El defensor público Gaspar Reca realizó un fundamentado alegato en la asistencia de uno de los imputados en la causa que investiga el supuesto pago de sobornos a ex funcionarios públicos en la licitación y adjudicación de un sistema de software para la Administración Pública provincial. Cuestionó con solidez la evidencia de cargo de Fiscalía y pidió el sobreseimiento de Miguel Ulrich.
En la continuidad de la audiencia de remisión a juicio de la causa que investiga al ex gobernador, Sergio Urribarri; al titular de la firma Relevamientos Catastrales SA, Diego Armando Cardona Herrero, y ex funcionarios de las gestiones del ex mandatario, primero como ministro de Gobierno de la última gestión de Jorge Busti y luego como dos veces gobernador de la provincia, la Defensa Pública hizo temblar los fundamentos de la evidencia en la que los fiscales, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, sostuvieron el pedido de remisión a juicio y adelantaron las posibles penas que solicitarán en el hipotético juicio. La audiencia retoma el martes 9. Restan alegar las defensas de Urribarri y Cardona Herrero.
DETALLES. Según informó APF Digital, Reca solicitó el sobreseimiento de su asistido, Miguel Ulrich, que aún sigue desempeñándose en la Dirección de Ajustes y Liquidaciones de la provincia. El defensor precisó que Ulrich ingresó a la Administración Pública en 1993, durante una de las gestiones de Busti, y asumió en la Dirección en 2003, comprendiendo su trabajo las gestiones de Urribarri, Gustavo Bordet, y actualmente, la de Rogelio Frigerio.
La Defensa Pública entendió que “agotadas las tareas investigativas Fiscalía no cuenta con evidencia con base suficiente para remitir la causa a juicio”. Recordó que Ulrich fue sobreseído por resolución del juez de Garantías, Mauricio Mayer, acto que fue revocado por el Tribunal de Juicio y Apelaciones, decisión que a su vez fue atacada por la defensa y está pendiente de resolución el Recurso de Queja Directo que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Al igual que el coimputado en esta causa, Guillermo Smaldone, que se representa a sí mismo, la Defensa Pública criticó que a Ulrich se lo involucra en esta investigación a partir de evidencia que se recabó en otra causa. Se trata de la que investiga a Urribarri y allegados por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito. En este sentido, la defensa entendió que constituía una “razón para declarar inválida” la evidencia obtenida en un legajo ajeno a Ulrich para ser incorporada en este, sosteniendo los cargos, sin que se haya notificado al imputado y al juez de Garantías, director del proceso que vela por el cumplimiento de las normas procesales en aquella instancia, para que realicen el correspondiente control de la evidencia que se produce. Sostuvo que se trató de una “doble omisión” que afectó las garantías de defensa y de debido proceso.
Reca sostuvo que la participación delictiva que se le atribuye a su asistido es “equivocada”. A Ulrich se le endilgan dos hechos de los seis que se investigan. Uno es haber propiciado una “adenda” o pròrroga de la licitación madre u originaria, que estribaría en que “la falsificación de las fechas en los actos administrativos mencionados permitió que la prórroga de ocho meses, se compute a partir de diciembre de 2009, cuando en realidad la prórroga de la contratación se había comenzado a gestionar en enero 2010; logrando así la empresa y los funcionarios intervinientes, percibir ganancias por meses que no implicaron contraprestación alguna”.
El defensor argumentó, con un detallado y preciso relato de las vicisitudes que surgieron con la decisión de la Administración Pública de cambiar el sistema de registro de un área tan sensible de cualquier gestión, como es la liquidación de sueldos, de la que precisó que comprende entre el 60 y el 65 por ciento de los fondos tributarios totales; que no se trató de una “contratación ficta, simulada o fraudulenta que no tuvo el propósito de nuevas tareas, sino que se hizo para sustraer fondos públicos”. En este sentido, sostuvo que se trató de la adquisición de un sistema complejo que permitió “controlar la sangría enorme por liquidaciones incorrectas, con la enorme trascendencia que aquello tiene para el presupuesto provincial”.
MÁS DATOS. Urribarri, fue imputado de que en su calidad de Ministro de Gobierno primero, y luego como gobernador de Entre Ríos, desde enero de 2007 aproximadamente, con el fin de generar un lucro ilícito para sí mismo y para Cardona Herrero, con el que lo unía un estrecho vínculo de amistad; se interesó en favorecer a la firma propiciando su contratación para desarrollar e implementar en la provincia, un software para la Administración Pública. En este hecho habrían participado, en carácter de vínculos con Cardona Herrero, los ex funcionarios Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ángel Ulrich, director General de Ajustes y Liquidaciones; Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; y Humberto Flores, secretario de Hacienda de la Provincia.
