De acuerdo con la evaluación de diferentes economistas, las transferencias del Estado nacional podrían tener una fuerte caída en términos reales. La respuesta a este panorama no será uniforme, tanto por las distintas situaciones de las administraciones como por las estrategias a elegir, que se reducen a recortes de gastos, aumentos de impuestos y endeudamiento.
Marcelo Bátiz
Télam (*)
Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán adecuar su situación fiscal a un 2024 en el que las transferencias del Estado nacional podrían tener un aumento nominal inferior a la inflación, es decir una caída en términos reales, de acuerdo con la evaluación de diferentes economistas.
La respuesta a un nuevo panorama en el que, de acuerdo con las palabras del presidente Javier Milei, “no hay plata”, no será uniforme, tanto por las distintas situaciones de las administraciones como por las estrategias a elegir, que se reducen a la combinación de tres variables: recortes de gastos, aumentos de impuestos y, en menor medida, endeudamiento.
En un esquema de relaciones fiscales en el que gran parte de los ingresos provinciales depende de transferencias nacionales, la estanflación anticipada por el presidente desde antes de su asunción afectará de manera directa a la recaudación impositiva y, en consecuencia, los envíos por Coparticipación, a lo que debe añadírsele la decisión de restringir los giros no automáticos o discrecionales.
ANÁLISIS. Verónica Sosa, de Economía & Ética, pronosticó para 2024 una caída del Producto Bruto Interno (PBI) “del 2,5% al 2,7%” que impactará en las transferencias directas, aunque esa baja se compensará “parcialmente por la mayor aceleración inflacionaria”.
“Puede ser que las transferencias (automáticas) a provincias caigan en términos reales, no tanto como en los últimos meses por el impacto de las reformas de (el ex ministro de Economía, Sergio) Massa, pero sí pueden estar cayendo en términos reales de 2% a 5% por mes”, previó en declaraciones a Télam.
Sosa advirtió que la situación viene de arrastre, ya que esos envíos “no solamente cayeron en los últimos meses por el impacto de las medidas de Massa, sobre todo el tema de Cuarta Categoría en Ganancias y la devolución del IVA, que son los dos grandes impuestos que se coparticipan a provincias; porque las transferencias ya caían en términos reales en el segundo semestre por la propia desaceleración de la actividad económica”.
Al respecto -y si bien aún se desconoce la inflación de diciembre- los números de 2023 dan cuenta de una caída de las transferencias de la Nación a las 24 jurisdicciones subnacionales en términos reales.
Las transferencias automáticas (Coparticipación, un conjunto de leyes especiales y las compensaciones por el Consenso Fiscal) alcanzaron el año pasado a 14 billones 365.845 millones de pesos, con un incremento nominal del 120%, inferior a la inflación promedio proyectada, al igual que las discrecionales o no automáticas, con 2 billones 53.954 millones de pesos y un alza interanual a valores corrientes del 135,5%.
Pero la caída fue más pronunciada en diciembre, en el primer caso por el efecto de las reformas en Ganancias y la devolución del IVA, además de la retracción de la actividad económica, y en el segundo por las restricciones iniciadas por Milei luego del 10 de diciembre y una atenuación de los giros en el último tramo de la Presidencia de Alberto Fernández.
Tanto es así que Alejandro Pegoraro, de la consultora Politkon Chaco, estimó descensos a valores constantes del 19,4% en las transferencias automáticas y del 16,1% en las no automáticas, en ambos casos en comparación con diciembre de 2022.
“AÑO COMPLEJO”. Para Claudio Caprarulo, de Analytica, “este año para las provincias va a ser muy complejo en materia fiscal” debido a que “por un lado, la recesión golpeará fuerte sobre los principales impuestos coparticipables como el IVA y Ganancias, pero al mismo tiempo el gobierno ya avisó que tiene planeado recortar las transferencias no atadas a la coparticipación como las destinadas a obra pública y gastos corrientes”.
“En ese marco, y como ya manifestaron algunos gobernadores, prevemos también una caída del gasto público provincial”, planteó Caprarulo a Télam, para detallar: “algunos distritos con más autonomía fiscal, o sea con mayor capacidad de recaudación de impuestos propios como CABA, Neuquén y Tierra del Fuego, tendrán más margen de maniobra, pero lo opuesto por ejemplo le pasará a Formosa, Corrientes y Santiago del Estero”.
Por su parte, Pegoraro consideró que “difícilmente las transferencias vayan a la par de la inflación durante, por lo menos, los primeros seis meses del año”, debido “al salto inflacionario que comenzó en diciembre y que continuará durante un par de meses en doble dígito y por la potencial (y casi segura) caída de la recaudación que limite los envíos no sólo por la modificación de Ganancias sino también por un escenario de estancamiento que limite la recaudación del IVA y otros tributos menores ligados al consumo”.
“Por supuesto que aún hay tiempo para ver si se aplican cambios en Ganancias o si avanza algún otro proyecto como la coparticipación del impuesto al Cheque, aunque este último es altamente improbable que suceda”, confió Pegoraro a Télam, aunque advirtió que “en cualquiera de los dos casos, recortarían la tasa de caída, pero no la evitarían en el primer tramo del año”.
En cuanto a las estrategias que emplearán las provincias, Sosa dio por sentado que en muchos casos van a “subir Ingresos Brutos, seguramente también el Inmobiliario, como ya lo pretende hacer la provincia de Buenos Aires, aunque hay margen para subirlo en casi todas las provincias”.
En ese sentido, recordó que “ciertos sectores de Ingresos Brutos que anteriormente se habían desgravado en los convenios que se hicieron con (el ex presidente Mauricio) Macri, que luego quedaron sin efecto y algunas provincias volvieron a subir las alícuotas, no se descarta que lo hagan por esa vía”.
Además de la suba de impuestos, Pegoraro añadió los recortes de gastos: “ambas herramientas ya están en proceso”, indicó, al tiempo que señaló que “un importante grupo de provincias ya comenzó a realizar ajustes en el gasto, aunque hasta el momento son (en una buena parte de los casos) más simbólicos que realmente significativos en términos económicos”.
“Posiblemente la magnitud del recorte se podrá verificar al momento de comenzar los procesos paritarios de las administraciones provinciales, ya que seguramente el gasto salarial será el principal factor de ajuste en el primer año de gestión”, anticipó, además de advertir que “la suba de impuestos es un hecho, aunque tiene ciertas limitaciones, principalmente en Ingresos Brutos que es el tributo de mayor volumen recaudatorio”.
Como tercera opción agregó al menú que algunas provincias “recurrirán al endeudamiento y no se descarta, incluso, que busquen nuevamente reestructurar deuda en moneda dura ante la complicación que verán a lo largo del año de hacer frente a sus compromisos, en un año además donde hay una muy importante masa de vencimientos de capital en dólares”.
Las transferencias no automáticas no son tan fáciles de reducir
El propósito del gobierno de reducir las denominadas transferencias discrecionales o no automáticas que la Nación gira a los 24 distritos Aires corre el riesgo de encontrar varios obstáculos, tanto legales como políticos, que derivarían en un impacto económico menor al esperado, si se tiene en cuenta que el grueso de las partidas corresponde a suplementos salariales para los docentes de todo el país, compensaciones a cajas previsionales y fondos a la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, a raíz del recorte de la Coparticipación a esta última y los aportes a la primera dispuestos en septiembre de 2020.
Las transferencias que habitualmente realiza el Estado nacional a las 23 provincias y CABA se dividen en dos grandes grupos: las automáticas, que comprenden el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, las compensaciones por el Consenso Fiscal y un conjunto de leyes especiales (IVA de la Seguridad Social, Bienes Personales, Combustibles, Monotributo, Desequilibrios provinciales y Régimen de Energía Eléctrica), y las discrecionales o no automáticas que, a diferencia de las primeras, no están sujetas a mecanismos de distribución prestablecidos y pueden variar según el criterio de la autoridad de turno.
No obstante, los márgenes de discrecionalidad son limitados y, además, su impacto fiscal es menor al de las transferencias automáticas.
“Son aproximadamente el 1% del PBI, casi el 80% son transferencias corrientes y dentro de ellas el grueso es el el Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente)”, indicó a Télam la directora de Economía & Ética, Verónica Sosa.
MÁS DETALLES. En el acumulado al 4 de diciembre, los envíos de la Nación a las provincias por el Fonid ascendieron a $283.603 millones y representaron el 24% del total de transferencias no automáticas corrientes, según el informe de la consultora, y Sosa lanzó al respecto una advertencia: “eso Milei no lo va a poder recortar”.
“Tampoco podrá recortar las transferencias por los déficits de las cajas previsionales, que es la tercera transferencia en orden de importancia”, apuntó, en referencia a los $ 111.001 millones que representaron cerca del 11% del total de transferencias discrecionales corrientes.
Asimismo, Sosa destacó “los dos fondos” creados en 2020 para Buenos Aires y CABA, a raíz de los aportes girados a la primera para fuerzas de seguridad y a la segunda en compensación por la rebaja de la alícuota de Coparticipación del 3,5% al 1,4%.
“Habrá que ver cómo queda eso, en función de la presentación que hizo CABA para que le restituyan las transferencias al 2,95%” ante la Corte Suprema y que por estos días es motivo de deliberaciones entre la Ciudad y la Nación.
En ese sentido, remarcó que “si quisieran eliminar el Fondo de Fortalecimiento de la Provincia de Buenos Aires, el impacto sería significativo, porque quitarle esas transferencias significa una nómina mensual del gasto salarial, el pago de intereses anuales de la provincia o su gasto en construcciones”.
Pero además de las transferencias corrientes, entre las discrecionales también hay recursos de capital y en ese aspecto Sosa plantea la duda sobre si el gobierno “va a mantener las obras que están en ejecución o que tienen financiamiento externo”, una franja en la que, admitió, “también es bajo el margen de reducción”.
Para Alejandro Pegoraro, de Politikon Chaco, las posibilidades de reducción son mayores, ya que “haciendo un primer análisis en base a los envíos registrados en 2023, apenas un 25% de las transferencias no automáticas podría continuar, pero el 75% podría ser sujeto a eliminación sin mayor inconveniente de tipo legal, aunque si político”.
“Entre las transferencias que podrían tener cierta seguridad de sostenerse están los recursos del Fonid y para las cajas previsionales provinciales, que por su naturaleza no podrían eliminarse a sola firma”.
En términos monetarios, para Pegoraro “el monto que podría ser eliminado y/o reducido alcanza a $1,5 billón y sólo medio billón podría ser garantizado”.
