En sesión especial, Diputados convirtió en ley el proyecto que declara el estado de emergencia económica y financiera en materia de obras públicas.
El proyecto de emergencia en obras públicas fue aprobado por unanimidad, ya que tanto el oficialismo como la oposición reconocieron que el principal problema es el recorte de fondos por parte del Gobierno nacional.
En el debate, todas las bancadas estaban de acuerdo en votar la iniciativa. Sin embargo, desde la oposición hubo críticas a los fundamentos de la declaración de emergencia y, también, al trámite exprés que, entendieron, se le dio a la iniciativa.
La norma frena las ejecuciones judiciales por certificados de obra al cobro hasta fin de año y establece condiciones para renegociar y refinanciar estas deudas.
Argumentos
El presidente de la comisión de Hacienda, Bruno Sarubi (Juntos) ofició de miembro informante. El legislador oficialista contextualizó el pedido de emergencia del Ejecutivo en la crisis “económica y financiera que aumenta todos los días” y en que el Gobierno nacional recortó fondos a las provincias. Al ahondar este argumento, subrayó que dos tercios de las obras que se hacen en la provincia se financian con recursos federales que están bloqueados.
También reconoció que de las 167 obras que venían de la gestión anterior, 114 están neutralizadas y las restantes 53 están paralizadas “de hecho” por el ritmo mínimo que llevan. A su vez, marcó que pese a la “buenas voluntad de las empresas” constructoras, muchas tuvieron que recurrir a la Justicia para “defender sus intereses”.
Datos
Contabilizó que de 148 procesos judiciales abiertos por las contratistas de obra pública, 99 son admonitorios (acción judicial rápida para el cumplimiento de una obligación, en este caso el pago por parte del Estado) y 49 van por la vía contenciosa administrativa, un procedimiento en el que se reclama ante la Justicia que la administración pública cumpla con sus deberes.
Cuestionamientos
La postura de la principal bancada opositora se repartió entre los cuestionamientos a la necesidad de la emergencia que hizo Juan José Bahillo y los “ruidos” que marcó la presidenta del bloque, Laura Stratta, al articulado. Ambos reclamaron que el gobernador Frigerio reclamara con “vehemencia” los fondos a la Nación y comprometieron el acompañamiento.
Bahillo evaluó que la declaración de emergencia en obras viales “no era necesaria”, en base a datos que proveyeron los funcionarios del Ministerio de Infraestructura, Hernán Jacob, y de Economía, Uriel Brupbacher, durante la exposición ante comisiones de Diputados.
El legislador peronista se centró en dos aspectos. El primero, el escaso universo de impacto de la iniciativa. El segundo, el reducido aspecto presupuestario de la emergencia.
En primer término, recordó que tanto Jacob como Brupbacher reconocieron que las 167 obras provinciales en marcha hasta el año pasado estaban en manos de 37 empresas. De este total, 24 habían resuelto su situación vía convenio con el Estado. De las 13 restantes, 6 ya habían judicializado sus reclamos. Quedan sólo 7, señaló Bahillo. “Podrían negociar, resolver como con las 24”, recomendó el diputado.
Montos
En segundo lugar, señaló que según los datos de Hacienda, al 31 de diciembre pasado Tesorería tenía certificados a pagar por $5 mil millones. Y que los restantes 15 mil millones para completar los 20 mil millones que el Gobierno aseguraba tener que resolver correspondían a vencimientos de certificados de obra de enero y febrero.
Ese monto, sostuvo, era manejable dado que representaba apenas el 0,86% del presupuesto provincial 2024 y tenía un impacto relativo en los $ 150 mil millones para obra pública que el mismo presupuesto contempla.
Los “ruidos”
Por su parte, Stratta relativizó que se pueda achacar a la gestión anterior, que ella integró como vice de Gustavo Bordet, la situación con la obra pública. Y reiteró que la solución al problema con las contratistas está “en la negociación no en la emergencia”. Asimismo, dijo que el Gobierno ya dispone de herramientas para renegociar y rescindir contratos que son mejores que la emergencia para solucionar la situación.
Diputados convirtió en ley a la emergencia de la obra pública en Entre Ríos
Stratta apuntó a los “ruidos” que traía el texto y que podrían generar que sea “peor el remedio que la enfermedad”. Uno de ellos, consignó, se eliminó en el Senado. Se trataba de la emergencia vial para que Vialidad Provincia realice contrataciones directas sin licitación.
Los otros dos están presentes aún, aseveró la legisladora. Se trata de la unilateralidad para rescindir contratos de obra pública, que traerá “más judicialización” y costos, adelantó. Y también del “daño emergente”, un reconocimiento a favor de las empresas mayor al que prevé la ley de obras públicas vigente.
