sábado , 23 noviembre 2024
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Desestimaron la recusación de Urribarri a los vocales del STJ

Confirman la condena por corrupción contra el ex gobernador Sergio Urribarri
El vocal a cargo de la presidencia dela Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Germán Carlomagno, desestimó la recusación planteada por la defensa del exgobernador Sergio Urribarri a los vocales Miguel Giorgio y Gisela Schumacher en el marco del recurso de queja planteado tras la condena a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio. El rechazo fue «in límine», esto es, sin detenerse a conocer los argumentos de la recusación.


En su resolución, Carlomagno señala que «la recusación derivada de la difusión en diferentes medios periodísticos del sentido en que, hipotéticamente, se expediría la Magistratura actuante en el marco del recurso de queja en cuestión, más allá de su contenido, veracidad o falsedad, meramente constituye una suerte de conjetura que no puede, de manera alguna, invocarse racionalmente como motivo legal para pretender extraer de su jurisdicción a los Vocales que legítimamente tienen el deber de continuar interviniendo en autos».


«En efecto, lo aquí planteado luce direccionado a impedir el normal trámite de estas actuaciones, ya que las razones expuestas no constituyen prejuzgamiento alguno siendo que provienen de manifestaciones o elucubraciones vertidas por periodistas y no de los propios magistrados recusados. Por ello, no es válido el planteo de temor objetivo de falta de imparcialidad para motivar la recusación», agrega.


Ahora, el camino que le queda a Urribarri a través de su abogado defensor Leopoldo Cappa, y de su nuevo representante legal, Fernando Burlando, es acudir a la Corte Suprema Justicia de la Nación, consigna Análisis Digital.


El exgobernador Urribarri fue condenado, el 7 de abril de 2022, al término del megajuicio, que se desarrolló entre el 27 de septiembre de 2021 y el 7 de abril de 2022, a 8 años de cárcel. La abultadísima información hallada dentro de un disco extraíble encontrado de modo fortuito durante un allanamiento practicado en 2016 a las empresas del cuñado Juan Pablo Aguilera, Tep SRL y Next SRL, ubicadas en calle Racedo, frente a las viejas instalaciones del Ferrocarril, fue hecha propia por el tribunal y convertida en pieza clave de las condenas.

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