Están acusados por seis hechos de corrupción. El 25 y 26 de marzo, y el 4, 5 y 9 de abril son los fundamentos de las defensas.
Fiscalía cerró este jueves 14 de marzo sus fundamentos de la evidencia con la que entiende, está en condiciones de instar la remisión a juicio oral y público de la causa que investigó la adquisición de un sistema de software para la provincia, adjudicado mediante dádivas y coimas según sostienen los fiscales. El 25 y 26 de marzo, y el 4, 5 y 9 de abril son los fundamentos de las defensas.
Los fiscales, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, volvieron a exhibir ayer a la mañana, mails, whatsapp y documental que corroboraría la conformación de una mesa integrada, por orden de Urribarri, por funcionarios de sus gestiones, entre 2007 y 2015; y directivos y empleados de la empresa Relevamientos Catastrales SA -propiedad de Diego Armando Cardona Herrero-, y empresarios de firmas satélites que habrían aportado la logística para cambiar los cheques de pago de los servicios prestados a la provincia, que incluían las dádivas para los funcionarios entrerrianos, por dinero en efectivo. Aquella mesa sería posible por el “estrecho” vínculo de amistad preexistente entre el ex gobernador y el empresario oriundo de Paraguay, informó APF Digital.
PENAS. Los fiscales adelantaron las penas que pedirán para todos los imputados en el caso de que la causa se dirima en un juicio plenario. Así, sostuvieron que para el ex gobernador y el empresario paraguayo, pedirán la pena de diez años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua, multa 540 mil pesos, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
Asimismo, para Gillermo Smaldone, instará la pena de cinco años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua, multa de 90 mil pesos; para Carlos Marcelo Haidar, seis años prisión, inhabilitación absoluta perpetua, multa de 540 mil pesos, por los seis hechos imputados, en concurso real; para Luis Alfonso Erbes, la pena de cinco años de prisión, inhabilitación especial perpetua, multa de 360 mil pesos, comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real; para Miguel Ángel Ulrich, la pena de cuatro años y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, multa de 360 mil pesos, comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real; y para José Humberto Flores, la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa de 90 mil pesos. La multa se fundamentó en que quedó “plenamente acreditado que los hechos atribuidos fueron cometidos con ánimo de lucro”.
AGRAVANTES. A la hora de fijar el monto de la pena, los fiscales computaron como agravantes, la situación socio económica de cada uno de los implicados, tanto funcionarios públicos como empresarios; que no evidencian una existencia determinada por la miseria o necesidades apremiantes que los lleve a verse involucrados en este tipo de actos; y que actuaron movidos exclusivamente por el ánimo de lucro. Como atenuantes consideraron la carencia de antecedentes condenatorios por parte de todos los imputados.
En cuanto a la culpabilidad, los fiscales evaluaron que respecto de todos los imputados, se ponderó como agravante los elevados montos de las contrataciones, las dádivas que recibieron y las ganancias extraordinarias que la empresa contratista recibió a lo largo del periodo investigado. Añadieron que se trató de sumas millonarias, de alta significación económica, con las cuales se comprometió al Estado Provincial.
También destacaron que los montos de las licitaciones tenían previstos, en la mesa ad hoc, sumas exorbitantes destinadas a dádivas a los funcionarios y ganancias extraordinarias a los empresarios, cuya finalidad resultó totalmente ajena a los intereses del Estado, con el consecuente perjuicio económico al erario público. Asimismo valoraron el período de tiempo durante el que se llevaron a cabo las maniobras, la cantidad de personas involucradas en la supuesta mecánica delictiva, el hecho de que la mayoría era funcionarios que estaban en ministerios, direcciones o altos cargos del Estado provincial.
En cargo que ocupaban los ex funcionarios imputados dentro de la empresa contratista era, en el caso de Smaldone, secretario de Trabajo; Erbes, secretario de Presupuestos y Finanzas, Humberto Flores, en su calidad de Secretario de Hacienda; Haidar, director de Informática de la Provincia y Ulrich, como director General de Ajustes.
En el caso de Urribarri, señalaron que se probó que se valió para concretar las maniobras de su influencia y vínculos con otros funcionarios provinciales, como autoridad máxima del Poder Ejecutivo Provincial, y desde allí administró y dispuso de los fondos provinciales. De Cardona Herrero, que como dueño de la empresa, gestionaba y se encargaba de ordena y dividir las dádivas.
MAILS. En la audiencia, los fiscales exhibieron mails que dieron cuenta de la adquisición de pasajes en una empresa de turismo pero pagados por Relevamientos Catastrales SA, para que un hijo de Urribarri, su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y el imputado en esta causa, Guillermo Smaldone, que fue secretario de Trabajo de una de las gestiones del ex gobernador, viajasen al Mundial de Sudáfrica en 2010.
Además, la acusación pública dio cuenta de la adquisición, con la misma modalidad, de una heladera, una cinta para caminar que costó 20 mil dólares y una alfombra que fueron a la casa de la familia de Urribarri, en calle Lafinur 3302, en Buenos Aires. También sostuvieron que tienen evidencia que corrobora que Cardona Herrero no sólo gestionaba y pagaba las dádivas, sino que manejaba dinero de Urribarri, en pesos y dólares, y le realizaba aportes para su campaña política en 2011.
