La Cámara Segunda de la Sala Tercera resolvió establecer que como máximo el 31 de octubre de este año, el Estado Provincial deberá presentar un estudio de Impacto Ambiental Acumulativo sobre una planta de lavado y clasificación de arenas silíceas.
En el marco de la acción de amparo ambiental “Fundación Cauce Cultura Ambiente-Causa Ecologista – y otro C/ Gobierno de la provincia de Entre Ríos, la Municipalidad de Ibicuy y la empresa YPF S.A”, la vocal de la Cámara Segunda de la Sala Tercera, María Valentina Ramírez Amable resolvió establecer que como máximo el 31 de octubre de 2023 el Estado Provincial, deberá presentar en las actuaciones el estudio de Impacto Ambiental Acumulativo dispuesto oportunamente.
Asimismo, dispuso que la difusión y divulgación de dicho estudio, con participación de la ciudadanía tanto general como de aquella que habita en la zona afectada, se realice durante el mes de noviembre del corriente año. Ello, sin perjuicio de que la demandada adicione cualquier otra actividad del estilo que contribuya a lograr dicha finalidad.
También ordenó que la secretaría de Ambiente de la provincia, María Daniela García presente, cada 15 días y hasta la presentación efectiva del Estudio de Impacto Ambiental ordenado en esta causa, un informe detallado de su avance efectivo.
La demanda es por el accionar y omisiones del Estado provincial y la Municipalidad de Ibicuy en la relación a la planta de lavado y clasificación de arenas silíceas ubicada en el predio «El Mangrullo»” a cargo de la empresa YPF S.A.
Sobreseyeron a 27 acusados en una causa judicial por incendios en las islas
En los medios de la ciudad de Rosario, se informó que la Justicia federal de Paraná, sobreseyó a 27 de 49 acusados por los incendios en las islas del Delta que afectaron de un tiempo a esta parte a Rosario y alrededores.
Se trata de acusados por la Municipalidad rosarina en el marco de los cuantiosos focos ígneos que afectaron a la región. “En una de las causas, que es la primera denuncia que hizo la Municipalidad de Rosario en el Juzgado Federal N° 1 de Paraná, se dictó el sobreseimiento de 27 de los imputados, algo que era previsible”, informó Matías De Bueno, secretario de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
“El juzgado no tenía las herramientas ni está especializado en la materia, tampoco la Fiscalía. Y no hay un Código Penal que contemple el delito de ecocidio. Necesitamos juzgados y fiscalías especializadas. El derecho ambiental es preventivo”, precisó De Bueno, en declaraciones reproducidas por Radio Victoria.
En tanto, el especialista amplió: “En este caso, cuando el juez tomó la causa, se habían quemado 25 mil hectáreas, y luego se quemaron 1.200.000 hectáreas. No se hizo nada de lo que se debía hacer”.
Investigación
Se llevó a cabo por el período 3 de marzo de 2020 a agosto de 2022, fechas en las cuáles se denunciaron numerosos incendios en la zona de islas de Victoria, pero que afectaban directamente a los vecinos de la ciudad de Rosario.
Se alertó, que pese al paso del tiempo, fueron escasos los aportes probatorios aportados, tanto por la fiscalía federal, a cargo de un funcionario oriundo de Rosario, y los querellantes, también provenientes de esa ciudad, quienes no pudieron establecer con certeza, quiénes fueron los autores de los incendios, quienes colaboraron en las maniobras, y si las mismas fueron intencionales o no.
En un solo procedimiento se logró ubicar a personas por parte de Prefectura, pero por motivos que no están asentados en el expediente, no fueron correctamente identificadas.
