El engaño a través de redes sociales, chats de videojuegos y ofertas laborales es la puerta por la que los traficantes de personas buscan a sus víctimas. Contrariamente a lo que podría suponerse, no hace falta atravesar situaciones de vulnerabilidad para caer en sus redes.
Redacción EL DIARIO
La problemática de la trata de personas no debe ser minimizada. La práctica delictiva continúa: lo que va cambiando son las formas en que opera. Puntualmente, en los relatos de las víctimas aparece de manera menos frecuente el uso de la fuerza física como forma de captación. En cambio, especialmente desde la pandemia por Covid 19, los traficantes han encontrado en las plataformas virtuales la posibilidad de esconder su identidad, de encontrar una excusa para el contacto directo, y de intentar consumar un abuso de confianza que convierta al interlocutor engañado en una presa de alguna de sus artimañas.
Como se sabe, las víctimas de trata son privadas de su libertad y del ejercicio de sus derechos, y son sometidas a situaciones de explotación sexual y/o laboral, trabajos forzados, servidumbre doméstica, extracción de órganos y mendicidad.
Desde la vigencia de la ley 26.842, que creó el Programa Nacional de Rescate, han sido rescatadas y asistidas 19.152 víctimas, lo que ayuda a hacerse una idea del volumen de la lucha.
Entre Ríos es pionera en la lucha contra la trata de personas a nivel nacional. En el año 2011 se creó el Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas, mediante la ley nº 10.632, para continuar en forma sostenida la búsqueda de estrategias para combatir este delito.
Si bien siempre es conveniente volver sobre este asunto, lo es mucho más ahora, ya que hoy se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, declarado por las Naciones Unidas en 2013, y también el Día Provincial, impuesto por la ley 10.632.
Con esa fecha a la vista, la Defensoría del Público organizó un encuentro virtual titulado Los mitos ocultos en las noticias sobre trata de personas. En la oportunidad, distintos especialistas abordaron la actualidad de una problemática grave cuya característica es su permanente transformación.
“La trata de personas implica pérdida de la libertad, dificultades o impedimentos para la libre circulación, y no poder portar la documentación personal que todos tenemos, además de toda clase de irregularidades en los ingresos o cobros por supuestos servicios que no son tales”, señaló Hugo Muleiro, responsable del área de capacitación de la Defensoría del Público.
Este delito se adecuó a los tiempos que corren, por lo que hay que tener en cuenta que en el mundo “no hay Estados que puedan por sí mismos enfrentar la trata de personas”; por lo que “hacen falta ciudadanías conscientes que puedan colaborar cada vez que se ven indicios de este tipo de delitos”, añadió.
Uno de los problemas es que se sigue representando este delito bajo formas de otros momentos. “Se muestran mujeres engrilladas o encadenadas, cuando hoy en el proceso de captación hay mayor sofisticación. El método de captura ya no es con esa camioneta que se lleva a una persona a la fuerza”, puntualizó.
Luego Muleiro aclaró que las captaciones violentas en la vía pública no desaparecieron, pero que son menos frecuentes. En cambio, las redes sociales y plataformas digitales forman parte de las nuevas metodologías que se incrementaron durante la pandemia por coronavirus.
En ese sentido, remarcó que con la digitalización se ofrecen ofertas laborales que no necesariamente buscan captar únicamente a personas en situación vulnerable.
Creencias.
Por su parte, Natalia Rossetti, representante de la Defensoría del Público, explicó en qué consiste uno de los mitos que rodean la trata de personas. “La imagen de víctima que suele mostrarse es de una persona que está en los márgenes de la vulnerabilidad, y la verdad es que muchas veces se juega con la posibilidad de mejorar la condición social de inmediato de sectores medios”, advirtió.
Muleiro y Rossetti coincidieron en que otra de las confusiones más comunes es vincular la trata de personas con la precarización laboral.
“Hoy, el 50 por ciento de las víctimas de trata en nuestro país son captadas por redes sociales”.
Según detalló Rossetti, hay tres indicadores que el Estado toma para saber si hay una situación de trata con fines de explotación: no percibir salario, la retención de la documentación y las condiciones insalubres del lugar de trabajo en donde se encuentran.
“En nuestro país, la trata con fines de explotación laboral es algo que se está incrementando porque las redes tratantes operan ante la necesidad de trabajar o mejorar la condición social”, agregó.
Distinciones.
Otro punto cuestionado por los especialistas es la tendencia a vincular todas las situaciones de explotación sexual con la trata de personas, ya que no todas las personas que están en situación de explotación sexual son, a su vez, víctimas de trata.
Es importante resaltar que dentro de los movimientos de mujeres hay grupos abolicionistas que consideran a la prostitución como explotación en todas sus formas, mientras que otros la consideran como parte de una decisión propia dentro de sus libertades.
Entre los nuevos factores que favorecen la comisión de este delito están el cambio climático y las migraciones forzadas. Estos nuevos movimientos migratorios que obligan a comunidades y familias a moverse fuera de un control estatal que garantice derechos, propicia que las personas estén más vulnerables ante la posibilidad de trata.
Los especialistas coincidieron en que el problema de la trata de personas no se termina el día que la víctima es rescatada. “El Estado argentino tiene responsabilidades en salud, vivienda y capacitación para el trabajo. La labor no termina el día del allanamiento. Las y los sobrevivientes de trata necesitan cuidado e intimidad para poder reponerse de un estado de vulneración que es gravísimo”.
Plano local.
En Entre Ríos la problemática es abordada por el Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Gobierno, a cargo de Silvina Calveyra, quien además es la presidenta de la asociación civil Red de Alerta de Entre Ríos.
“La trata de personas alude a la vulneración de derechos humanos fundamentales: la libertad, la seguridad, la integridad psicofísica y la dignidad de seres humanos, un delito del cual nadie está exento en estas redes delictivas”, prologó, al coincidir con que “antes hablábamos de personas que se encontraban en situación de pobreza o indigencia para ser captadas mas fácilmente por su situación de vulnerabilidad, pero hoy con las nuevas tecnologías como las redes sociales, las plataformas o las aplicaciones cualquiera puede ser víctima de trata. Podemos considerar también que hay diferentes modalidades de explotación que se orientan a varones y niños en lo que es explotación laboral o mendicidad ajena; y a las mujeres, niñas u adolescentes, en explotación sexual”.
Según la funcionaria, “las nuevas modalidades para la primera fase del delito, que es la captación y ofrecimiento, tienen que ver con la utilización de redes sociales, plataformas digitales, juegos online, y el Grooming; utilizando la manipulación, el engaño, y falsos ofrecimiento de trabajo”.
Además, en el 2020 en la provincia se aprobó la Ley 10.852, creando el protocolo de intervención y abordaje interinstitucional. “Eso nos faculta a que muchas fiscalías federales nos oficien a acompañar en los operativos como contralor, para evitar la revictimización”, indicó Calveyra, no sin añadir que “a las entrevistas a las víctimas la realizan equipos técnicos del Programa Nacional de Rescate perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, acompañando hasta el momento de la testimonial”.
“La práctica delictiva de la trata de personas continúa: lo que va cambiando son las formas en que opera”.
Ante una consulta puntual indicó que “la mayoría de las denuncias provienen de terceros en forma anónima y algunas de las propias víctimas”. Fue entonces cuando opinó que “debemos estar preparados para la detección temprana y conocer los indicadores para cada forma de explotación, frente a un delito que muta a medida que se lo persigue y combate”.
Luego compartió un dato inquietante. “Hoy el 50 por ciento de las víctimas de trata en nuestro país son captadas por redes sociales”.
Según datos de la Procuraduría Nacional de Trata de Personas, 144 mujeres desaparecen anualmente en nuestro país, víctimas de trata y feminicidios. “Cuando no se logra el sometimiento de la voluntad para ser explotada, mercantizando y cosificando sus cuerpos, muchas veces son víctimas de femicidio”, agregó, al consignar que “la explotación sexual es violencia de género; la prostitución es el camino para introducir mujeres al mercado de la trata de personas”, y que a su vez “está muy relacionada al narcotráfico”. En otro tramo de la entrevista, declaró que “como funcionarios públicos y agentes del Estado lo primero que debemos hacer es ponernos a derecho, lo que implica allanarnos a convenios y tratados internacionales de rango constitucional. La explotación sexual, la prostitución no es libre, esto es un discurso sostenido y conveniente al sistema patriarcal”.
En ese sentido, Calveyra recordó que “nuestra provincia está en una zona de alto riesgo por su ubicación geográfica. Tenemos pasos internos como el Túnel subfluvial o el puente Rosario-Victoria” y pasos de frontera.
Una de las características de la trata de personas es que “a medida que se lo persigue, el delito cambia de modus operandi”. En efecto, el cierre de los prostíbulos fue una política pública acertada en nuestra provincia, cortando el primer eslabón en la cadena de vulnerabilidad y sometimiento a víctimas por parte del proxenetismo.
Una ley mandó cerrar estos establecimientos, pero inmediatamente se incorporó el alquiler de departamentos privados, incluso en zonas residenciales, para los mismos fines, que con el compromiso ciudadano y el trabajo conjunto se desarticulan.
Dar aviso
Para denunciar delitos de trata y explotación, los ciudadanos pueden comunicarse a la Línea 145, que funciona las 24 horas, los 365 días del año. Es de alcance nacional, es anónima y gratuita. Allí se puede recibir orientación y asistencia, como así también denunciar la desaparición de una persona y otros delitos conexos.
