El 15 de junio de 1945 el interventor de Entre Ríos, Humberto Sosa Molina, estableció por decreto el salario familiar para los empleados de la administración pública quienes lo comenzaron a percibir a partir del 1° de julio de ese año.
El 15 de junio de 1945 el interventor de Entre Ríos, Humberto Sosa Molina, estableció por decreto el salario familiar para los empleados de la administración pública quienes lo comenzaron a percibir a partir del 1° de julio de ese año.
En 1945 se vislumbraba el nacimiento de una nueva era en el país. El gobierno de facto surgido del golpe de estado de 1943 iba hallando su rumbo. La medida dispuesta por Sosa Molina, que beneficiaba a la familia de los empleados públicos provinciales estaba inspirada en la activa gestión de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación que encabezaba Juan Domingo Perón.
En los fundamentos de la norma el gobierno tenía en cuenta que las obligaciones mayores del empleado o empleada surgen al conformar un hogar y que aumentan con el nacimiento de los hijos a los cuales se les debe brindar no solo un hogar sino también alimento, vestido, educación, etc. Era un deber social bonificar la remuneración del o la sostén de la familia, completando su sueldo con asignaciones de carácter familiar.
El decreto estableció que “a partir del 1° de julio de 1945, el personal dependiente de la Administración de la Provincia y el de las reparticiones autárquicas que se indicará y en las condiciones que se determinarán en el presente decreto, gozará, además de su sueldo establecido en la Ley de Presupuesto, de las siguientes asignaciones familiares: a) para mantenimiento del hogar, b) para sostenimiento de hijos menores.”
Se trató de una conquista de los trabajadores que desde hacía años luchaban para lograr no solo una remuneración digna por su tarea sino también justa en función de su situación personal, de sus necesidades particulares.
Por cierto que no era una concesión graciosa del gobierno. Era el reconocimiento del trabajo humano como función social que no se limita a una cuestión de equidad.
LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA
La historia de las llamadas asignaciones familiares comenzó en las primeras décadas del siglo XX. Según un trabajo de Fernando Falappa en Latinoamérica las primeras experiencias provinieron, en su mayoría, del ámbito privado. Los registros indican que, como en otro aspecto de la seguridad social Chile fue pionero: hacia 1937 sectores de empleadores concertaron beneficios de asignaciones con sus empleados, luego estas se desarrollan por medio de convenios colectivos de trabajo y finalmente en 1953 se generalizaron por ley.
El Brasil del período del Estado Novo, de Getulio Vargas (1934-1945), instituyó asignaciones familiares en 1941, aunque el beneficio se aplicó sólo a familias con ocho o más hijos menores de 18 años. Uruguay hizo lo propio en 1943 y hacia 1955 el sistema de Cajas de Compensaciones sectoriales incluyó a la mayoría de los asalariados. Bolivia desarrolló un importante sistema nacional en 1956 durante la vigencia de la política social del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Finalmente, en esa misma década, Colombia constituyó un sistema de institutos de subsidios surgidos de las negociaciones colectivas, durante el gobierno de facto de Gustavo Rojas Pinilla.
En Argentina, como antecedentes orientados a la protección de las familias de obreros, podemos mencionar la llamada “Ley Cafferata” de 1915 que creó la Comisión Nacional de Casas Baratas. La ley debe su nombre al autor de la iniciativa, el diputado conservador cordobés Juan Félix Cafferata inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia.
El autor citado sostiene que “dentro del influyente debate ideológico de finales del siglo XIX y comienzo del XX, se destaca el creciente protagonismo en la participación política de las corrientes socialistas, con la creación de la Segunda Internacional Socialista en 1889, y el surgimiento del catolicismo social estimulado por la encíclica Rerum Novarum de 1891.
“Ambas perspectivas enmarcaron el debate local sobre seguridad social. Mientras que la primera tomó la iniciativa de organizar la participación política de los sectores trabajadores y colocó entre sus principales reclamos el límite a la jornada de trabajo y el salario mínimo, la segunda contestó ese protagonismo laico con el reclamo por la protección de la familia contra el individualismo y el materialismo de las doctrinas liberales y socialistas.”
NECESIDADES CONVERTIDAS EN DERECHOS
Luego de la ley de casas baratas la cuestión del salario familiar no volvió a cobrar fuerza hasta mediados de la década de 1930. Recién a finales de la década las iniciativas comenzaron a concretarse cuando la asignación fue incluida en el estatuto del empleado bancario (Régimen laboral para empleados de bancos particulares). “Este beneficio precipitó demandas similares en otros sectores laborales que se condensaron hacia 1943 –dice Falappa-, preñadas de posicionamientos políticos respecto a la contienda electoral por la presidencia de la nación prevista para octubre de 1943. El golpe de Estado del 4 de junio de aquel año se encontró con avanzadas negociaciones sobre reclamos de asignaciones familiares. Estas estaban a punto de ser otorgadas a importantes sectores laborales que habían llevado la demanda a instancias ministeriales. Luego, con el arribo del coronel Juan Perón a la cartera de trabajo, la actitud del gobierno militar respecto a los trabajadores se revirtió y fue propiciada una generalización de la negociación obrero patronal por medio del, hasta entonces, incipiente mecanismo de los contratos colectivos de trabajo.”
Casualmente meses después de la iniciativa del gobierno de Entre Ríos, en octubre de 1945, el gobierno nacional decretó el subsidio familiar para todo el personal de la administración nacional y reparticiones autárquicas. Su reglamentación dispuso que el mismo fuera aplicable a todo el personal civil de la administración y que los gastos que la medida implicase se atribuyesen según la repartición, de acuerdo con los criterios con que éstas imputaban salarios y retribuciones por: renta generales, cuentas especiales, partidas imputadas a sueldos o recursos propios.
En el ámbito privado las asignaciones se consiguieron por la enérgica acción del renovado movimiento sindical que a través de los respectivos convenios colectivos de trabajo, homologados por el gobierno, las fueron incorporando a su sector.
Por otra parte, el 20 de diciembre de 1945, se decretó la creación del Instituto Nacional de Remuneraciones que, entre otras medidas, establecía, en un principio para la actividad privada, el pago del Sueldo Anual Complementario (popularmente llamado aguinaldo).
Para 1947, de un total de 242 convenios colectivos acordados, 66 incluían asignaciones familiares. Por ejemplo, el convenio metalúrgico de 1949 incluyó asignaciones familiares que incorporaron licencias pagas por matrimonio y nacimientos así como la cobertura de los ancianos progenitores de cualquiera de los cónyuges que estuviesen a cargo del titular.
PARA SEGUIR LEYENDO
Fernando Falappa, La diseminación de la Asignaciones Familiares durante el Peronismo Clásico, sus antecedentes y su corolario, 1940‐1957. Disponible en http://redesperonismo.org/wp-content/uploads/2019/03/Falappa.pdf
