La intervención de Carlos María Zavalla en la provincia fue breve, pero por su impronta persecutoria a integrantes de entidades políticas, de cultos religiosos, y de asociaciones laicas, dejó una fuerte marca que perduró por décadas en Entre Ríos, que perduró por décadas.
Rubén Bourlot
Especial para EL DIARIO
En 1943 se había cancelado una etapa tenebrosa para el país. La llamada “década infame” llegaba a su abrupto final por un golpe de estado. El nuevo gobierno de facto buscaba su rumbo. En el gobierno nacional como en nuestra provincia se sucedían las autoridades provisorias.
Luego de la intervención del coronel Ernesto Ramírez sobrevino la del teniente coronel Carlos María Zavalla. La misma fue breve -entre el 3 de abril y el 4 de septiembre de 1944- pero dejó su marca para pasar a la historia.
En un ataque de furia discriminatoria el interventor ordenó la confiscación de los bienes de las logias masónicas, la cesantía de docentes de origen judío y la clausura de instituciones que presuntamente realizaban actividades a favor del “comunismo”.
En la década del ’30 se había desarrollado un pensamiento nacionalista católico cerril que construía teorías conspirativas alrededor de la comunidad judía, con fuerte presencia en el país, y de la masonería, entre otras organizaciones. Esa ideología había anidado fuertemente en el seno de algunos sectores de las fuerzas armadas.
La temática cobra relevancia actual, tras las medidas del gobierno nacional de disponer el cese del funcionamiento del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que nació luego de los atentados en contra de instituciones judías en la década del ’90.
DOCTRINAS CONTRARIAS A LA NACIONALIDAD
El 31 de agosto de 1944 el interventor del Consejo General de Educación de Entre Ríos dispuso la cesantía de 122 maestros judíos con el objeto de “recuperar la escuela para el mejor servicio a la Patria y a Dios con maestros que tengan el conocimiento exacto de las verdades de nuestra santa fe”. El funcionario difundió pocos días después un comunicado en el que reseñaba los cargos que esgrimía contra seis maestras judías de Villa Domínguez: todas ellas eran acusadas de carecer de fervor y simpatizar con el comunismo.
El propio arzobispo de Paraná, Zenobio Guilland, debió intervenir ante el escándalo desatado por la medida. Sostuvo que se había enterado con desagrado de que se inculpaba a la Iglesia por “las cesantías de maestros y maestras judías”. Tal imputación resultaba “injusta y absolutamente falsa” en palabras del religioso.
El anterior interventor, coronel Ramírez, en septiembre de 1943, ya había cerrado las escuelas de idioma y religión judías que funcionaban en Villa Clara y Colonia Domingo Calvo, argumentando que “actuaban al margen de la reglamentación respectiva”.
En abril de 1944 EL DIARIO publicaba: “El interventor del Consejo Nacional de Educación ha confesado su propósito de seleccionar y sanear al personal que imparte la enseñanza a los niños, en las escuelas de su dependencia. A ese designio corresponde la cesantía de varios maestros a quienes se les atribuye la profesión de doctrinas contrarias a la nacionalidad y, desde luego, a su constitución y a sus instituciones republicanas y democráticas. (…) Hasta ahora la medida comprende a personas de tendencias izquierdistas cuando no comunistas, según se consigna en las respectivas resoluciones. Y decimos hasta ahora porque no ha de pasar inadvertido a su ojo vigilante que los malos maestros no se encuentran concentrados en un solo y único sector ideológico por lo que, lógicamente, es de suponer que sus disposiciones comprenderán, en lo sucesivo, a quienes, desde otro ángulo conspiran contra la unidad espiritual de la Nación con sus prejuicios raciales y religiosos y contra la estabilidad de las instituciones.”
EL DIARIO fue clausurado y confiscados sus bienes bajo la acusación de “publicar artículos tendenciosos y malevolentes”. Cayeron en la redada periodistas, obreros gráficos y directivos. Se argumentó además que en su redacción se habían hallado “folletos, libros y panfletos de propaganda roja y subversiva, así como leyendas en las paredes con vivas al partido comunista, a los judíos y Stalin”. El medio fundado por Luis L. Etchevehere actuaba de vocero de la Unión Cívica Radical. El otro diario tradicional de Paraná, La Acción, de orientación católica también fue censurado.
Paralelamente eran dejados cesantes empleados de la administración provincial, policías y funcionarios municipales por “falta de ética y lealtad”.
GOLPE A LA MASONERÍA
La masonería fue otra de las instituciones que sufrieron los embates del gobernador. La persecución incluyó el ataque a los templos masónicos de la provincia. En Paraná un grupo de militares irrumpió la noche del 6 de junio en el edificio ubicado en calle Andrés Pazos, a metros de la Escuela Normal, destruyendo muebles, objetos y documentos de la logia. También el gobierno intervino la logia “Jorge Washington” de Concepción del Uruguay y secuestró sus archivos.
Sin entrar en detalle acerca de los propósitos que alentaban el accionar de las logias masónicas, siempre involucradas en la política de los países donde actuaban, su universalismo y el secretismo de las organizaciones, las medidas de Zavalla Rodríguez constituyeron una arbitrariedad más que lo enfrentó a la sociedad entrerriana y terminó sellando el final de su intervención.
El 4 de septiembre el gobierno nacional dio por terminadas sus funciones como interventor provincial y en su reemplazo nombró al general Humberto Sosa Molina, más cercano al entonces ascendente coronel Juan Domingo Perón que ostentaba el cargo de Secretario de Trabajo y Previsión. Dice Daniel Lvovich -El golpe de Estado de 1943, Perón y el problema del antisemitismo- que la nueva intervención implicó “un cambio profundo en relación con el interventor anterior, ya que uno de los objetivos fundamentales de su gestión consistía en poner fin a los excesos antiliberales y antisemitas de su antecesor. Tal estrategia formaba parte de la política impulsada por Perón, tendente a distanciarse del ala fascista y ultramontana del gobierno militar”
Tras ser designado como nuevo interventor Sosa Molina derogó los decretos de expropiación, intervención y retiro de la personería jurídica de EL DIARIO que a partir del 25 de septiembre de 1944 volvió a manos de su antigua empresa editorial. En marzo del año siguiente fue repuesto Raúl Uranga en la dirección del periódico.
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