En Colombia, una ley fiscal puede moverle el piso a los subsidios de millones de trabajadores. La Ley de Rescate Fiscal plantea trasladar recursos de las cajas de compensación familiar al sistema de salud. El debate se puso picante porque podría afectarte si sos trabajador de menores ingresos: la cuota monetaria, programas de vivienda, protección al cesante y tarifas subsidiadas están en el centro.
El proyecto propone que uno de los cuatro puntos porcentuales que aportan los empleadores deje de ir a las cajas y se gire a la Adres, administradora de recursos del sistema de salud. La idea es cubrir obligaciones del sistema de salud. Según un análisis preliminar de Asocajas, la medida podría dejar un faltante superior a $500.000 millones en 2027.
La preocupación no es menor. Germán Cano, gerente de análisis e investigaciones de Asocajas, explicó que el cálculo parte del artículo 22 del proyecto. “Si se materializa lo que está en el articulado, las cajas terminarían aportando a salud más o menos el 31% de sus ingresos de ese 4%”, afirmó.
Cano precisó que el análisis sigue en desarrollo. Una modificación en la destinación de los recursos puede alterar los fondos y las obligaciones legales de las cajas. El dato fuerte es que el aporte directo a salud pasaría del 8,6% al 31,4%, casi cuadruplicado.
La cuota monetaria es un subsidio mensual para trabajadores de menores ingresos por cada hijo que cumpla requisitos. También puede reconocerse a los padres del afiliado si no perciben ingresos y dependen económicamente de él. Según Asocajas, el beneficio llega a 4,8 millones de personas en Colombia.
Las cajas proyectan destinar alrededor de $5 billones anuales para financiar ese subsidio. Además, usan parte de sus ingresos en obras, programas, infraestructura social, educación, parques recreativos y cursos. Ahí está el punto sensible: si bajan los recursos, vos podés pagar más por servicios que hoy están subsidiados.
Una fuente cercana al sistema de compensación advirtió que la reducción podría trasladarse a los precios. En esa proyección, una entrada a un parque recreativo que cuesta $5.000 para un afiliado que gana menos de dos salarios mínimos podría subir a $50.000. Un curso de $30.000 podría llegar a costar $300.000.
El proyecto también modifica el FOSFEC, el fondo que financia beneficios para quienes pierden su empleo. Habla de aportes a salud y pensión, capacitación e intermediación laboral. Durante cinco años desde 2027, las cajas podrían destinar saldos no ejecutados ni comprometidos a cubrir pasivos de salud, siempre que estén auditados, conciliados y reconocidos.
El debate no es solo técnico. Toca el bolsillo de familias que dependen de subsidios, tarifas bajas y protección frente al desempleo. En Colombia, la pregunta que queda en el aire es si el rescate fiscal terminará siendo un recorte disfrazado para los trabajadores de menores ingresos.
