Mediante un breve mensaje en redes sociales, el presidente Javier Milei avaló las declaraciones del Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, para quien la norma aprobada en el Senado responde a un “populismo legislativo”. La Ley de Financiamiento Universitario establece cuáles son los gastos de funcionamiento que deben garantizarse y cómo actualizarlos.
El presidente Javier Milei confirmó que vetará la Ley de Financiamiento Universitario que se aprobó el jueves por la noche en el Senado. Lo aseguró al avalar las declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, quien denunció que la medida tiene artículos que son “populismo legislativo”. “Veto total”, expresó en sus redes sociales.
Durante una entrevista radial, Álvarez fue consultado por la ley que aprobó el Senado y expresó que “ya lo dijo el Presidente que cualquier ley que ponga en riesgo el equilibrio fiscal y el enorme esfuerzo lo iba a vetar”.
El funcionario señaló que “el proyecto tiene dos partes, una parte que es sobre los gastos de funcionamiento, que es abstracto porque eso ya está equilibrado, digamos los gastos de funcionamiento de las universidades recibieron 270% de aumento, que era lo que pedía el CIN. Y además la Universidad de Buenos Aires tiene aparte del resto del sistema, un aporte especial que hace el Estado al mantenimiento de los hospitales que está por fuera de los gastos de funcionamiento. O sea, tiene un refuerzo particular para el mantenimiento de los hospitales. Y eso se está pagando, puntualmente”.
En ese sentido, Álvarez dijo que “es bueno recordar que en gestiones anteriores tenían atrasos de hasta cuatro meses en el pago de este tipo de fondos que son esenciales para el funcionamiento. Porque es el pago de la luz de los servicios de la para el funcionamiento normal de los de los edificios. Eso está al día, se paga sin demora y tiene el aumento. Por lo tanto, el artículo es abstracto”.
“Para mí el artículo más problemático y que es de populismo legislativo, es el artículo sobre actualización de los salarios; técnicamente tiene un montón de problemas. Primero, no se entiende desde cuándo es la actualización. Nosotros, haciendo números, suponiendo que fuese desde diciembre, estaríamos hablando de 1.2 billones, lo cual es completamente inviable. Pero además tiene dos problemas de técnica legislativa difíciles de subsanar. El primero que viola Ley de Administración Financiera porque no prevé el origen de los fondos para ese incremento. Y el segundo, que se entromete en la ley que regula las paritarias. Porque acá hay una paritaria abierta que nosotros venimos teniendo con los sindicatos, donde se han este ido actualizando los salarios. No es que no se han actualizado, los salarios se han ido actualizando paulatinamente”, agregó.
A votar
En la noche del jueves, el Senado aprobó la ley de Financiamiento Universitario con 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, por lo que el texto pasó de manera holgada los dos tercios. De hecho, durante la votación en general avalaron la ley tres legisladores del PRO: Guadalupe Tagliaferri -siempre estuvo a favor-; el jefe de la bancada, Luis Juez, y la tucumana Beatriz Ávila, mientras que se abstuvo la pampeana Victoria Huala. Otros tres lo hicieron en contra: Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling y el entrerriano Alfredo De Ángeli.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el texto en cuestión, que establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.
La ley impone actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de estudio -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. De hecho, el proyecto especifica que si una paritaria mejora la normativa a sancionarse, la misma prevalecerá sobre cualquier otra cosa.
Un veto más
“Estamos muy contentos porque el Senado, en su amplia mayoría, aprobó la ley del financiamiento de universidades”. Con un claro optimismo, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, afirmó en una entrevista periodística que, a diferencia de lo que sucedió con la ley de movilidad jubilatoria, ve difícil que el Gobierno llegue a la cantidad de votos para sostener un eventual veto presidencial en el Senado.
“Esta ley (Financiamiento Universitario) tiene un costo del 0,14% del PBI que es similar a lo que el Gobierno dejó de percibir por bajar los bienes personales y equivale a un poco más de la mitad que sale mantener el régimen de privilegio de Tierra del Fuego”, sostuvo.
Y argumentó: “Hay que actualizar por inflación los salarios de los profesores e investigadores que vienen sufriendo un terrible ajuste en el poder adquisitivo de su salario. En lo que va de 2024, perdieron entre el 35 y el 55%. Un profesor con dedicación exclusiva de 40 horas semanales está ganando, neto, 840 mil pesos, su salario está por debajo de la línea de la pobreza. Otro caso, un residente universitario del (Instituto de Oncología) Roffo, está cobrando 750 mil pesos, y un trabajador no docente, que entra con la categoría más baja, está en los 470 mil pesos”, informó.
Para cerrar, dejó en alto la bandera de la UBA y demás universidades públicas. “Son las pocas cosas que el Estado puede demostrar que funcionan bien, incluso lo hace el Presidente cuando viaja por el mundo. Gran parte de los políticos de Argentina estudió en la universidad pública, sinónimo de que eso funciona en el país”, concluyó.
La ley obliga a adecuar el presupuesto inicial de 2024 con el Índice de Precios al Consumidor de 2023, y a realizar ajustes bimestrales posteriormente. La normativa, si bien apunta a mejorar las condiciones salariales del personal universitario, también implica un significativo desafío fiscal para el gobierno.
