La decisión del gobierno, a través del Consejo General de Educación, de recibir a referentes de las organizaciones que lanzaron la campaña de alfabetización infantil “no entienden lo que leen” y receptar la iniciativa, generó la reacción de la Asociación Gremial del Magisterio. La entidad cuestionó la decisión oficial, “responsable de la política educativa”.
El martes, un grupo de organizaciones civiles lanzaron la campaña de alcance nacional #Noentiendenloqueleen en el Consejo General de Educación y el presidente del organismo provincial recibió a un par de referentes de las entidades responsables de tal iniciativa.
“Llama poderosamente la atención que autoridades del CGE permitan que ONGs de carácter privado -que se asociaron con gobiernos neoliberales para llevar adelante políticas educativas de ajuste, exclusión y concepciones elitistas- utilicen sus instalaciones para una campaña de corte estigmatizante hacia los procesos de aprendizaje de las escuelas públicas. Nada más ajeno a lo que desde cada docente, escuelas y comunidades se trabaja para una alfabetización como derecho. Desde AGMER exigimos que sea ese el lugar desde donde planificar una política pública y no desde lugares extraños y contrarios a la educación pública” señaló en primer lugar la organización gremial a través de un comunicado que llegó a esta Redacción.
Agmer expresa en ese texto que “cuando una política de alfabetización es urgente y no admite dilaciones, cuando en los textos, las consignas y en las letras de las convenciones colectivas, los trabajadores de la educación, luchamos por resguardar derechos, aparece explicita en las definiciones de las autoridades políticas del CGE, las publicidades para una campaña de alfabetización de la mano de empresas que proponen la privatización y mercantilización del sistema educativo”.
Considera la entidad que “con el nombre altamente estigmatizante de que ´no entienden lo que leen´, 100 organizaciones del mundo empresarial seleccionan Paraná para hacer el lanzamiento de su campaña” y describe como “llamativo” que la sede sea el propio Consejo General de Educación, responsable de la política educativa”.
El pronunciamiento del gremio analiza que “con políticas ajenas al sistema argentino y sobre todo al sistema educativo entrerriano, aparecen entre aplausos, las mágicas recetas de la mano de las empresas privadas, cuyos ceos intervienen en educación, acercando recetas y opinando sobre el trabajo docente, con la clara intención de privatización del sistema educativo”. En esa dirección, precisa que de la campaña participan organizaciones como Argentinos por la Educación, Asociación Conciencia, Educar y Crecer, ACDE, el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), Help, Enseñá por Argentina, Junior Achievement, Fundación Leer, FONBEC, Minkai, Fundación Más Voces, Reciduca, Fundación Varkey, Voy con Vos, entre otras.
“Curiosamente –advierte- se trata de los mismos sectores que proponen políticas de ajuste que han llevado a la Argentina al endeudamiento eterno, a la utilización de esa deuda como sometimiento de nuestra soberanía nacional, niveles intolerables de pobreza y exclusión, de desmantelamiento del aparato productivo y de los tejidos sociales, para desde allí a atacar a la escuela pública, sus comunidades y las representaciones sindicales de las trabajadoras y los trabajadores de la educación”.
El texto firmado por la Comisión directiva central y la Vocalía gremial en representación de las y los trabajadores en el CGE, exige “respeto” a los roles institucionales, “serio debate” sobre las necesidades” y sostiene que “una política de alfabetización debe ser política de estado, requiere coherencia, formación y protección del sistema público, porque la alfabetización es clave en el proceso de formación del ciudadano”.
A título de exigencia al gobierno, plantea “el pleno ejercicio de la soberanía pedagógica contemplada en la Constitución Provincial y la Ley de Educación” para señalar luego que “ese debate es el que estamos esperando con las autoridades educativas que tienen en sus manos la conducción del gobierno y los resortes del Estado para resolver de manera urgente la alfabetización como derecho aprovechando el enorme potencial de maestros, maestras, familias y nuestros gurises”.
Müller defendió el “compromiso” oficial con la alfabetización inicial
