Los tres últimos años de sequía y las inundaciones que están próximas a suceder son cara y ceca de un proceso climático complejo, que afecta las comunidades humanas e impacta sobre la vida natural. El sector público se organiza para atender posibles situaciones críticas.
La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), Silvia La Ruffa, afirmó que el organismo trabaja en el monitoreo del “fenómeno climatológico de El Niño, sobre todo en sectores del Noreste, Misiones y Corrientes”, con el objetivo de mitigar eventuales efectos adversos.
La sequía, el avance de la frontera agrícola y la quema de islas son capítulos de un proceso que promete seguir con lluvias copiosas e inundaciones. Sin embargo, la funcionaria no dramatiza. “Según las Naciones Unidas, entre 2015 y 2022 se han reducido en el mundo las muertes por catástrofes y desastres”, destacó La Ruffa.
–¿Cómo trabajan desde el Estado para reducir el riesgo de desastres en el país?
–De forma articulada en virtud de la Ley 27.287 sancionada en 2016, que crea el Sinagir sobre los valores y principios del “Marco de acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres”, aprobado por Naciones Unidas que promueve que los estados trabajen articuladamente en todos los niveles de Gobierno, con las organizaciones de la sociedad civil y el sector empresario.
Además, nuestra ley creó la Red de Organismos Científico-Técnicos para la Gestión Integral del Riesgo para prevenir y, en los casos que no sea posible evitar que ocurra el evento adverso, mitigar el impacto que puedan tener sobre nuestra población.
Distinciones
–¿Qué características tiene un desastre?
–Si el Gobierno local puede resolverlo sin pedir colaboración provincial es una “emergencia”; cuando se requieren recursos provinciales y nacionales es un “desastre”, y se convierte en “catástrofe” cuando, además, hay que solicitar colaboración de tipo internacional para la respuesta o reconstrucción posterior.
–¿Qué tipo de desastres hay en Argentina?
–Nuestro país, al tener una extensión geográfica tan grande y con diferentes climas, tiene diversas amenazas naturales como nevadas en la zona sur, inundaciones en el litoral y zona centro, y algunas otras que atraviesan todo el país como los riesgos forestales, sequías, emergencias hídricas, sismos y actividad volcánica.
También se prevé otro tipo de amenazas como las tecnológicas, derrame de material peligroso o explosivo, la posibilidad de alguna emergencia de tipo nuclear o radiológica, y fenómenos climatológicos con mayor impacto sobre las rutas como el humo durante un incendio.
–¿Cuáles son los principales objetivos?
–Trabajamos para generar sistemas de alerta temprana y articulaciones en todos los niveles para tratar de que, si ocurre el evento, el impacto sea el menor posible, priorizando salvar vidas y menor cantidad de personas lesionadas producto de catástrofes o desastres, o daños patrimoniales. También reducir pérdidas sobre la producción y en el impacto ambiental. En el último decenio en nuestro país, la sequía fue el tipo de evento que mayor pérdida de producción generó, en segundo término las inundaciones.
Cuadro de situación
–¿Cuáles son las principales amenazas de desastres en Argentina en este momento?
–Estamos monitoreando muy detenidamente, por indicación del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, presidente del Consejo Nacional del Sinagir, los efectos del evento climatológico de El Niño, que en la Argentina suele producir un aumento de las precipitaciones y en los años que ha sido “moderado fuerte”, que es lo que se espera en esta oportunidad, generó inundaciones.
Las áreas con mayor probabilidad de que ello ocurra son las zonas del Litoral y parte del NEA (Noreste argentino), Misiones y Corrientes. En particular estamos siguiendo el comportamiento del río Iguazú porque está por arriba de la marca aceptada como “tranquila”. Venimos de tres años seguidos -del fenómeno- de La Niña, por eso la sequía fue tan fuerte.
–¿Cómo trabajarán en caso de que ocurran inundaciones?
–Hay ríos como el Paraná o el Iguazú que permiten con mayor tiempo saber que se van a desbordar, y las municipalidades disponen de 12 a 20 horas para generar esa autoevacuación.
En los casos que exceda la previsión siempre se puede pedir colaboración a las provincias y las provincias a la Nación, que es lo que diseñó Rossi, que estemos articulados los ministerios de Ambiente, Defensa, Seguridad, Desarrollo Social y Salud, ante cualquier demanda que pueda generar este fenómeno meteorológico.
Estructuras
–¿Cuánta gente trabaja para dar respuesta ante desastres en el país?
–Para la respuesta trabaja el equipo de Protección Civil de la Nación, que depende de manera directa de mí. Somos unas 60 personas, más el sistema nacional de bomberos voluntarios, que son alrededor de 40.000 hombres y mujeres activos, más el apoyo de las fuerzas federales y organizaciones de la sociedad civil que, a través de la figura del voluntariado, colaboran con la protección civil.
También se suma el área de Defensa, que dispone de una Secretaría de Coordinación Militar para la Emergencia y tienen recursos humanos y logísticos dispuestos, como están haciendo ahora con la repatriación de argentinos en Israel más los equipos de provincias y municipios.
–¿Qué destaca sobre el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que acaba de tener lugar?
–Este año Naciones Unidas puso como lema para esta recordación el concepto: “combatir la desigualdad para un futuro resiliente”. Claramente se percibe que las amenazas sólo se convierten en riesgos si hay vulnerabilidades sociales, estructurales y económicas.
En San Juan, a pesar de que fue fuerte el sismo de enero de 2021, no hubo ninguna víctima fatal y hubo muy poca pérdida en infraestructura porque la mayoría de las construcciones respetaban el código de edificación, y eran sectores populares.
El evento es imposible evitarlo, los sismos son imposibles de predecir, aunque apenas se mueven tenemos un sistema muy bueno de prevención sísmica. El impacto en San Juan esta vez fue mínimo gracias a que hubo políticas antisísmicas.
Es muy importante que se respeten las recomendaciones de cada lugar aportadas por municipios y provincias y entender que hay que trabajar en lo que propone la Agenda de adaptación al cambio climático.
