Ayer se desarrolló una audiencia en la que iba a insistir con el sobreseimiento del intendente, Daniel Rossi, y su pareja, la senadora Patricia Díaz, que son investigados desde 2016 por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito. La defensa informó que denunció al fiscal, Álvaro Piérola, ante el Jurado de Enjuiciamiento, y recusó al juez que presidió la audiencia
Según informó APF Digital, Guillermo Reggiardo, defensor del actual intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, alias Dani; y su pareja, la senadora Patricia Díaz, que preside el Honorable Jurado de Enjuiciamiento (HJE) de la provincia, informó que ayer presentó una denuncia ante el HJE contra el fiscal Álvaro Piérola. Lo hizo alegando que el fiscal sería parte de una “mesa judicial”, integrada, de acuerdo a sus manifestaciones, por la intendenta de la Municipalidad de Paraná, Rosario Romero; el ex interventor del Ente Regulador de la Energía (EPRE), José Carlos Halle; el Procurador General de la provincia, Jorge García; y el presidente de la Asociación de Magistrados y la Función Judicial, Alejandro Cánepa; y sectores del periodismo local.
DETALLES. En la tensa audiencia -por el tenor de las denuncias y por el tono enfático que el defensor le imprimió a su alegato-, éste también recusó al juez de Garantías de Paraná, Eduardo Ruhl, que presidió la audiencia que se estaba realizando para instar, nuevamente, el sobreseimiento de los imputados. Lo hizo por entender que el juez generaba en sus defendidos “el temor objetivo de falta de imparcialidad”, que fundó en que su nombre fue mencionado por la intendenta Romero en referencia a que un hijo de Ruhl es funcionario del Ministerio de Gobierno, organismo que estuvo al mando de Romero durante la gestión del ex gobernador y actual diputado nacional, Gustavo Bordet. Si bien aclaró que no tenía pruebas objetivas contra el juez, entendió que existían “vínculos” entre el magistrado y la intendenta que generaban temor en sus defendidos.
En aquella línea, Reggiardo mencionó la designación del abogado Guillermo Ledesma Maximino, que desde la Secretaría Legal y Administrativo del Ministerio de Gobierno, en tiempos de Romero, pasó al Poder Judicial, más precisamente como relator titular de la Procuración, a cargo de García. El pase, según denunció Reggiardo, se habría realizado de manera “ilegal” y sin cumplir con el concurso correspondiente. García aceptó el decreto de Romero que dispuso transferir a partir del 1º de diciembre de 2023 el cargo de Ledesma Maximino, del Ejecutivo al Judicial.
PREOCUPACIÓN. APFDigital detalló que observó que los fiscales, Piérola y Gonzalo Badano, se retiraron muy preocupados de la audiencia, a tal punto que en contra de lo que habitualmente hacen con determinados medios con los que son locuaces, no respondieron consultas y se dirigieron presurosos a las oficinas del Ministerio Público Fiscal (MPF), ubicado sobre calle Santa Fe, pero luego volvieron sobres sus pasos desde la calle y reingresaron al edificio del Poder Judicial, sito en calle Laprida.
RECHAZO. Para ordenar la audiencia, puesto que el defensor formuló serias y graves denuncias contra funcionarios políticos y judiciales, Ruhl respondió primero el pedido de recusación en su contra. Así, tras leer el artículo del Código Procesal Penal (CPP) que prescribe la recusación y excusación, resolvió rechazarlo porque no se encontraba configurado en ninguno de las causales previstas en el CPP. La defensa planteó el recurso de apelación de la medida que Ruhl había resulto oralmente, lo que fue receptado por el juez que informó que elevará “en carácter de informe” lo que se planteó en la tensa audiencia, ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, para que su recusación se trate en una audiencia oral y pública.
“BUENA FE”. Ruhl manifestó que se vio “sorprendido” en su “buena fe” y rechazó “tajantemente” los cuestionamientos de supuesta falta de imparcialidad. También entendió, y resolvió en consecuencia, que el planteo era extemporáneo. Señaló que los plazos estaban vencidos y recordó que está en el legajo desde marzo de 2017, razonando que la defensa tuvo tiempo suficiente para formular el planteo. Reggiardo respondió que se agraviaba de la resolución puesto que entendió que “hay un hecho nuevo” que estribaría en la reactivación de la alegada “mesa judicial”. En este sentido, sostuvo que el reproche que formuló contra Piérola sería materia “penal” ya que entendió que el funcionario “quebrantó el Código Procesal Penal”.
EXHORTOS. Reggiardo, denunció que la supuesta mesa judicial interferiría en la dinámica política provincial direccionado o reflotando causas para mantener en “la parrilla” a determinados actores políticos. En esta línea, entendió, se inscriben los pedidos de exhorto diplomático y de levantamiento del secreto bancario que presentó Piérola el miércoles 27 de marzo. Destacó que el fiscal intentaría investigar para adelante, puesto que aquel habría solicitado información del patrimonio de los imputados relacionada con años posteriores a la apertura de causa. Así, ironizó que el fiscal se erigió en “un auditor del patrimonio de Rossi y Díaz”.
El defensor criticó duramente los cuestionamientos que recibió Díaz a partir de su nombramiento constitucional como presidenta del HJE. Resaltó que el temperamento del fiscal –y de la supuesta mesa judicial-, cambió cuando Díaz fue designada al frente del organismo político que tiene la responsabilidad de remover, previo proceso, a los magistrados y funcionarios judiciales que reciban un pedido de Juicio Político. En este sentido, Reggiardo manifestó que “el objetivo es mantener viva” la causa para cuestionar el rol de Díaz en el HJE porque tienen causas en su contra en proceso.
