Tras el asesinato de Urquiza, el 11 de abril de 1870, el Gobierno de la provincia quedó acéfalo. Tres días después, la Legislatura, en acuerdo a lo establecido por la Constitución Provincial de 1860 designó gobernador a Ricardo López Jordan (hijo). El nombramiento marcó el fin de una etapa y el comienzo de un convulso período en Entre Ríos, signado por la disputa con el gobierno de la Nación.
En el salón de los Gobernadores de la Casa Gris, sede del gobierno de Entre Ríos, el cuadro de Ricardo López Jordán (hijo) sufrió un reiterado sube y baja según los sesgos interpretativos de nuestra historia. Para unos fue gobernador, para otros no lo fue o no mereció el cargo. Sin embargo está el rostro de Antonio Crespo (1844-1854) que no lo fue propiamente sino el sustituto de Urquiza durante sus ausencias. En tanto no se encuentra Cipriano de Urquiza (1842-1844) que ocupó el mismo cargo de Crespo.
El hecho incontrastable es que López Jordán fue designado en 1870 en el cargo de gobernador para completar el mandato tras el asesinato de Justo José de Urquiza el 11 de abril de ese año.
Para el relato de los hechos y su interpretación contamos con los documentos que se pueden consultar, entre otros lugares, en el Archivo General de la provincia.
La muerte de Urquiza dejó acéfalo el gobierno de Entre Ríos por lo que inmediatamente el presidente de la Legislatura Fidel Sagastume se hizo cargo interinamente y convocó a sesión para designar al ciudadano que debía completar el periodo de gobierno según lo establecido por los artículos 37 y 38 de la Constitución provincial sancionada en 1860 que contemplaba el caso e indicaba el procedimiento a seguir.
La cita textual de la ley suprema entrerriana vigente en esa época indica que “en caso de imposibilidad física o mental, renuncia, suspensión, deposición en juicio o muerte del Gobernador, la Cámara procederá a elegir un provisorio inmediatamente.” Y agrega: “Mientras esta elección no tuviese lugar, asumirá el mando el Presidente de la Cámara por un término que no podrá exceder de un mes.”
LA DESIGNACIÓN
Reunida la Legislatura con la presidencia de Antonio Zarco eligió gobernador a Ricardo López Jordán (h) “para terminar el período que faltaba al anterior”. Los únicos legisladores que votaron en contra fueron Antonio Zarco y Ramón Febre.
La elección se produjo el 14 de abril y ese mismo día el nuevo gobernador prestó juramento, nombró ministros a Pedro Lucas Funes y Juan A. Mantero y luego, en reemplazo del primero que renunció, a José V. Díaz y más tarde, en substitución del segundo que también dimitió, al médico Carlos M. Querencio.
Al momento de jurar López Jordán habló ante la Legislatura sobre su acción futura y sostuvo que “he deplorado que los patriotas que se decidieron salvar las instituciones, no hubiesen hallado otro camino que la víctima ilustre que se inmoló, pero no puedo pensar en una tumba cuando veo ante mis ojos los hermosos horizontes de los pueblos libres y felices”. Escribe Aníbal S. Vázquez –Caudillos Entrerrianos. López Jordán- que “Contradiciendo afirmaciones en contrario, en momento alguno, ni antes, ni ahora, ni después (López Jordán) declaró su responsabilidad por el asesinato de su antecesor.
LA INTERVENCIÓN ARMADA
El gobierno nacional, presidido por Domingo Faustino Sarmiento, ese mismo día había ordenado la creación de un ejército de observación para vigilar las costas del río Uruguay, expresando en los considerandos del decreto la necesidad de hacerlo por “que los revolucionarios de la República Oriental del Uruguay (…) se dirigen precipitadamente a las márgenes” opuestas, coincidiendo con este suceso, sospechoso de algún designio secreto, la muerte del gobernador de Entre Ríos en su palacio de San José, por una banda armada en que figuraban asilados orientales y con el hecho de que se desprendían constantemente de la provincia grandes grupos para perturbar la paz del estado vecino, etc. En la práctica era una intervención militar de la provincia, aún antes de conocerse el nombre de quién sería designado para reemplazar a Urquiza.
Para la tarea fue nombrado jefe de este ejército el brigadier general Emilio Mitre. Por otro decreto, del 19 de abril, el general Emilio Conesa asumió la jefatura del ejército de observación sobre el río Paraná.
La legislatura provincial autorizó al gobernador a reprimir lo que consideraba un atropello de la autonomía provincial.
El 16 dos barcos de guerra en que viajaba la tropa del Ejército de Observación llegaron a la embocadura del río Gualeguaychú. De ahí, Emilio Mitre dirigió un oficio al gobernador López Jordán requiriéndole informes sobre el estado de la provincia, quien lo remitió a la Legislatura manifestando que aquel había detenido la marcha porque una comisión de vecinos se anticipó a significarle la gravedad que importaría su desembarco, ya que la población vivía en paz y que se había conjurado la crisis institucional provocada por la revolución y la violenta desaparición del gobernador Urquiza.
El 17, el gobernador López Jordán contestó al general Mitre diciéndole que la revolución iniciada el día 11 había terminado el 14 con su elección gubernativa, lo que había comunicado al Poder Ejecutivo de la Nación; que los poderes públicos estaban funcionando con toda regularidad; que deploraba las medidas adoptadas por el gobierno nacional merced a informes apasionados, alterando la tranquilidad del departamento Gualeguaychú. Terminó diciendo que “Entre Ríos no aspira más que a obtener los beneficios de la paz en el reinado absoluto de la Constitución y que nada será bastante a desviarlo de los propósitos manifestados al pueblo”.
DESEMBARCO EN GUALEGUAYCHÚ
En medio de estas negociaciones, el jefe del titulado Ejército de Observación, desembarcó con sus tropas en Gualeguaychú.
López Jordán informó lo acontecido a la Legislatura y reiteró su voluntad de defender la autonomía de la provincia como el propio cuerpo legislativo había autorizado el 17 abril. Conocida por el gobierno nacional esa decisión dictó un decreto acordando “que D. Ricardo López Jordán y todas las personas que con él se han alzado públicamente y en abierta hostilidad contra el Gobierno Nacional son reos de rebeldía contra la Nación y deben ser perseguidos.”
El gobernador intentó solucionar el diferendo por medios pacíficos y a comisionó Onésimo Leguizamón y Clodomiro Cordero para iniciar gestiones de paz. No hubo acuerdo y se desató una nueva tragedia que culminó con la derrota de los rebeldes y la sumisión de la provincia al gobierno nacional.
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