Nuevo foco de conflicto entre Nación y provincias por las cajas jubilatorias. Están frenadas las transferencias desde enero y las provincias demandan normalizar la situación. Las claves del conflicto.
El Gobierno y las provincias atraviesan otro frente de tormentas como consecuencia del freno a las transferencias a las cajas jubilatorias especiales. La próxima reunión entre funcionarios nacionales y gobernadores, prevista para el jueves 4 de abril, llega así con un nuevo foco de tensión. Es que por DNU, el gobierno de Javier Milei frenó los giros que la Anses le realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas.
Desde la asunción de Milei esas transferencias no se realizan y venían siendo reclamadas.
La decisión derivará en nuevas presentaciones judiciales: ya hay distritos que en otras oportunidades llegaron a la Corte Suprema de Justicia.
Las partidas para las cajas no transferidas están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno a provincias de distintos signos políticos: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes. Hasta diciembre pasado, estas provincias venían recibiendo las partidas sin actualizar, incumpliendo la ley.
Desde enero, la Casa Rosada no les giró ni un peso más, ni siquiera a valores históricos, con lo cual hay deuda acumulada respaldada por una ley. Los mandatarios de las jurisdicciones afectadas están dispuestos a ir a la Justicia por el tema.
Las partidas para las cajas no transferidas están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando se alcanzó un acuerdo entre Nación y provincias.
Desde 2023, se estableció que se actualizarían en función de la movilidad jubilatoria, lo que nunca se cumplió.
CAMBIOS POR EL DNU. El miércoles, por el DNU publicado en el Boletín Oficial, se eliminaron varios artículos de la Ley de Presupuesto (27.701) de 2023, prorrogada para este año, y cayó también este esquema.
Desde que asumió Milei, se cortaron estas transferencias. No solo no se realizaban actualizadas, sino que directamente no se hacían. El impacto es fuerte para las finanzas provinciales: lo que no pone la Nación lo deben aportar los tesoros provinciales.
El pago de la deuda acumulada por falta de actualización era un punto que, en el inicio de la gestión libertaria, los gobernadores pidieron resolver como forma de descomprimir tensiones, pero no fue aceptado.
Cuando el cordobés Osvaldo Giordano estuvo a cargo de Anses por 75 días planteó usar una parte de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) para cancelar esa deuda con los sistemas previsionales en manos de provincias: eran US$5.600 millones. Pero la propuesta no fue aceptada.
En la gestión de Macri se acordó que aquellas provincias que no transfirieron los regímenes previsionales a la Nación recibirían los mismos recursos que le costaría al sistema central si los tuviera bajo su órbita. De esta manera, dejó de exigirse la “armonización” que había sido un punto de conflicto durante la gestión de Cristina Kirchner.
Como en todo sistema previsional, sin importar la órbita en que esté, para que el rojo no crezca, debería haber más empleados públicos, lo cual es un contrasentido.
Si los gobiernos provinciales son más eficientes, hay más brecha entre aportantes y pasivos. Si no median reformas previsionales, el gasto jubilatorio será creciente.
Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la relación entre aportantes y beneficios es de 3 a 1 en la Patagonia; de 4 a 1 en Misiones, y menos de dos por cada prestación en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Formosa.
Santa Fe analiza judicializar esta medida
El secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de eliminar los anticipos de pagos a las cajas de jubilaciones administrados por 13 provincias, que complica la liquidación de los haberes, y anticipó que la provincia evalúa judicializar la medida.
El funcionario, parte del equipo del gobernador Maximiliano Pullaro, planteó que el decreto responde a “otra trastada del presidente” y puntualizó que “mientras Milei convoca al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley (no discrecionales) a las Cajas Jubilatorias de 13 provincias”.
Boasso hace referencia al DNU publicado en el Boletín Oficial el pasado miércoles, en el que el Gobierno instrumentó la decisión de dejar sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023.
La modificación se hace sobre las transferencias de ANSES “antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas” y que los anticipos mensuales deben realizarse en base a “las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”.
IMPACTO. Al igual que en Santa Fe, la medida impacta en la provincia de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes.
En una entrevista a La Capital de Rosario, el ministro provincial aseguró además que el DNU configura “una apropiación indebida de fondos”.
En sintonía con lo expuesto por Pullaro, el máximo referente de la seguridad social reclamó que “Nación le debe a Santa Fe alrededor de 700 mil millones de pesos”, y remarcó: “imagínense los santafesinos las obras que se podrían encarar con 700 mil millones”.
“Hay que terminar con el unitarismo y construir un país federal en serio”, pidió, al tiempo que postuló la necesidad de “aprobar urgente una ley de coparticipación inversa, es decir que recauden municipios y provincias y después coparticipen a la Nación”.
Por último, aseveró que “las Cajas de jubilaciones no son casta” sino “los aportes de los trabajadores durante su vida laboral” y advirtió que la provincia analiza recurrir a la vía judicial para frenar el recorte.
