen los distraídos a la hora de controlar el flujo de dinero”.
Escenarios
El documento avanza sobre otros asuntos. “Cansa repetir siempre lo mismo, el descuido por la organización y modernización de la policía de investigaciones, la falta de una inteligencia criminal organizada e institucionalizada, la liviandad con que trabaja la Justicia Federal (casi sin condenas en Santa Fe, en relación al volumen de casos) y su morosidad aplastante, la falta de plazas para una verdadera política de desintoxicación, la ausencia de una verdadera prevención de esas mismas adicciones, la falta de conocimiento sobre el volumen del mercado de drogas, la descoordinación entre las autoridades municipales, provinciales y federales, la falta de profesionalismo de las policías y su desfinanciación, la poca transparencia de la cooperación internacional, la debilidad del control de los puertos y las fronteras y así podríamos seguir con listados que todo el mundo conoce, pero que no se llevan adelante, porque supuestamente los funcionarios están preocupados por la ‘urgencia’”.
“Digámoslo con todas las letras, el mercado de drogas es un negocio inmenso, con múltiples patas, que no se quiere desarmar”.
“Hace muchos años propiciábamos que la dirigencia política se hiciera cargo de la política de seguridad, como parte de sus deberes en una democracia moderna. Hoy debemos decir con pesar que lo ha hecho mal: ha primado el oportunismo, la demagogia fácil, la falta de ideas y preparación; en fin, otra de las deudas pendientes”.
“No se trata de Rosario, que hoy sufre. Se trata de que en todo el país seguimos haciendo las cosas muy mal y eso no se encubre ya con unos cuantos policías federales -dicen que menos de los que consume la seguridad de un clásico de fútbol- y unos pocos camiones ‘militares’ transportados penosamente al son de una marcha distorsionada”.
“¿Es posible cambiar esta terrible realidad? Sí, pero no de esta manera y tampoco tratando de sacar rédito político inmediato, o declarando emergencias que sólo habilitan decisiones grandilocuentes y compras sin control”.
“Hace falta un conjunto de dirigentes políticos que tomen las decisiones de fondo, con premura, como una respuesta estructural a la urgencia, y que establezcan con fortaleza y coraje el rumbo que no abandonaremos a los pocos meses, aunque sepan que recién veremos resultados dentro de unos cuantos años”.
“Hablarle claro a la población es el mínimo respeto que exige el dolor de las víctimas”.
