Hasta el año pasado, los incrementos estaban controlados por el Ministerio de Salud o la Superintendencia y con aumentos tope según cada caso. Pero el DNU del presidente Javier Milei modificó el marco.
Luego de permitir los aumentos indiscriminados en las cuotas, con la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 del presidente Javier Milei que desreguló el sector de la medicina privada, ahora el Gobierno prometió que implementará medidas contra los incrementos dispuestos por las prepagas.
Así lo informó durante la conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni, aunque sin dar precisiones sobre ninguna de esas presuntas medidas.
“Nosotros no somos pro empresa, somos pro mercado. Trabajamos por mercados libres y dentro de esos mercados libres, queremos que la gente tenga las mejores alternativas y calidad en bienes y servicio”, comentó.
En la misma línea, agregó que “si eso no ocurre, por prácticas que sospechamos que giran en torno a una cartelización, vamos a tomar medidas. Estamos evaluándolas, cuando ocurra las vamos a comunicar”.
Durante el anuncio en Casa Rosada, el portavoz dejó entrever que la intervención “no solo pasa por laa prepagas”. Enseguida subrayó: “Con las cosas que se corran y sean abusivas por cuestiones de cartelización, vamos a tomar cartas en el asunto”, aunque solo llegó a advertir que “no se va a seguir cartelizando”.
DETALLES. Hasta el año pasado, las prepagas aumentaban cuando lo estipulaba el Ministerio de Salud o la Superintendencia y con aumentos tope según cada caso. De hecho, la Superintendencia tenía la autoridad de regular los aranceles cobrados a los usuarios y de establecer montos mínimos a pagar a los prestadores. Además, un decreto de 2022 regulaba un incremento escalonado de las cuotas de las prepagas.
Pero el 20 de diciembre de 2023, Milei anunció en cadena nacional la “modificación del marco de regulación de la medicina prepaga y las obras sociales”, la “eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga” y la “incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales”, por lo que las empresas quedaron en libertad de aumentar lo que quieran, sin ningún tope ni control. Así, lo único que sigue como regulación en los precios es la existencia de aranceles diferenciales para planes con distintas prestaciones.
Con un 8% de aumento de la cuota de abril, las prepagas acumulan en cuatro meses 114 por ciento, contra no más del 53 por ciento de inflación entre la de enero y la estimada para marzo.
El argumento que dan es que están compensando la pérdida del año pasado, con los precios regulados por el Estado, cuando los planes de salud fueron autorizados a subir 134% en los doce meses contra 211,4% que cerró la inflación.
Además, esgrimen un estudio según el cual el 86% de los trabajadores no alcanza a cubrir la mensualidad con sus aportes.
Desde que las empresas de medicina privada quedaron liberadas para fijar el monto de las cuotas que les cobran a los afiliados, a partir del mega-DNU lanzado por el Gobierno que aún no fue homologado por el Congreso, en distintos juzgados se dictaron medidas cautelares para volver atrás esos incrementos y que sean relacionados con la evolución del Índice de Precios al Consumidor o con índices salariales.
En las últimas horas, el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurara que “las prepagas le estaban declarando la guerra a la clase media”.
AUMENTA LA PRESIÓN. El Gobierno evalúa iniciar acciones legales incluso antes de que se expida la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que investiga una supuesta colusión (cartelización) para aumentar precios.
Esa estrategia oficial plantea dos caminos posibles: presentar una denuncia o un recurso de amparo contra las prepagas. Esto elevaría aún más el tono de enfrentamiento entre el Gobierno y las empresas, dado que la instancia de la CNDC es de carácter “administrativa”, tal como describen.
MÁS REPERCUSIONES. Desde las empresas de medicina privada aseguran que no tienen comentarios, aunque en relación a la investigación desarrollada desde la CNDC habían respondido: “Confiamos que no hubo colusión”.
Desde la Secretaría de Comercio comentaron que la Comisión tendrá que dictaminar si hubo una violación a la ley 27442 de defensa de la competencia, que estipula sanciones tales como multas económicas y resoluciones para revertir “efectos distorsivos”.
