La serie de proyectos busca ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas. También se anunció el aumento de penas para quienes participen en manifestaciones, la creación de la Ley Antimafia y la modificación de aristas de legítima defensa.
Los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) anunciaron ayer un paquete de leyes que incluirá, entre otros puntos, una normativa para instrumentar penas de prisión para los organizadores de piquetes y bloqueos. También, la modificación de la Ley de Seguridad Interior para modificar el rol de las Fuerzas Armadas.
Las modificaciones ya habían sido presentadas en la Ley Ómnibus, que el oficialismo presentó al inicio de la gestión pero no logró motorizar en el Congreso. Por ello, desde Casa Rosada decidieron avanzar de nuevo con estas iniciativas, pero esta vez en un paquete mucho más acotado.
SEGURIDAD INTERIOR. Para el gobierno es necesario modificar esta ley que “se basaba en dos supuestos”, que “las FFAA dan apoyo y ayuda a las fuerzas policiales” y que pueden intervenir “cuando se declara el estado de sitio”. Por estas razones, la propuesta que presentarán para que debata el Congreso plantea la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas de seguridad interior. “En patrullajes, control de personas, vehículos, instalaciones y aprehensión en flagrancia y que también puedan usar medios coercitivos, pero con las mismas normas que regulan a las fuerzas de seguridad. Sus acciones no van a ser punibles porque van a ser consideradas en cumplimiento del deber”, detalló.
ACCIONES CONTRA MANIFESTACIONES, MARCHAS Y PIQUETES. De manera puntual, se buscará modificar el artículo 194 del Código Penal, que amplía las acciones tipificadas para especificar que la pena para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas” será de uno a tres años y seis meses de prisión.
Según el proyecto original, que ahora se buscará reflotar, se aclara además que si el acto se hace “portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.
Asimismo, se buscará crear la figura penal para “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad”, los cuales “serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe”.
Esta condena aumenta hasta seis años si se lleva adelante “mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”.
Además, se cambia el delito de resistencia a la autoridad para remarcar que “será reprimido con prisión de uno a tres años y seis meses el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, mientras estuviere cumpliendo sus funciones”.
LEY ANTIMAFIA. Durante su presentación, Bullrich detalló otras modificaciones para enviar al Parlamento, como la creación de la ley Antimafia o contra organizaciones criminales. “El hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellos que participan de una organización y que son los que cometen distinto tipo de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal”, señaló la ministra.
También detalló la modificación en el registro de ADN. “Hoy en Argentina funciona para los condenados por delitos sexuales. (Ahora) Cada uno de los delincuentes que entren en una dependencia policial, que comience con una imputación, se le va a hacer una prueba de ADN y va a estar en un sistema que nos ha donado el FBI. No solo sirve para imputar, sino para desvincular a personas inocentes de una investigación”, aclaró.
Bullrich aseguró que también se buscará terminar con la ley reiterancia. “Acá sumamos la figura de la reiterancia, que ya está en Mendoza desde hace mucho tiempo. Reiterás el delito y vas preso. (…) Con esto cortamos con la impunidad que siente la gente”.
LEGÍTIMA DEFENSA. Otra iniciativa será modificar la ley de legítima defensa. “También se contempla el caso de que dispara mientras se va alejando del que se defiende. Las fuerzas de seguridad tienen que perseguir al delito y al delincuente, es obligación defender a la sociedad de los delincuentes, y si los dejan libres sabiendo que están armados es incumplimiento del deber”, sostuvo la ministra.
