Si la filial argentina de la multinacional de seguridad no se autodenunciaba y admitía el pago de coimas a funcionarios públicos para no perder contratos, la Justicia podría haber disuelto la empresa.
Redacción EL DIARIO
Sin la espectacularidad de ver a poderosos empresarios esposados dirigirse a testimoniar ante la Justicia federal como sucedió durante las investigaciones por la denominada Causa de los Cuadernos para acogerse a la Ley del arrepentido, el reciente mea culpa judicial de los directivos de Securitas, significa una clara línea demarcatoria en la lucha contra la corrupción.
Porque los ejecutivos de la empresa sabían que de conocerse las millonarias “coimas” otorgadas entre los años 2018 y 2019, para renovar, mantener o acceder a contratos con organismos públicos, en principio en la provincia de Entre Ríos, pero, también, en empresas públicas dependientes de la Nación, podrían terminar con multas, inhabilitación para participar de contrataciones públicas futuras y la disolución de la empresa según la gravedad del cohecho investigado.
Así se desprende de la lectura de la Ley Nª 27.041 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, promulgada en marzo de 2018, durante el gobierno de Cambiemos presidido por Mauricio Macri, por la que las empresas pueden ser responsabilizadas penalmente por varios delitos de corrupción de funcionarios públicos cometidos con su intervención o en su nombre, interés o beneficio.
Detalles
Poco se sabe acerca de si las prácticas corruptas denunciadas por los actuales ejecutivos de Securitas, sobre anteriores directivos de la compañía, sucedieron anteriormente a la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas porque, como es sabido, la leyes penales no pueden aplicarse retroactivamente, y los hechos investigados por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado se ubican en una ventana temporal que comienza a partir de abril de 2018 y continúa a lo largo del año 2019.
Ante el temor que los pagos a funcionarios públicos realizados por autoridades de Securitas que actuaron en esos años puedan terminar por perjudicar las operaciones de la filial argentina de Securitas Seguridad Holding, la empresa de seguridad privada se comprometió a pagar una multa equivalente al beneficio obtenido por la práctica corrupta, cancelando una deuda tributaria de 1.500 millones de pesos y repartiendo 1.100 kilos de carne en comedores parroquiales de la provincia de Entre Ríos y el municipio de San Isidro en la provincia de Buenos Aires.
Esta resolución judicial se estableció tras firmase un “acuerdo de colaboración eficaz” entre el el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y los abogados de Securitas que terminó siendo homologado por la magistrada, Arroyo Salgado.
De esa manera, se resolvió el primer caso donde se logró un acuerdo entre la Justicia y una empresa multinacional en el marco de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Diferencias
Los archivos periodísticos dan cuenta de una gran cantidad de escándalos similares ocurridos entre funcionarios de la administración pública y empresas multinacionales, que, en contadas ocasiones, terminan admitiendo haber realizado prácticas corruptas. La diferencia con el caso de Securitas es que, anteriormente, las multas, sanciones y penas se establecían en el país de origen de la multinacional y los resarcimientos nunca llegaban a la Argentina.
El valor de esta acuerdo de colaboración radica en que las sanciones y multas se cobran en metálico o mercadería en beneficio del país donde se produjo el acto de cohecho activo o pasivo.
Repercusiones en Entre Ríos
Si bien la jueza Arroyo Salgado realizó un procedimiento en la vivienda particular del director del Registro nacional de las personas, (Renaper), Pablo Santos, y la Gendarmería avanzó con allanamientos en las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, con más de 50 intervenciones judiciales, que le darán a la magistrada la posibilidad de analizar, documentación societaria, teléfonos celulares, computadoras, documentación de movimientos bancarios locales y del exterior, en el contexto de la causa iniciada por la admisión de pagos de millonarias coimas de parte de ex ejecutivos de Securitas, el escándalo comenzó con la firma de energía Enersa (Energía de Entre Ríos S.A.). Empresa Distribuidora de Electricidad de la Provincia de Entre Ríos.
Por esta causa están detenidos, Claudio Raúl Tortul y Marcelo Javier Tortul, hermanos que formaron parte de la dirección de Securitas y supuestamente pagaron coimas millonarias para retener contratos en organismos públicos y por la emisión de facturas truchas, evasión y lavado de activos.
La investigación de la jueza Arroyo Salgado que derivó en la detención de los hermanos Tortul comenzó en el año 2020, cuando la empresa de seguridad privada Securitas decidió denunciar a sus ex directivos porque “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”, según se lee en el expediente.
Los Tortul, ya se habían alejado del management de la compañía para cuando comenzaron las investigaciones al comienzo de la década, y junto a Christian Faría, otro de los ex gerentes detenidos con pasado en Securitas, comenzaron a dirigir otra empresa de seguridad, Protecta.
