El jury al juez del Trabajo N° 1 de Concepción del Uruguay, Eduardo Flores, comenzó ayer con los alegatos del procurador general de la provincia, Jorge García, y los de la defensa del acusado, a cargo de Miguel Ángel Cullen y Patricia Valín. También se recibió la declaración testimonial de siete testigos. El jury continuará hoy y el jueves será la etapa de los alegatos de cierre.
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El tribunal del Jurado de Enjuiciamiento, integrado por Verónica Mulone; por el senador Armando Gay; y los vocales del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Daniel Carubia y Leonardo Portela y Gisela Schumacher; y el representante del Colegio de la Abogacía Luis Leissa; y el diputado provincial Gustavo Zavallo, escuchó los alegatos y las testimoniales que se concretaron ayer.
La acusación contra el juez sostiene que “ha cometido actos que encuadran en la causal de mal desempeño, algunos en incumplimientos funcionales y otros implican graves desórdenes de conducta, todos los cuales obstan que el denunciado puedas seguir detentando el cargo y cumpliendo las funciones de magistrado, a tenor de la ley de enjuiciamiento”.
Flores está sometido al proceso de destitución por dos hechos. Se trata de las denuncias efectuadas por los abogados Ángel Amadeo Fernández, Matías Exequiel Melgares y María Natalia Bordin, quienes fueron representados por los letrados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, quiene promovieron por ante este Honorable Jurado de Enjuiciamiento formal denuncia contra Flores, Juez del Trabajo Nº 1 de Concepción del Uruguay.
HECHOS
Fernández y Melgarejo relataron que “siendo patrocinantes, en un caso, se los acusó gratuita, falaz y descortésmente de haber intentado cometer fraude o estafa procesal, con toda la carga criminosa y de desdoro jurisdiccional que ello implica, sostienen que, si como él mismo insinúa, sus conductas configuraron una tentativa de estafa o fraude procesal, no se entiende entonces por qué no cumplió con su inexcusable obligación constitucional de poner la notitia criminis en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, corriéndole traslado de los testimonios respectivos a fin de que, de considerarlo así el o la Agente Fiscal en turno, inicien la Investigación Penal Preparatoria (IPP)”.
También señalaron que “la actitud del juez Flores sólo tuvo en miras de acusarlos gratuita e injustamente de un delito, máxime siendo patrocinantes del actor, sólo para sentenciar a favor de la parte contraria, lo que queda luego apodícticamente demostrado en las sucesivas sentencias de Cámara y de la Sala Laboral del STJ, que se sucedieron en orden a alzamientos recursivos de las partes”.
Añadieron que la sentencia recaída en la causa que motivó la acusación de flores contra ellos, fue “apelada ante la Sala del Trabajo de Concepción del Uruguay que la revoca y rechaza la vista fiscal que solicitaron por el hecho de que ese tribunal entendió que no existió la conducta endilgada por el juez Flores, quien describe para defenestrarlos la típica conducta exigida parala estafa procesal que tiene como nota de originalidad dogmática, la existencia de dos potenciales víctimas: el juez engañado e inducido a error y la contraparte que sufre por ese error del juez un menoscabo económico”.
VIOLENCIA LABORAL
En lo atinente a los hechos denunciados por la abogada Natalia Bordin, aquella afirmó que “se presentó con el propósito de denunciar una serie de episodios sistemáticos de grave violencia laboral y personal, caracterizados por un ostensible e inexcusable abuso y desviación de poder, ejercidos por Flores hacia su persona y su familia”.
En el relato de los eventos, según ella, más importantes, puso de manifiesto “de qué manera su vínculo con Flores ha mutado a lo largo de los años, dado que si bien supieron construir una relación laboral y personal signada por la camaradería profesional durante los primeros años de trabajo conjunto, con el correr del tiempo y de manera totalmente impune, insidiosa y arbitraria, por razones que nunca explicitó, Flores ha mutado en la forma de relacionarse hacia ella, ejerciendo una serie de acciones orientadas no solamente a atentar contra su desarrollo y ejercicio profesional, sino además quebrarla psicológica y emocionalmente, habiendo perpetuado sus prácticas de hostigamiento hacia ella y su familia, llegando inclusive a armar en su contra causas falsas que, dado el poder y l a impunidad que le confieren su cargo, le ha permitido desestabilizarla a ella y a los suyos de manera perversa, provocándoles efectos devastadores”.
“Patológica persecución”
En la acusación se sostuvo que respecto de Bordin, el acusado habría “emprendido una cerril, ilegal, ilegítima y hasta patológica persecución y sistemático plan de denigración y desgaste, a quien no bastó con sus acosos laborales obligarla a renunciar a su cargo de Secretaria Letrada interina, sino también a su propio cargo titularizado de Oficial Principal, sin perjuicio de que en la actualidad, aunque parezca inverosímil y desopilante, le ha prohibido su ingreso físico al juzgado, lo que no sólo la mortifica y discrimina de modo alevoso e impropio, sino que además le impide el libre ejercicio de su profesión de letrada del foro…”.
Asimismo, los acusadores sostuvieron que el denunciado, “de modo artero, falaz y miserable”, realizó “una denuncia penal contra ella, aduciendo que lo habría amenazado, a lo que adicionan que este último hecho suma un suceso singular como lo es que el propio juez resulta sujeto activo del delito de falsa denuncia, tipificado y reprimido por muestro Código Penal en el artículo 245, dando pábulo a que la letrada Bordin, inicie contra Flores querella criminal por el delito de calumnias…”.
